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Sin "trapitos" ni limpiavidrios

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5 de enero de 2019  

En la última sesión del año, el gobierno porteño logró trabajosamente que la Legislatura apruebe la prohibición de la actividad de los cuidacoches, vulgarmente denominados "trapitos", y limpiavidrios, un viejo objetivo perseguido sin alcanzar el consenso necesario desde hace años. Para ello fue necesario reformar tanto el Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires como el de Procedimientos, que no incluían siquiera la figura del limpiavidrios. Como se recordará, la reglamentación hasta aquí vigente solo permitía castigar a los cuidacoches si se probaba fehacientemente, con declaraciones de testigos, filmaciones u otras pruebas, que habían exigido dinero, tornando casi imposible que alguna causa avanzara en esos términos.

Con la reforma sancionada, la prohibición de la actividad es total: el solo hecho de ofrecerse para cuidar un coche será punible, con la salvedad de aquellas personas que cuenten con la tarjeta azul que otorga la ciudad de Buenos Aires a personas con discapacidad y jubilados, entre otros expresamente autorizados.

En el gobierno porteño estiman que a partir del 10 o 15 de este mes aproximadamente estará en vigencia la norma. Para entonces, quienes no cuenten con permiso serán sancionados, solo por ser detectados, con uno a dos días de trabajo de utilidad pública o multa de cincuenta a trescientas unidades fijas (UF), equivalente cada una de ellas a medio litro de nafta del mayor octanaje.

Las penas serán más graves cuando se compruebe la participación de una agrupación, con 5 a 15 días de arresto, elevándose al cuádruple para los jefes o los coordinadores. En caso de que la falta ocurra en un radio de hasta 30 cuadras de donde esté programado un encuentro masivo, como un partido de fútbol o un recital, las sanciones se endurecen si se comprueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas a un club, con multas de entre 5000 a 10.000 UF.

Otro aspecto destacado es que las nuevas sanciones se imponen no solo a los "trapitos", sino a quienes incurran en otras contravenciones incluidas en el Código, como hostigamiento, maltrato y acoso sexual en lugares públicos o espacios privados de acceso público, con penas también cuando ocurra a través de medios electrónicos, lo cual incluye la difusión de imágenes íntimas. Esos castigos serán todavía más graves si la víctima es una mujer o niños y si los agresores son dos o más.

Según cifras del Ministerio Público Fiscal porteño, se registran tres denuncias de acoso sexual callejero por semana. Totalizaron 41 en el primer cuatrimestre de 2018, un 4000% más que en igual período de 2017. Un párrafo aparte merece la acertada prohibición de pegatinas con oferta sexual. Se multará incluso con la clausura a las empresas que las promocionen.

Las reformas aprobadas deben ser celebradas ya que, por un lado, cortan de cuajo una actividad que se apropiaba del espacio público en beneficio de quienes la ejercían y, por el otro, dan una clara señal para combatir con firmeza a las mafias, muchas veces de barras bravas, que hacían de los ciudadanos sus rehenes.

Es de desear que a partir de lo aprobado por la Legislatura porteña las fuerzas policiales actúen decididamente para velar por los intereses públicos y los derechos de los ciudadanos desde el minuto uno de su entrada en vigor. En estas cuestiones, el valor ejemplificador de las sanciones es de vital importancia para desalentar más contravenciones. Si no se percibe la voluntad clara de penar debidamente a los infractores, poco podremos esperar de una norma que, por sí sola, no cambia las cosas. Imponer sin dilaciones su respeto debe ser una prioridad.

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