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River-Boca: las dos visiones del Gobierno porteño sobre los incidentes

Una persona coloca bengalas en el cuerpo de una niña
Una persona coloca bengalas en el cuerpo de una niña Fuente: LA NACION - Crédito: Twitter
Fernando Rodríguez
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25 de noviembre de 2018  • 23:59

Oficialmente, el gobierno porteño atribuyó el ataque al ómnibus que trasladaba al plantel de Boca a un sector de la barra brava de River al que 24 horas antes le habían asestado un gran golpe, al arrebatarle 300 entradas para la reventa y más de siete millones de pesos recaudados por el expendio de tickets obtenido de manera espuria.

Pero, extraoficialmente, el equipo de Horacio Rodríguez Larreta admite que el vergonzoso acto vandálico que obligó a la suspensión del superclásico del sábado se debió a la impericia en la ejecución del diagrama de prevención. Y más que a una emboscada premeditada o al fantasma de "zonas liberadas" y de una eventual connivencia entre jefes policiales de la zona y mercenarios de los paraavalanchas del Monumental, atribuyen esa impericia a la deficiente coordinación de acciones entre las fuerzas federales y las porteñas, en especial, en el punto clave del tercer anillo de seguridad en la esquina de avenida del Libertador y Monroe, donde se produjo el atentado.

Aunque se abrió un sumario administrativo para evaluar los sucesos y, eventualmente, asignar responsabilidades por el garrafal error que desbarató el partido más importante del año, el operativo prácticamente no sufrió cambios en 24 horas.

De hecho, según confiaron a la nacion calificadas fuentes del gobierno porteño, se había previsto ayer realizar el mismo despliegue para proteger la cápsula de traslado de la comitiva boquense, con solo dos diferencias: todo el trayecto estaría cubierto por una sola fuerza (la Policía de la Ciudad) y se contaría con caminos alternativos además del que ya habían transitado la tarde del sábado de forma catastrófica.

Los bochornosos acontecimientos de esas dos cuadras fatales tras la entrada del micro en la calle Lidoro Quinteros, que conduce al estadio Antonio Vespucio Liberti, terminaron no solo con varios jugadores xeneizes afectados por los gases lacrimógenos y las astillas de los vidrios estallados a cascotazos y botellazos. Hubo 30 detenidos, que quedaron imputados por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Ayer a la tarde la fiscal porteña Adriana Bellavigna los liberó, ya que todos carecían de antecedentes. No obstante, siguen ligados al proceso y hasta tanto se resuelva su situación tienen prohibido acercarse a menos de 500 metros del Monumental.

Al cierre de esta edición, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad (CIJ), que depende del Ministerio Público, revisaba imágenes de cámaras de seguridad y de filmaciones privadas para intentar identificar y atrapar a quienes arrojaron los objetos contundentes que provocaron los mayores y decisivos daños en el vehículo que transportaba a Boca. A la que sí pudieron identificar y detener fue a la mujer que, tal como se vio en un video que se hizo viral en las redes sociales, adhirió decenas de bengalas al abdomen de una niña para que ella las ingresara al estadio evitando los cacheos.

Punto de quiebre

Un alto funcionario porteño confió a la nacion que no se esperaba que hubiese problemas en la previa del partido, sino tras su conclusión. "Suponíamos que no había forma de que esto saliera bien. Íbamos a tener la desconcentración del público local, con la incertidumbre del ánimo según el resultado. Los festejos en la calle, los eventuales cruces de hinchas de uno y otro equipo. En algún lugar podía explotar", dijo.

Este funcionario, que siguió muy de cerca la planificación del operativo, defendió la estrategia desplegada: "El día del partido, antes de que se abran los accesos, encontramos 18 personas dentro del estadio; evidentemente alguien con potestad dentro del club les permitió entrar. Habíamos chequeado el estadio de punta a punta, dos veces, con brigadas antiexplosivos".

En la Ciudad insisten con que el operativo entró en crisis con el affaire del ómnibus de Boca. Pero, aunque reconocen la impericia propia, deslindaron parte de la responsabilidad en la Prefectura, que tenía a su cargo el retén en el tercer anillo de seguridad, en Libertador y Monroe. "Tardaron en hacer el despeje de la zona para el paso del micro. No debimos haber confiado en ellos".

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