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Piden informes al exterior del príncipe saudita, pero no quedará detenido

Un juez federal ordenó librar exhortos a Yemen y Turquía para determinar si instruye una causa
Un juez federal ordenó librar exhortos a Yemen y Turquía para determinar si instruye una causa Fuente: AFP
Paz Rodríguez Niell
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28 de noviembre de 2018  • 12:03

El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba previas a decidir qué curso le dará a la denuncia contra el príncipe saudita Mohammed ben Salman , acusado de graves delitos por Human Rights Watch (HRW), que pidió a la Justicia argentina su detención.

Las medidas ordenadas por Lijo buscan determinar, en primer lugar, con qué estatus está el príncipe heredero en el país (qué inmunidades tiene) y si se dan los requisitos que habilitan la jurisdicción universal. Solo así podrían investigarse en el país los hechos denunciados, sucedidos todos en el exterior.

El tiempo que llevará tramitar las medidas ordenadas hace en la práctica imposible que Mohammed sea detenido durante su paso por Buenos Aires, coincidieron fuentes oficiales.

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El príncipe heredero de Arabia Saudita fue el primer líder internacional que llegó a la Argentina para participar del G-20 . Aterrizó hoy por la mañana en el aeropuerto de Ezeiza y fue recibido por el canciller Jorge Faurie .

La denuncia en su contra la había presentado el lunes pasado HRW. Las acusaciones, de acuerdo con las constancias del expediente penal, son tres. Incluyen presuntas violaciones del derecho internacional humanitario en Yemen a través de ataques aéreos desproporcionados e indiscriminados a la población civil -estos hechos podrían constituir crímenes de guerra-; torturas contra activistas detenidas este año, y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi , crítico del régimen saudita, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía.

Recibida la denuncia, el juez se la envió al fiscal federal Ramiro González, que presentó su dictamen. Dijo que, antes de decidir si impulsaba una investigación penal, era necesario contar con más elementos. Advirtió incluso que, de tener jurisdicción la Argentina, podría ser un caso de "competencia originaria" de la Corte Suprema.

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Sobre la base de ese dictamen fiscal, al mediodía Lijo ordenó las primeras medidas de prueba. Pidió que la Cancillería informara las condiciones diplomáticas que rigen la visita del príncipe de acuerdo con las convenciones internacionales vigentes. Ordenó librar exhortos a Turquía, Yemen y a la Corte Penal Internacional para determinar si existen procesos en trámite por los hechos denunciados. Y solicitó a HRW precisiones sobre uno de los hechos denunciados (las presuntas torturas contra activistas).

Fuentes judiciales informaron que lo primero que deben hacer es conocer con claridad cuáles son los hechos a investigar. Solo después podrá determinarse si está habilitada la jurisdicción universal. Para eso, explicó un funcionario de la causa, se requiere que sean delitos de una categoría particular, delitos contra el "derecho de gentes", y que no se estén persiguiendo en el lugar donde se cometieron.

HRW celebró los avances de la Justicia argentina. José Vivanco, director para las Américas de la organización, dijo que era "una gran noticia" que la Argentina hubiera "activado los mecanismos penales de acuerdo con lo solicitado en la denuncia" que ellos promovieron.

"La decisión del fiscal reconoce la validez del principio de jurisdicción universal y la obligación de los Estados de investigar este tipo de crímenes -destacó-. Esperamos que el proceso se haga con la mayor agilidad, como dice la propia resolución, que invoca el principio de economía procesal en beneficio de la Justicia".

Vivanco cuestionó, en cambio, al Poder Ejecutivo. "El gobierno argentino ha sostenido en la prensa que el príncipe heredero goza de una inmunidad especial de conformidad con la Convención sobre Misiones Especiales de 1969 -dijo-. A la luz de las decisiones tomadas por la Justicia argentina, el Gobierno debería revocar la inmunidad especial de Mohammed ben Salman si no quiere dar la impresión de que esta blindando de la Justicia a un alto funcionario denunciado por crímenes atroces".

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