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Macron cede a la presión de los "chalecos amarillos" y frena la suba del combustible

Un grupo de "chalecos amarillos" liberó ayer una estación de peaje en Aix-en-Provence
Un grupo de "chalecos amarillos" liberó ayer una estación de peaje en Aix-en-Provence Fuente: LA NACION
Luisa Corradini
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5 de diciembre de 2018  

PARÍS.- Obligado a dar marcha atrás ante la presión de los "chalecos amarillos", el gobierno de Emmanuel Macron decidió ayer suspender durante seis meses el aumento del combustible, que debía entrar en vigor el 1º de enero. Pero el gesto de apaciguamiento anunciado por el primer ministro, Edouard Philippe, no parece haber satisfecho a los manifestantes, que lo califican de "demasiado poco, demasiado tarde".

El movimiento rechazó enérgicamente la moratoria y exigió que los aumentos sean anulados.

"Fijar un objetivo y respetarlo es una necesidad para gobernar Francia. Pero ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación", dijo Philippe, en un mensaje difundido por televisión.

El cambio de actitud gubernamental fue radical. Desde que comenzó la protesta, el 17 de noviembre, a pesar de las exhortaciones de los manifestantes, de casi todos los partidos de oposición e incluso de una parte del partido de Macron, el Ejecutivo se había negado enérgicamente a toda moratoria del alza del impuesto a los carburantes en nombre de la "coherencia" y la necesidad de acelerar la transición energética. Pero las escenas de caos en los Campos Elíseos el sábado pasado y los nuevos llamados a manifestar el próximo fin de semana lo obligaron a dar marcha atrás.

"Desde el comienzo del movimiento, cuatro de nuestros compatriotas murieron, y varios centenares, en particular nuestras fuerzas del orden, resultaron heridos, algunos de gravedad", explicó Philippe.

La moratoria anunciada responde a las tres medidas fiscales que debían entrar en vigor el primer día de 2019. La llamada "tasa carbono" aplicada a los combustibles; la convergencia impositiva del gasoil con la de la nafta, y el aumento del gasoil para los profesionales serán suspendidas por seis meses.

El gobierno contaba con esa recaudación impositiva para financiar la llamada "transición energética" del país a fin de respetar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, consciente de que los manifestantes no aceptarían solo una moratoria, Philippe agregó que dichas medidas en ningún caso "se aplicarán antes de ser debatidas con todos los sectores concernidos". El jefe del gobierno dejó así la puerta abierta a una anulación definitiva. "Durante ese periodo queremos identificar y establecer medidas de acompañamiento justas y eficaces".

El gobierno también decidió anular durante ese tiempo de concertación el aumento previsto para la electricidad y el gas, y evocó el estudio de una "subvención a la movilidad", destinada a aquellos que dependen de sus automóviles para poder trabajar y se ven penalizados por los aumentos de combustible.

Todas esas medidas amputarán de la recaudación del Estado unos 2000 millones de euros en 2019. Un costo que, según el primer ministro, se compensará con una reducción del gasto público. Pero no es seguro que las medidas anunciadas logren aplacar la cólera popular. En sus primeras reacciones tras la intervención de Philippe, los "chalecos amarillos" hablaban de "migajas" y rechazaron enérgicamente la moratoria. Para todos, los aumentos deben ser simplemente anulados.

La moratoria no solo es denunciada por los manifestantes. También es criticada por los partidos de oposición, que -en vísperas de la campaña por las elecciones europeas, en mayo próximo- no dudan en echar leña al fuego, a pesar de haber sido consultados anteayer por Philippe.

"¿Seis meses? Seis meses? Seguramente es casualidad que el período supere por algunos días las elecciones europeas", ironizó la presidenta del ultraderechista Unificación Nacional, Marine Le Pen.

Después de 20 días de contestación, las reivindicaciones del movimiento han ido aumentando. Ahora, las exigencias son múltiples y de toda naturaleza. Muchos piden la anulación del impuesto a las grandes fortunas (ISF), una de las primeras medidas decididas por Macron; la disolución del Senado; un aumento del salario mínimo y de la jubilación; la introducción del sistema proporcional en las elecciones -reclamada por la extrema derecha y la extrema izquierda-, o sencillamente la renuncia del presidente.

El problema suplementario que enfrenta el gobierno es la persistente ausencia de representantes del movimiento. Un grupo de "chalecos" moderados que debía reunirse ayer con Philippe desistió ante las graves amenazas físicas recibidas por internet de sectores radicales.

Blanco principal de la contestación, Macron -que aún no habló públicamente desde su regreso de Buenos Aires, donde participó de la Cumbre del G-20- aparece como el gran perdedor del proceso. Sobre todo frente a una opinión pública que apoya masivamente el movimiento (72%), incluso tras la violencia de los últimos dos fines de semana.

En pleno derrumbe de su popularidad (solo 23%), el presidente hace frente -sin demasiadas respuestas- a la crisis social y política más grave después de mayo de 1968.

A los "chalecos amarillos" se sumaron en las últimas horas las protestas de los estudiantes secundarios contra la reciente reforma de la educación y las de algunos sectores paramédicos del país. Por su parte, sindicatos de ferroviarios y de agricultores amenazan con incorporarse a la contestación general.

El persistente silencio del jefe del Estado alimenta todas las críticas. "¿Acaso Macron volvió de la Argentina? Seguramente debe tener alguna opinión", ironizó en un tuit el líder ultraizquierdista de Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon.ß

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