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El régimen de Ortega se radicaliza y deja a Nicaragua sin monitoreo internacional

La crisis sociopolítica en Nicaragua recrudeció en las últimas horas
La crisis sociopolítica en Nicaragua recrudeció en las últimas horas Fuente: AFP
Tras expulsar a la ONU en agosto, el gobierno echó a dos organismos de derechos humanos de la OEA; "El país es un Estado de excepción", advirtió el secretario de la CIDH
Delfina Galarza
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21 de diciembre de 2018  

Hubo un tiempo -no muy lejano- en el que Nicaragua se jactaba de ser uno de los países más seguros de América Central y ostentaba indicadores económicos positivos, que contenían y amortizaban los reclamos políticos preexistentes. Sin embargo, después del 18 de abril nada volvió a ser igual. "El estado de miedo se transformó en la política oficial", sostiene Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La crisis sociopolítica caló hondo en la sociedad nicaragüense -incluso en sectores históricamente afines al orteguismo- y en ocho meses se desarrolló con una velocidad inusitada y trágica: más de 370 muertos, 600 presos políticos, procesos judiciales viciados, la disolución de nueve ONG, allanamientos y hostigamientos contra la prensa independiente. A partir de anteayer, el retrato cambió. El gobierno, que algunos no dudan en llamarlo régimen y otros lo definen como una dictadura, expulsó a la CIDH del país. Hasta acá llegó. Nicaragua elige hoy darle la espalda al escrutinio internacional.

El gobierno nicaragüense suspendió las acciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), los dos dependientes de la CIDH, que a su vez funciona como órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) .

En una primera instancia, el organismo internacional había firmado a fines de mayo un acuerdo con el gobierno nicaragüense que daba luz verde al accionar del grupo de expertos por seis meses para realizar un seguimiento exhaustivo de la crisis.

Pero la decisión de Ortega parte de la acusación en contra del grupo internacional, al que acusa de haberse movido con imparcialidad al no reconocer que la crisis se desató por un intento de golpe contra el gobierno.

Si bien Nicaragua ya había expulsado a fines de agosto a una misión especial de la ONU, la reciente medida se da en un contexto de reducción de los espacios democráticos que alerta a la comunidad internacional. Además, pocas horas después de la expulsión iba a entregarse un informe del GIEI sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo.

El especialista en materia de derechos humanos sintetizó el conflicto en cuatro fases: la represión de las protestas; la incorporación de la violencia brutal con el aparato parapolicial y paramilitar; la criminalización de todos los manifestantes, y la persecución selectiva, a la que se le sumó desde hace pocos días la consolidación de un Estado de excepción. Pero ¿qué significa?

En los últimos meses, Nicaragua se apoyó en decretos policiales o actos legislativos que "intentan mantener la apariencia de legalidad" en medidas que restringen y afectan los contenidos esenciales de los derechos humanos. Sin ir más lejos, en menos de una semana el poder gobernante disolvió nueve ONG y realizó una serie de allanamientos violentos en contra de la prensa independiente.

Resulta imposible analizar la situación del país sin tener en cuenta el rol de la policía como uno de los actores centrales del conflicto. "Estamos frente a un Estado policíaco", denuncia Abrão, y explica que las fuerzas de seguridad oficiales han actuado de manera desproporcionada, en connivencia con grupos parapoliciales y paramilitares.

Por su parte, el Poder Judicial no hace uso de la independencia de poderes que le corresponde, ya que no está controlando al sistema de represión. Y no se ocupa de que sus decisiones sean cumplidas. En este último mes hubo dos sentencias judiciales que determinaron la liberación de dos jóvenes, pero aún siguen detenidos. Este podría ser una factor crítico en la denuncia que radicó la actriz Thelma Fardin en contra de Juan Darthés.

La exacerbación de varios rasgos autoritarios en Nicaragua provoca en gran parte de la oposición una comparación con la situación de Venezuela. Aunque es difícil determinar el rumbo del conflicto, para Abrão el gobierno de Ortega camina hacia el mismo tipo de aislamiento que afronta Maduro. Eso sí, a un ritmo más acelerado.

Sin usar los términos dictadura o régimen, Abrão es más que claro: "Nicaragua dio un paso muy grave a la consolidación de un Estado autoritario y de excepción".

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