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Un monitoreo especial para controlar a los sectores violentos

En la Casa Rosada analizan tres contingencias: infiltrados, saqueos o tomas de tierras en el conurbano
En la Casa Rosada analizan tres contingencias: infiltrados, saqueos o tomas de tierras en el conurbano Fuente: Reuters - Crédito: Marcos Brindicci
Maia Jastreblansky
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10 de diciembre de 2018  

El Gobierno activó los mecanismos de monitoreo para prevenir brotes violentos en las últimas semanas del año. La Casa Rosada abrió una "mesa de paz social", con cinco ministros, para estudiar los riesgos de diciembre. Según repiten en Cambiemos, los reportes de inteligencia señalan que, de haber disturbios, no serán por un impulso social "genuino", sino por "grupos marginales y organizados".

El oficialismo no desconoce lo que llama "el presagio de diciembre", un mes difícil por tradición, que en esta oportunidad se complejiza por la crítica situación económica y el contexto preelectoral. Pero asegura que el diálogo con las organizaciones sociales está aceitado.

"Si hay disturbios no son por un impulso genuino de la gente o por hambre, sino por grupos organizados, que ya aparecieron en otras manifestaciones y que siguen vivos", dijo a LA NACION el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman.

Las contingencias que el Gobierno estudia son tres: que a las marchas se plieguen grupos violentos, saqueos a supermercados y tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires. Tienen bajo la mira a los grupos de izquierda más combativos, a células anarquistas e incluso a barra bravas.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad trabajan en lo que denominan "ciberpatrullaje" en redes sociales. "No detectamos una alteración del orden espontánea, sino grupos minoritarios que conversan entre ellos para sacar rédito de alguna situación", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich .

La cartera de Seguridad creó una "red nacional" y un sistema de alertas con los jefes de custodia de las grandes cadenas de supermercados, los comercios chinos y las cadenas regionales. Ese dispositivo trabaja en tándem con el esquema montado por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley , y su par de la provincia, Santiago López Medrano. La orden es que si un grupo reclama insumos en un supermercado, la sucursal deberá remitir el petitorio al Gobierno para canalizarlo por la vía institucional, sin hacer una entrega directa de productos.

Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que serán "firmes" si aparecen grupos que organicen saqueos. "Las fuerzas de seguridad van a actuar, no vamos a dejar que nadie entre a saquear supermercados", repiten.

A pesar de las diferencias que evidenciaron durante el año Stanley y Bullrich con las organizaciones sociales, las funcionarias se mostraron alineadas en los últimos días al apuntar contra la "extorsión piquetera". Diciembre las encontrará sentadas en una mesa especialmente diseñada para la coyuntura. La "mesa de paz social", como la bautizaron en Balcarce 50, se reunirá este jueves y reunirá, también, al jefe de Gabinete, Marcos Peña ; al ministro del Interior, Rogelio Frigerio , y al secretario de la Presidencia, Fernando De Andreis .

La ciudad fue la semana pasada escenario de una movilización con acampe nocturno de una fracción de Barrios de Pie y del Polo Obrero. Desde la Ciudad apuntaron a este último grupo por la presencia de encapuchados con palos y piedras.

Respecto del conurbano, varios funcionarios confían en que los intendentes, aun los de la oposición, no buscarán sacar rédito de la alteración de la calma social. "Nunca se sabe cómo termina eso, no les conviene", señaló a LA NACION un funcionario con contacto con los municipios. Escobar, Merlo y Moreno, sin embargo, son mirados con atención.

La administración de María Eugenia Vidal , en tanto, está en alerta por posibles tomas de tierras en el conurbano. "Ese es el mayor temor que tiene la gobernadora. Porque hay familias con niños y personas armadas, que es una combinación peligrosa cuando llega la orden judicial de desalojar", señalaron fuentes de la gobernación. La muerte del militante del CTEP Rodolfo Orellana durante un intento de toma de tierras en Ciudad Evita, ya sentó un grave antecedente.

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