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Multaron con $100.000 al colegio católico de Salta que discriminó a un alumno por usar la pulsera LGBT

Conocido el caso en diciembre, organizaciones hicieron un "pulserazo" frente al Santa María
Conocido el caso en diciembre, organizaciones hicieron un "pulserazo" frente al Santa María Fuente: LA NACION - Crédito: Javier Corbalán
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21 de diciembre de 2018  • 14:23

El Ministerio de Educación de la provincia de Salta determinó que el Colegio Santa María cometió un acto discriminatorio al pedirle a un alumno que se sacara la pulsera LGBT y le impuso una multa de $100.000. Al mismo tiempo le ordenaron que rematricule a los cuatro alumnos que se habían quedado sin vacante para el año 2019 por apoyar a su amigo pintándose los colores de la bandera en las muñecas en una foto que tomó estado público brevemente a través de Twitter.

El caso se remonta al día 28 de septiembre cuando un chico de 4° año llamado Santiago Coraita fue al colegio con una pulsera de la bandera LGBT. Un preceptor le dijo que eso iba en contra de los valores de la institución y que era provocativa, pero él no se la quiso sacar y medió la directora del colegio que citó el reglamento y dijo que las pulseras estaban prohibidas en el lugar, pero que, si era tan importante para él, que la usara.

El joven volvió abatido a clase y le pidió a su padre que lo retirara antes de la escuela. Pero sus compañeros buscaron apoyarlo y le mandaron fotos vía WhatsApp con sus manos pintadas con los colores de la bandera. En una de ellas se veían las muñecas de cuarto personas y parte de la remera de uno con el escudo de la escuela con la leyenda "Fuck what they think" ("que no te importe lo que ellos piensan"). Y alguien la subió a Twitter, la publicación llegó a las autoridades del colegio y los alumnos recibieron 14 faltas cada uno y luego les comunicaron que no tenían la matrícula para el año que viene para cursar su último año en la institución.

Esto ya a mediados de diciembre cuando también se viralizó una carta de Martina, la hermana de Santiago y ex alumna del colegio, y un tweet de Ana, la abuela de Santiago Cáceres, uno de los chicos sin matrícula por defender a su amigo. Hasta el gobernador Juan Manuel Urtubey opinó y dijo que el episodio era "inaceptable" y que había dado instrucciones al Ministerio de Educación para que "hicieran valer los derechos de Santi y sus compañeros".

El gobernador Urtubey también se metió en la polémica y dijo que el episodio era "inaceptable" y que había dado instrucciones al Ministerio de Educación para que "hicieran valer los derechos de Santi y sus compañeros"
El gobernador Urtubey también se metió en la polémica y dijo que el episodio era "inaceptable" y que había dado instrucciones al Ministerio de Educación para que "hicieran valer los derechos de Santi y sus compañeros" Fuente: Archivo

Consultado por LA NACION, el abogado de Cáceres contó en ese momento que habían hecho una reclamación ante el colegio por el derecho de admisión ya que consideraban que había existido un ejercicio ilegal por la doble sanción: las 14 amonestaciones y luego la no matrícula que equivalía a una expulsión vedada.

Por su parte la familia de Coraita había hecho una presentación ante el INADI Salta y el Ministerio de Educación provincial a la que luego se sumaron los alumnos sin matrícula.

Según la resolución de la cartera conocida anteayer, se rechazó el pedido de nulidad y una prórroga que había solicitado el colegio para buscar en sus archivos cuántos alumnos habían sido sancionados en los últimos años por llevar pulsera. Y, en consiguiente, se determinó que cometió un acto discriminatorio, ordenaron que paguen una multa de $100.000 (equivalente a 10 veces el arancel o cuota abonada por alumno) y exigieron que se rematricule a los cuatro alumnos sin vacante.

Desde el Colegio, en tanto, emitieron hoy un comunicado en que dijeron que la multa es "ilegal e ilegítima".

Además, aseguraron que el procedimiento administrativo que abrió Educación violentó y vulneró las garantías constitucionales de defensa. "Nos impusieron plazos absurdos, imposibles de cumplir", sostuvieron y agregaron que "no se permitió la prórroga para lograr reunir la documentación necesaria".

Por último, aseguraron que tampoco se formalizó un procedimiento investigativo que permita la defensa "y demostrar la inexistencia de discriminación", por lo que advirtieron que seguirán los reclamos vía administrativa y hasta judicial.

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