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El plan de Rosenkrantz para limitar la discrecionalidad interna en la Justicia

Paz Rodríguez Niell
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25 de noviembre de 2018  

El Congreso sancionó hace cinco años una ley "de ingreso democrático" al Poder Judicial. Establece parámetros objetivos y prevé concursos para la contratación de personal en los tribunales, pero jamás se aplicó. La Corte Suprema nunca la reglamentó.

Carlos Rosenkrantz , el nuevo presidente del alto tribunal, está trabajando ahora sobre un "primer borrador" de reglamentación, informaron a LA NACION fuentes cercanas al juez. Su idea es someterla a la opinión de los demás ministros. En su entorno lo presentan como uno de los proyectos con los que Rosenkrantz apuesta limitar la "discrecionalidad" en las estructuras de funcionamiento interno de los tribunales y de la propia Corte.

"Se hizo en el Ministerio Público y funciona bien. También en algunas provincias. Incluso la Corte tuvo concursos en los 80, durante la presidencia de Genaro Carrió", afirmó sobre el acceso democrático un hombre cercano al actual presidente. Tienen claro que enfrentarán resistencias.

Los jueces se negaron siempre a perder la potestad de elegir a quienes entran a trabajar en sus juzgados. Y al menos uno de los ministros de la Corte adelantó ya que tampoco está de acuerdo con la idea. Salvo excepciones, hoy los ingresos en el Poder Judicial son por contactos. Así es como en los distintos fueros se reproducen los apellidos y grupos de pertenencia.

"El ingreso democrático es un mamarracho", dijo ayer a LA NACION un referente de la Asociación de Magistrados, la mayor agrupación de jueces. Su argumento es que en el Poder Judicial "es clave la confianza" porque opera con información y documentos muy sensibles. "Así se manejo el Poder Judicial desde hace años y nunca anduvo mal", alegó.

Otro de los proyectos de reforma en los que está trabajando Rosenkrantz tiene que ver con la administración del Poder Judicial. Al frente del área que maneja los fondos está Héctor Marchi, hombre del presidente anterior, Ricardo Lorenzetti . En su embestida contra Lorenzetti, Elisa Carrió apuntó sus cañones también contra Marchi. En la Corte no hay consenso para removerlo. Hay una mayoría que lo sostiene, que alega que los números de la gestión Marchi son un éxito, pero que además no está dispuesta a entregarle su cabeza a Rosenkrantz. Sí dicen estar de acuerdo en discutir una modificación en la estructura de la oficina.

Rosenkrantz presentó a sus colegas una propuesta para cambiar el organigrama y establecer órganos de control que funcionen por encima, y no por debajo, de aquellos a quienes deben controlar. Hoy, las unidades que auditan la gestión de la administración y la legalidad de los procesos en la Corte dependen directamente del Secretario General de Administración; es decir, de Marchi. Según informaron a LA NACION fuentes al tanto del proyecto, Rosenkrantz pretende modificar esto y establecer además nuevos procesos para elegir a los funcionarios encargados de los controles. La idea es que se debata entre fines de este año y principios de 2019.

Otro asunto delicado que deberá afrontar la nueva presidencia es el destino de la oficina que tiene el monopolio de las escuchas telefónicas legales, organismo que por decisión de Mauricio Macri depende hoy del Poder Judicial y que a principios de este año quedó en la mira de la oposición cuando se filtraron conversaciones entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.

Antes dependía de la SIDE, pero cuando la expresidenta se enfrentó con Jaime Stiuso la traspasó al Ministerio Público Fiscal, que entonces dirigía Alejandra Gils Carbó . Macri, no dispuesto a dejársela a ella, se la entregó a la Corte. Entre los ministros no hay consenso sobre su futuro. Hace algunos meses, Horacio Rosatti habló de la posibilidad de devolvérselo al Ministerio Público o convertirlo en autónomo. Lorenzetti, por entonces presidente de la Corte, que como tal tuvo una enorme influencia en la formación de la nueva oficina, no estuvo de acuerdo. Propuso incluso ampliarla.

Finalmente, los cinco jueces ordenaron una auditoría sobre el organismo. Mientras tanto, Rosenkrantz trabaja en un plan para generar "protocolos" que garanticen la seguridad de las escuchas. En la Corte son conscientes de que es necesario además mejorar la tecnología de los procesos. Hay escuchas que todavía viajan a las provincias adentro de sobres y en disquettes.

Fuentes cercanas al nuevo presidente también anuncian que se impulsarán más controles sobre las contrataciones de personal para el Poder Judicial, para que se hagan con criterios predeterminados y objetivos. Rosenkrantz, elegido por sus pares para una gestión con menos concentración de atribuciones que la de su antecesor, delegó en Elena Highton la gestión de las licencias y las subrogancias del Poder Judicial, un ámbito que funciona, para los jueces, como un espacio nada despreciable de poder.

En el marco de una Corte que promete ser más transparente, los ministros se fijaron para lo que queda del año una agenda pública con los cuatro casos más relevantes a resolver. No está claro si lo seguirán haciendo. No están de acuerdo sobre si es conveniente ponerle fecha exacta a cada sentencia. Sí, que ya no volverá a ser atribución del presidente decidir por sí solo qué temas se tratan en cada acuerdo.

Según la agenda, el martes próximo fallarán en un caso sobre impuesto a las ganancias de los nuevos jueces. Hay acuerdo en que deben pagar. En el Palacio de Tribunales vaticinan que será el primero de varios temas que resultarán ríspidos puertas adentro del Poder Judicial.

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