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Una decisión que tendrá impacto en el futuro judicial del dirigente camionero

Fuente: Archivo
Tanto el fiscal Scalera como el procurador Conte Grand insisten en que hay pruebas suficientes para investigar al dirigente sindical por asociación ilícita
Marcelo Veneranda
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23 de noviembre de 2018  

La apertura del juicio político contra el juez Luis Silvio Carzoglio no solo es una mala noticia para el titular del Juzgado de Garantías N° 9 de Lomas de Zamora . También podría convertirse en un dolor de cabeza para el sindicalista Pablo Moyano , beneficiado por Carzoglio con el rechazo de la prisión preventiva que en octubre pasado había solicitado el fiscal general adjunto de ese distrito, Sebastián Scalera.

Carzoglio no será juzgado por esa decisión, sino por cinco cargos vinculados a irregularidades procesales previas. Pero en los pasillos del Senado bonaerense quedó en claro ayer que la chispa que aceleró su juicio político fue ese fallo y la posterior denuncia de "carpetazos" y "presiones" contra el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand , uno de los promotores del jury de enjuiciamiento.

El jefe de los fiscales, promovido por la gobernadora María Eugenia Vidal , puede anotarse la definición como una victoria personal. También, la Casa Rosada, que este año puso al clan Moyano en la mira.

Alguien que conoce al dedillo el proceso iniciado ayer lo resumió en dos frases: "Los cargos contra Carzoglio son sólidos y están bien sostenidos. Pero si se juzgara con la misma vara al resto de los jueces bonaerenses, el 40% debería dejar su cargo".

La suerte de la causa contra el secretario adjunto de Camioneros y vicepresidente del Club Independiente quedó atada, ahora, al devenir de Carzoglio, porque tanto Scalera como Conte Grand sostienen que hay suficientes pruebas para determinar que Pablo Moyano es el jefe de una asociación ilícita que se habría dedicado a "defraudar al Club Independiente mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos". Entienden, además, que Hugo Moyano no podía desconocer la operatoria.

Scalera, de hecho, apeló la decisión del juez, definición que quedó en manos de la Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal. Pero ese incidente podría devenir abstracto si antes se aparta preventivamente al juez de su cargo.

Carzoglio, que consideró "endeble" la acusación contra Moyano, tendrá ahora cinco días para contestar el traslado de los cargos aceptados por el jury. El cuerpo de conjueces fue citado para el 4 de diciembre para analizar esa respuesta y definir si aparta al juez.

En caso de ser apartado, la Cámara de Lomas de Zamora podría designar un juez subrogante entre los otros magistrados del fuero. Un trámite que se completa por sorteo. Pero cuando las suspensiones son prolongadas, o se destituye a un juez, interviene la Suprema Corte bonaerense, que elige un reemplazante entre el cuerpo de magistrados suplentes de la provincia, también conocidos como jueces "itinerantes".

Está claro que cada paso de esa definición y los nombres que entren en juego para reemplazar a Carzoglio no escaparán al debate político. Tanto Pablo como Hugo Moyano ya denunciaron que la investigación es "una causa política armada por el gobierno nacional". Ayer, ni los abogados ni el entorno del camionero respondieron la consulta de este diario.

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