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Vergonzosa ausencia de institucionalidad

Resulta insólito que el gobierno de Santiago del Estero haya pretendido extraer en efectivo 32 millones de dólares de una cuenta bancaria
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29 de noviembre de 2018  

A pesar de los cuantiosos fondos federales que recibe Santiago del Estero y del potencial de su extenso territorio, desde estas columnas reiteradamente denunciamos los vergonzosos índices de pobreza e indigencia, la pésima calidad educativa, la falta de seguridad jurídica, la pasividad gubernamental frente al accionar del narcotráfico y la falta de libertades democráticas imperantes, por mencionar solo algunos de los graves males que aquejan a esa provincia.

Poca difusión tuvo una escandalosa maniobra del cuestionado gobierno provincial. Alertas que habría recibido la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos, indicarían que funcionarios del gobierno santiagueño pretendieron extraer de la sucursal provincial del Banco Hipotecario la cantidad de casi 32 millones de dólares.

Desde 2017, la ley limitó las extracciones de dinero en efectivo obligando a las transferencias para dotar de trazabilidad todo movimiento. El Banco Hipotecario aplicó los protocolos y exigió que se informara origen y destino de los fondos solicitados. Los funcionarios provinciales pretendieron justificarse aduciendo que debían atender necesidades de acciones de gobierno que atañen a la prestación de los servicios públicos, pagos de sueldos y obras públicas, aun cuando las normas vigentes prohíben pagar en efectivo y menos aún en dólares. Increíblemente, expresaron mostrarse preocupados por preservar los recursos de la provincia extrayendo dólares ante su inestable cotización.

Al ver frustrado el intento, el fiscal de Estado Raúl Abate se presentó ante el Poder Judicial provincial y ordenó la autorización de la extracción, confirmando una vez más que la Justicia de Santiago del Estero está lejos de ser un poder independiente, más bien un apéndice obsecuente del ejecutivo provincial. Pretendió justificar que se trataba del producto de inversiones en LETE de la provincia y destacó que no había habido inconvenientes con otros bancos en similares oportunidades, lo cual confirma que no se trataría de la primera vez que este tipo de operaciones se concretan. Se llegó a decir que el destino sería la construcción de un estadio de fútbol, ante lo cual cabría preguntarse desde cuándo un trabajo así se pagaría en efectivo, por adelantado y en dólares, y cuál sería la razón para requerir una operatoria que no cumple con los protocolos antilavado. Máxime cuando los aviones jet con que cuenta la provincia vuelan con frecuencia al exterior.

La UIF dio inmediata intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que se presentó sin demora ante la Justicia Federal. En un primer momento, la jueza María Romilda Servini dictó una medida cautelar impidiendo la extracción, aunque luego autorizó que esta se concretara. Con una velocidad inusitada, la jueza civil Sonia Infante del Castaño ordenó al Banco Hipotecario la entrega del dinero en tres días hábiles.

No es el primer intento por parte del gobierno de Santiago del Estero de extraer fondos en efectivo. Ya habían logrado retirar del Banco Nación un millón de dólares y no pudieron conseguir otro millón porque el juez Sebastián Ramos lo impidió. En lo que va del año, se habrían sustraído del sistema bancario más de 30 millones de dólares en efectivo.

La insistencia de los funcionarios de la provincia ante el Banco Hipotecario, invocando órdenes del ministro Atilio Chara y del gobernador Zamora, es llamativamente sospechosa, ya que cumplir con las obligaciones de la provincia solo demanda transferir electrónicamente fondos a las cuentas pertinentes sin costo alguno. También cuestionable es que se hayan quejado por tener que abonar al Hipotecario casi 500.000 dólares en concepto de seguro y traslado físico de tamaña cantidad de billetes, comisión habitual en las prácticas bancarias.

La transparencia es uno de los pilares del gobierno republicano, algo claramente ausente en aquella provincia, tanto que, al enterarse el gobernador del primer fallo de la doctora Servini de Cubría, descalificó a los funcionarios nacionales que cumplieron su deber, acusándolos de haber pretendido birlar los "ahorros" de los santiagueños.

Diputados de la oposición demandaron explicaciones y se aguardan resultados. Nos preguntamos una vez más cuál es el precio de los votos en esta sufrida provincia. Es tiempo de terminar con las concesiones que se hacen a un régimen corrupto que alcanza los tres poderes santiagueños. Queda mucho camino por recorrer para fortalecer la institucionalidad democrática a la que todas las provincias argentinas tienen obligación y a su vez también derecho.

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