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Abogar por la calidad de los magistrados para una Justicia mejor

Juan Bautista Mahiques
Juan Bautista Mahiques PARA LA NACION
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28 de diciembre de 2018  • 01:42

Las personas incorporan las experiencias diarias repetidas y terminan por vivirlas como naturales verdades de hecho. Esa naturalización lleva, a su vez, a justificar la forma de actuar cotidianamente basada en la repetición constante y en que "si siempre se hizo así, por algo será". Cuando ese "algo" adquiere tal categoría no se reflexiona más, no se indaga, se actúa espontáneamente porque así lo determina la costumbre, ya que de lo contrario se perdería esa condición de habitualidad tranquilizadora.

Distinta realidad es la que corresponde a la Justicia, por cuanto resulta (o debería resultar) muy poco natural, que un juez que cometió un delito continúe ostentando el cargo para el cual fue designado con el fin de llevar adelante esa ardua tarea de impartirla.

Es sabido que para que un cambio significativo perdure debe, además de ser internalizado, transcurrir el tiempo. Lentamente, pero a paso firme, algunas cuestiones comenzaron a dejar de ser "naturales" en la Argentina: La remoción de jueces sospechados de corrupción y la celeridad en los procesos de elevación de ternas al Poder Ejecutivo Nacional son evidencias de que hay un Consejo de la Magistratura más presente y activo. Este órgano de la Constitución no sólo evalúa el desempeño de las magistradas y magistrados, sino que, además, está a cargo de la capacitación de los máximos responsables de administrar justicia.

La ley Especial nº 24.937, reglamentaria del artículo 114 de nuestra Constitución, creó la Escuela Judicial de la Nación que, desde el año 2002, desarrolla sus actividades en el ámbito de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

¿Por qué es necesario hoy intensificar el desarrollo de la formación? Se ha vuelto imperioso alcanzar un horizonte intelectual que se adecue a los desafíos y respuestas que demandan las modernas formas de criminalidad, la problemática de las nuevas tecnologías, los delitos contra la integridad, las amenazas transnacionales del terrorismo organizado, la incidencia de la corrupción y el narcotráfico en la esfera pública/privada, la justicia transicional, el comercio electrónico o el cyberdelito (entre otras manifestaciones vinculadas al ámbito penal).

El ejercicio de la función pública también se ha vuelto más sofisticado y reclama una formación más amplia y no focalizada en el Derecho positivo únicamente, que ya no resulta suficiente. Es por ello que para que la intervención de una magistratura responsable sea eficaz y esté, a su vez, orientada a resolver rápidamente los problemas comunitarios y cotidianos, se precisan otros conocimientos y saberes ajenos a la magistratura en sí, que hoy son indispensables para garantizar un proceso en tiempo y forma.

La administración de justicia también tiene que modernizarse para adaptarse a los vertiginosos cambios sociales, económicos o culturales que, por la situación del orden público imperante, generan conflictos cada vez más complejos. Con ese objetivo en mira, se debe fortalecer la construcción de cursos de acción judicial relacionados con la inclusión, la diversidad, e identidades múltiples, como parte del compromiso del Estado en la incorporación de la perspectiva de género en la función pública.

Uno de los fundamentos esenciales de la República es el respeto por la independencia de la Justicia. Para dar respuesta a ese principio, debe seleccionarse a magistrados y funcionarios con vocación y capacitación suficiente para que, ajustados a la ética, dispongan de las más sólidas técnicas de gestión, composición y resolución de conflictos, aplicando la normativa e interpretando del modo más correcto la realidad, garantizando siempre la imparcialidad en sus decisiones.

La creciente demanda universal de Justicia al Poder Judicial es el reclamo de una sociedad que quiere confiar la defensa de sus derechos en las juezas y jueces de la Nación y, al mismo tiempo, la necesidad de una intervención más visible en la consolidación de sus garantías fundamentales, que haga saber a cada conciudadano que la ley está para ser cumplida.

Representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura

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