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Proceso de paz en jaque en Colombia

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6 de enero de 2019  

Poco tiempo le queda a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para demostrar que tiene genuinas intenciones de negociar de buena fe con el gobierno de Iván Duque. Casi todos los presidentes de Colombia de las últimas tres décadas han fracasado en sus intentos por encarrilar las conversaciones con este grupo insurgente.

A estas alturas, los líderes del ELN parecen no comprender que secuestrar soldados, policías, funcionarios, civiles, menores de edad, así como cometer atentados terroristas o continuar con su vinculación con el narcotráfico no es propio de una negociación que busca la paz ni una muestra de la voluntad de acuerdo para superar las diferencias y lograr su reincorporación a la sociedad.

Un elemento de extrema gravedad se ha sumado a ese escenario: la confirmación de la relación directa entre el ELN y el gobierno de Venezuela, que hasta hace poco era uno de los países garantes de los diálogos que empezaron en Caracas, siguieron en Ecuador y terminaron en Cuba, cuando el presidente ecuatoriano Lenín Moreno retiró a su país del proceso.

Sobre esta cuestión, InSight Crime una ONG que monitorea el crimen organizado publicó un informe donde afirma que el ELN tiene presencia en doce estados de Venezuela. Según el documento, los guerrilleros "estarían desarrollando actividades como contrabando de ganado y de gasolina; cobro de extorsiones; distribución de comida y de emisoras de radio; reclutamiento de menores; ataques a funcionarios de cuerpos de seguridad, y narcotráfico y minería ilegal, entre otras". La inacción y la complacencia del régimen de Nicolás Maduro serían claros responsables de esta peligrosa presencia.

Negociar la paz con el ELN no ha resultado tarea sencilla. El presidente Duque mostró firmeza desde que asumió la presidencia y su propuesta al grupo guerrillero fue racional: si mostraban voluntad de paz, él no iba a estropear los avances que había conseguido el gobierno de su antecesor, Juan Manuel Santos. En ese sentido, la renuncia a los secuestros es lo mínimo que se le puede pedir a la guerrilla, que, además, debería dar muestras de arrepentimiento por el daño causado a cientos de secuestrados y a sus familias. La privación ilegal de la libertad de una persona, cualquiera que sea la razón, es un acto de absoluta violación a sus derechos humanos.

El ELN ha decretado lo que debería ser un auspicioso cese del fuego con motivo de la Navidad y fin de año. Lamentablemente, con el cinismo que ya es habitual en sus voceros, estos insisten en calificar esa decisión como un esfuerzo para la paz, pero sin comprometerse a liberar a los secuestrados ni a abstenerse de vincular a menores de edad con la violencia, en concordancia con las demandas del gobierno colombiano para volver a dialogar.

Mientras en el panorama no se vean señales claras de que esta guerrilla tiene voluntad de apartarse del crimen organizado para acercarse a un diálogo franco y productivo, será muy difícil considerar que estos intentos de paz puedan tener mejor destino que el fracaso. La salida a esta encrucijada que se prolonga en el país hermano depende entonces de la sensatez de quienes toman las decisiones en el ELN: o se ganan la confianza del país en un giro comprometido con la paz o perpetúan la violencia que hasta ahora los ha caracterizado.

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