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Una república disfuncional que aún así puede frenar el autoritarismo

Aníbal Pérez-Liñán
Aníbal Pérez-Liñán PARA LA NACION
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3 de enero de 2019  

NOTRE DAME, INDIANA.- Brasil tiene hoy poco para celebrar. Su pasado es triste: Michel Temer dejó el poder con apenas el 5% de aprobación popular. Su futuro no es mejor: Jair Bolsonaro , juramentado para los próximos cuatro años, reivindica la dictadura militar, justifica la brutalidad policial y condena la homosexualidad.

¿Cómo contener a un presidente con instintos autoritarios y 58 millones de votos? Esta pregunta resuena hoy en Brasil tal como resonó hace dos años en los Estados Unidos y hace dos décadas en Venezuela.

La respuesta no es sencilla, sobre todo porque los votantes de Bolsonaro apoyaron un mensaje más antidemocrático que el de Donald Trump o el de Hugo Chávez .

Curiosamente, las instituciones políticas disfuncionales que generaron este escenario representan hoy la mejor esperanza para la democracia vecina. Con 30 partidos en la Cámara baja, el Congreso brasileño es el más fragmentado del mundo. Las mayorías legislativas se forman repartiendo cargos en el gabinete o presupuesto a los aliados. Este problema fue el origen del esquema de corrupción que condujo al escándalo de la operación Lava Jato.

Para realizar reformas profundas, el nuevo gobierno deberá pasar por el Congreso. Sin embargo, la fuerza política del presidente, el Partido Social Liberal (PSL), reúne apenas el 10% de las bancas en Diputados y el 5% en el Senado. El gobierno asegura contar con 350 diputados aliados, más de dos tercios de la Cámara, pero los cimientos de esta promesa son frágiles.

La nueva composición del gabinete no sostiene una coalición parlamentaria. Como parte de su campaña contra la "vieja política", Bolsonaro redujo el número de ministerios y dividió su gabinete en tres tercios: seis ministros -además del vicepresidente- son de origen militar, siete son técnicos y apenas siete son políticos que facilitan la articulación con el Congreso.

El presupuesto tampoco podrá ser usado fácilmente con fines políticos. El presidente confió el control total de la economía a Paulo Guedes, un economista neoliberal cuya prioridad es la reducción del gasto público.

En el Ministerio de Justicia (policía incluida) está Sergio Moro, celoso juez de la operación Lava Jato, cuyo objetivo central es la lucha contra la corrupción. La presencia de Moro legitima al gobierno, pero también restringe su capacidad de maniobra. El conflicto entre Moro y la familia Bolsonaro parece, tarde o temprano, ineludible.

El presidente apostó por una alianza con dos bloques interpartidarios de preferencias intensas: evangélicos y ruralistas. Su jefe de Gabinete (Casa Civil) y su ministro de Turismo formaban parte del bloque evangélico en Diputados. Una pastora que defiende los roles tradicionales de la mujer es su ministra de Familia. Su ministra de Agricultura, como diputada, promovió exitosamente la desregulación de los agroquímicos.

Más allá de sus objetivos -culturalmente conservadores para unos y económicamente liberales para otros- no resulta claro que evangélicos y ruralistas respalden disciplinadamente al gobierno en otros temas como las privatizaciones.

Si carece de articulación política efectiva, Bolsonaro verá su agenda paralizada y su gobierno en peligro. Fernando Collor y Dilma Rousseff , que intentaron gobernar ignorando al Congreso, fueron enjuiciados por las mayorías despechadas. Por este motivo, la presencia de soldados en el gabinete preocupa a los civiles, que temen la militarización de la política, pero también a los militares, que temen la politización del ejército.

La academia debatió por años si las instituciones políticas brasileñas son disfuncionales o si, por el contrario, son una fuente de gobernabilidad democrática. Quizás ambas posturas tengan razón, y pronto descubramos que estas instituciones imperfectas son la barrera más efectiva para contener a un presidente con impulsos autoritarios.

El autor es profesor de Ciencias Políticas y Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame

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