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El juicio a un juez bonaerense y el fin de la impunidad

Luis Carzoglio representa a una porción de magistrados que está muy lejos de los estándares éticos requeridos para tan excelsa función
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7 de diciembre de 2018  

El Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires ha adoptado una acertada decisión al disponer el apartamiento preventivo de su cargo al juez de Garantías Luis Carzoglio, quien se encuentra sometido a un juicio político por graves cargos que pesan en su contra.

Se trata del magistrado bonaerense que cobró una lamentable notoriedad al negarse contra viento y marea a ordenar la detención de Pablo Moyano que le había solicitado el fiscal Sebastián Scalera. Este fiscal investigaba al hijo del dirigente sindical Hugo Moyano por la presunta comisión de delitos vinculados con la barra brava del Club Independiente, del que este es presidente y Pablo Moyano, vicepresidente.

Carzoglio no solo rechazó ese pedido de detención, sino que acusó al procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, de ser el responsable de "carpetazos" y "presiones" en su contra.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el apartamiento preventivo de Carzoglio no obedece a su cuestionada labor en la causa de Pablo Moyano, sino exclusivamente a una serie de graves y fundadas acusaciones judiciales que afronta el magistrado. Se trata de cinco cargos, que incluyen haber dictado una orden de allanamiento de 18 propiedades sin hacer constar la fecha, omisión que acarreó la nulidad de los procedimientos y de las prisiones preventivas. De esa manera, la investigación se desvaneció. Otra de las imputaciones es por conceder, siendo incompetente, importantes beneficios procesales a presos que nada tenían que ver con Carzoglio, pues se encontraban involucrados en sumarios que instruían otros magistrados.

Puede advertirse que se trata de cargos de suma gravedad para quien tiene la alta responsabilidad de impartir justicia. De ahí que la decisión de su apartamiento la adoptaron en forma unánime los nueve integrantes del tribunal. La medida es por 90 días, pero el presidente de la Suprema Corte de la provincia, Julio Pettigiani, puede duplicar el plazo. El mismo tribunal debe adoptar otra decisión de suma trascendencia: quién reemplazará a Carzoglio en las causas en las que él intervenía.

La insólita protección que el juez otorgó al dirigente sindical fue el detonante para conducirlo al juicio político por los graves cargos previos. Sin embargo, Carzoglio quiere transformar su caso en uno político acusando de sus desgracias a Conte Grand. Si bien el procurador general provincial fue el autor de una de las denuncias, las otras fueron presentadas por colegios de abogados bonaerenses.

Sin embargo, Carzoglio quiso mostrarse falsamente como una víctima del oficialismo y del periodismo independiente. Militante peronista de Avellaneda y exfuncionario en esa comuna, el magistrado es un fiel representante de una Justicia bonaerense en la que algunos jueces se ocupan más de la política que de procurar con independencia un digno castigo a los delincuentes.

Como señalamos no hace mucho en esta columna, la enorme corrupción que se extendió por la principal provincia argentina contaminó a todas sus instituciones, pero el peronismo gobernante habría contado con la complicidad de otras facciones políticas para que prácticamente ningún escándalo llegara a la luz pública. En ese entramado, el papel de jueces como Carzoglio resultó esencial para los largos años de la impunidad.

La decisión de Conte Grand de llevar adelante una limpieza en los tribunales puede estar marcando el principio del fin de esa impunidad y por eso debe contar con el apoyo de la sociedad.

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