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El misterio de los $950 millones de una obra inconclusa

La AFIP y Bonadio investigan al empresario Carlos Mundin por un negociado en Santa Cruz
La AFIP y Bonadio investigan al empresario Carlos Mundin por un negociado en Santa Cruz Fuente: Archivo
Diego Cabot
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30 de diciembre de 2018  

La historia empezó en 2005, tuvo decenas de capítulos y promete más. El actual es apasionante: la AFIP y una parte de la Justicia tratan de encontrar $950 millones que no aparecen desde diciembre de 2015. Mientras, otro sector del Poder Judicial dejó en libertad a uno de los principales sospechosos. Recientemente y por pedido del juez Claudio Bonadio , se involucró la AFIP. Fue un oficio girado en la causa de los cuadernos . Y el organismo encontró gran parte del dinero. ¿Dónde? En las cuentas de un empresario que la Cámara acababa de liberar.

Todo empezó hace 13 años, cuando se firmó un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal, la Secretaría de Energía, Nación Fideicomisos, la provincia de Santa Cruz y Distrigas, una compañía en la que la provincia tiene el 100% de las acciones, y BTU, una constructora que tiene como número uno a Carlos Mundin. El objeto de dicho contrato era construir mediante el contratista (BTU), las obras relativas para abastecer de gas natural a las localidades de El Calafate, Río Turbio, 28 de noviembre, Turbio Viejo, Rospenteck, Perito Moreno y Los Antiguos.

Se dividió en tres etapas. Decenas de irregularidades, detalladas en una causa penal iniciada por la Oficina Anticorrupción, se dieron en las dos primeras. Sin embargo, se pagaron. El problema surgió cuando todas las partes involucradas empezaron a negociar el pago del primer certificado de la etapa tres que nunca se había empezado.

Corría 2015. Un expediente que circulaba a velocidad de rayo tenía números sorprendentes. Los costos de la Etapa III se compararon tiempo después con los de la dos anteriores. Se verificó que el monto de inversión por usuario beneficiado para Santa Cruz Etapa III resultó aproximadamente 60 veces (6000%) superior al Proyecto Daireaux, 25 veces (2500%) superior al del Gasoducto Patagónico, 10 veces (1000%) superior al de Santa Cruz Etapa I y 6 veces (600%) superior al de Santa Cruz Etapa II.

Por entonces el nuevo valor base de las obras de la Etapa III era, a valores constantes, 771% mayor que el monto original y 320% mayor al de una modificación que se suscribió después. Solo un ejemplo. Se calculó el alquiler de carpas para trabajar. Se la presupuestó 948.000 dólares, a razón de 14.812 dólares por carpa por mes. Poco después, un informe técnico estableció el costo en no más de 407 dólares mensuales, es decir apenas el 2,75% de lo presupuestado. Así se relevaron varios ítems con sobreprecios desproporcionados. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias fue tenida en cuenta por la Secretaría de Energía a mediados de 2015.

En septiembre de ese año, BTU presentó el certificado de obra número 1. Describió un avance de 44% consistente en el 100% de la ingeniería de proyecto y el 90% de la cañería revestida y puesta en obra, por la suma de $1712 millones. Todo se aprobó en Santa Cruz sin intervención del Enargas. Pero la etapa III nunca se terminó. No se abrió un sólo pozo para los caños.

El 6 de noviembre de 2015 la Secretaria de Hacienda emitió la orden de número 1736390 por $984 millones a la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Cruz. El 2 de diciembre de 2015, BTU emitió su factura N A-0003-00000232 por un monto de $974 millones. El 16 de diciembre de 2015, BTU se hizo del dinero.

Qué pasó con el dinero fue la pregunta que se hizo Bonadio. La AFIP se la empezó a contestar. Según registros impositivos, la compañía los invirtió en plazos fijos, pero lo llamativo es que nunca ingresaron a los balances de la firma. Solo 10 millones de los 974 ingresaron a los números de la empresa. Mientras tanto, Mundin, el presidente de la firma empezó a incrementar el patrimonio. Entre 2009 y 2016, la fortuna del empresario creció entre 60 y 240% anual, con la sola interrupción en 2015. En sus declaraciones explica que el incremento se justifica en el reparto de dividendos, pero con solo cotejar los números de BTU se nota la inconsistencia de la justificación.

Poco después, la firma le otorga un crédito a su presidente por 360 millones de pesos. Todo ese monto se aplicó a inversiones financieras. Miles de acciones fueron suscriptas por el empresario. Ternium, Banco Macro, Autopistas del Sol y Dycasa fueron algunas de las compras de ese año. Según los registros que están en la causa, el crédito se canceló pero no se logró determinar el origen de los fondos con los cuales pagó dado que el ingreso declarado que habrían sido aplicados, son dividendos cobrados en el periodo 2016 cuya distribución y cobró no se pudo verificar.

El caso de Mundin es uno de los que la AFIP investiga dentro de la causa de los cuadernos. De hecho, el Director de la DGI, Marcelo Costa, es el que conduce un equipo abocado a varios oficios que el juez Bonadio ya libró.

Mientras tanto, la Cámara decidió que Mundin pase el fin de año en libertad. Además, como la mayoría de los empresarios involucrados, fue despegado del tipo legal que más los preocupaba: la asociación ilícita. Pese a estar en libertad, prefirió no contestar ni hablar con LA NACION.

Muy de a poco, información sobre las tropelías impositivas de varios empresarios empiezan a ser parte del expediente de los cuadernos de las coimas. Y como buenos hombres de negocios que son, varios fruncen el ceño cuando la AFIP pone la lupa en sus números o el de sus empresas.

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