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Un Estado paralelo organizado para recaudar sobornos

Hernán Cappiello
Hernán Cappiello LA NACION
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21 de diciembre de 2018  

Favorecer a un empresario amigo para que se quedara con casi todas las obras públicas santacruceñas a cambio de retornos, provocar un quebranto al Estado con operaciones de dólar futuro o buscar la impunidad de Irán en la causa AMIA a cambio de nuevos negocios. Todas estas denuncias contra Cristina Kirchner empalidecen al lado de la acusación que ayer quedó firme con el fallo de la Cámara Federal: Néstor Kirchner y su mujer importaron desde Santa Cruz un sistema de recaudación paraestatal de dinero ilegal proveniente de la corrupción, centrado en la obra pública y otros negocios de privados con el Estado, para enriquecerse y financiar la política.

El peso simbólico es superior a otras acusaciones porque identifica al gobierno de la expresidenta con una banda criminal que buscaba hacerse de dinero, a expensas de empresarios corruptos que querían asegurarse contratos con el Estado y otros beneficios.

Los camaristas dijeron que no fue una "simple organización criminal ubicada en estratos medios del escalafón administrativo".

Se trató de una pirámide de corrupción cuyos lados conducen a un mismo vértice, donde están Néstor y Cristina Kirchner. Por eso la organización gozó de características extraordinarias: inusual y poderosa capacidad de acción, medios extraordinarios basados en la jerarquía de sus jefes y una impunidad sin precedentes, dijeron los jueces. "Corrupción con rasgos definitivos de gravedad y descomposición institucional, increíblemente prolongada en el tiempo", sentenciaron.

En espejo, la banda replicó en el terreno de la clandestinidad la imagen del organigrama del Estado, dijeron los jueces.

A estos cargos se deberá enfrentar Cristina Kirchner tras este fallo que allana el camino para que en mayo, a más tardar, el juez Claudio Bonadio eleve esta primera parte de la causa a juicio oral y público.

Fuente: Archivo

En 2019, año electoral con Crisitina Kirchner como candidata, está previsto que la expresidenta se siente en el banquillo de los acusados desde el 26 de febrero para enfrentar su primer juicio por asociación ilícita por favorecer a Lázaro Báez con las obras públicas de Santa Cruz.

Protagonizará la campaña desde los tribunales, un lugar que le es funcional a un discurso de victimización y útil a la estrategia del Gobierno de polarizar con el kirchenrismo la campaña presidencial del año próximo.

El Partido Justicialista, en tanto, observa expectante la evolución de los acontecimientos. Los contertulios que se reunieron anteayer en la Casa de la provincia de Córdoba, incluidos 10 gobernadores peronistas, saben que sin Cristina Kirchner en el medio, el peronismo racional tiene una chance de disputarle el poder a Mauricio Macri en 2019. Pero fieles al mandato de lealtad peronista, si el año que viene Cristina Kirchner es la que conserva el poder de los votos, algunos de ellos están dispuestos a olvidar y acompañarla.

Las consecuencias de la decisión de ayer para la política parecen más o menos previsibles al igual que las consecuencias para el empresariado. La Cámara Federal abrió el camino para que en caso de ser condenados, los hombres de negocios solo enfrenten la acusación de cohecho con un pena mínima, casi seguro en suspenso. Casi seguro no irán presos a pesar de haber pagado sobornos. Los dejó fuera de la asociación ilícita y los enfrenta a un cargo que se castiga con penas de 1 a 6 años. Un imputado sin antecedentes, condenado por primera vez y encima "arrepentido" se beneficiará con los descuentos que le hace la ley y se va a su casa aun si es declarado culpable.

Esto alcanza a casi todos, los más cercanos al kirchnerismo y al macrismo, incluido Angelo Calcaterra, el primo del presidente Macri.

La excepción es Carlos Wagner, el financista Ernesto Clarens y Gerrado Ferreyra, todos presos como parte de la banda. Wagner y Clarens como organizadores de la banda. Los jueces analizaron también la situación del ejecutivo de Techint, Luis María Betnaza. Lo dejaron fuera de la asociación ilícita y abrieron la puerta para su desvinculación del caso. Incluso, los camaristas le dijeron a Bonadio que debe investigar las razones que dio Techint para justificar los pagos: una situación de emergencia, para sacar a sus ejecutivos de Venezuela en medio de amenazas de nacionalización de una planta. Los magistrados consideran que pueden ser un eximente de responsabilidad. Las consecuencias para la investigación de la decisión de ayer son claras: a pesar de que atenuó los cargos que había firmado Bonadio, el fallo es un respaldo para la investigación. La resolución ratifica que no hubo forum shoping, es decir, que no estuvo direccionado para elegir al juez; que las declaraciones de los arrepentidos son válida y constitucionales, que la causa no es nula y que el hecho de que las pruebas no son los cuadernos originales sino copias de ellos, no le quita a los escritos el valor probatorio original. Todo sigue en pie.

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