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Juicio en ausencia

Su sanción beneficiará el tratamiento de delitos complejos, como los de narcotráfico, lavado de activos y trata de personas
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8 de enero de 2019  

A24 años del atentado perpetrado contra la AMIA, que se cobró la vida de 85 ciudadanos, varios proyectos de juicio en ausencia aguardan tratamiento parlamentario. Entre ellos, el del diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky, presentado el 11 de noviembre pasado; otro similar de Luis Petri, también de Cambiemos, y otro en términos parecidos que ingresó en marzo de 2017 en el Senado, con la firma de 13 legisladores de varios bloques sobre la base de una iniciativa que elaboraron conjuntamente la Unidad Especial de Investigación AMIA, el exsenador Mario Cimadevilla (UCR) y el senador Juan Mario Pais (PJ).

Este último proyecto había sido impulsado originalmente, en 2013, por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) luego del oscuro acuerdo con Irán que le valió a la expresidenta Cristina Kirchner la imputación por encubrimiento agravado y traición a la patria. Recordemos que merced a ese convenio y bajo el argumento de la resistencia de los cinco acusados iraníes a viajar a nuestro país para someterse a proceso, se accedía a que fueran juzgados en Irán. Los anuncios previos del Gobierno sobre el aludido proyecto suscitaron críticas por parte de aquellos que entienden que esta figura procesal, que nunca se aplicó en la Argentina, es ajena a nuestra tradición judicial.

El cuestionado juez Rodolfo Canicoba Corral, quien instruye la causa del atentado, aduce no haber sido consultado, y algunas agrupaciones que nuclean a familiares y amigos de las víctimas interpretan que solo se busca cerrar investigaciones, sin aclarar debidamente la verdad de los hechos. Cabe aclarar que ante la figura de los juicios en ausencia, hablar de pretender "cerrar" constituye un error cuando siendo públicos y, por lo tanto, desarrollados a la vista de todos, recogen cada nuevo elemento probatorio que surge manteniendo abierta la misma investigación.

El constitucionalista Daniel Sabsay trabajó en un dictamen respaldatorio del proyecto de juicio en ausencia de quienes sean imputados rebeldes en casos de violación a los derechos humanos. Convencido de que un sistema judicial eficiente e independiente debe tenerse por suficiente reaseguro para la defensa de los derechos de los ciudadanos, entendió que, si el acusado no lo utiliza, no se puede entonces garantizar la impunidad. Destaca, asimismo, el valor de la defensa en juicio y de los derechos constitucionales que asisten a cualquier persona acusada de algún delito. En la práctica, esto se traduce en que cualquier procesado goza del derecho a ser escuchado y que debe contar con la oportunidad de hacer valer sus argumentos de defensa en la forma debida, doctrina que -cabe señalar- defienden también quienes se oponen a esta figura. Plantea asimismo la nulidad del juicio si los prófugos aparecen, algo sobre lo que no coincidirían estudiosos del tema, como el camarista Marcos Grabivker.

Hacia fines del año pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se expresó a favor de contar en el país con esta herramienta legal. Por el momento, de todas las iniciativas, la que contaría con mayor aval oficial es la de Lipovetzky, quien señala en sus fundamentos que integra el Plan de Justicia 2020, del ministerio que conduce Germán Garavano. Ese proyecto propone que se aplique el juicio en ausencia en casos de genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, terrorismo internacional, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.

El juicio en ausencia resuelve aquellas situaciones en las que hubiera dificultad para conseguir la comparecencia de un imputado, sea esto, por ejemplo, por rebeldía, una vez agotadas las medidas posibles para obtenerla, por fuga o paradero desconocido habiéndose tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia, por no haber sido entregado al tribunal por las autoridades estatales competentes o por algún otro motivo. Será, pues, legal en tanto se asegure la celebración de un nuevo juicio, una vez que el acusado se haga presente o que se reinicie entonces aquel que pudo haber comenzado. Un punto clave de todo este asunto tiene que ver con la posibilidad de que el acusado a la distancia no tome debido conocimiento del proceso acusatorio en su contra y no pueda, por tanto, optar por renunciar expresamente por escrito a su derecho a estar presente o presentarse para ejercer su derecho de defensa en el contexto del debido proceso, garantizado por el artículo 18 de la Constitución nacional, que es el que asimismo se invoca doctrinariamente para considerar que estos procesos, en ausencia, serían inconstitucionales.

Debemos recordar que los derechos constitucionales no son "absolutos", pues la misma Constitución dispone la reglamentación legislativa que los adapte a la vida de relación propia de una sociedad que está en permanente cambio y evolución.

Los tratados internacionales posteriores a las modificaciones constitucionales incluyen, además, algunas disposiciones a este respecto. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el acusado de delito tendrá derecho a la garantía mínima "de hallarse presente en el proceso". Ante la comisión de un delito de lesa humanidad o de un crimen de guerra se activa el sistema de garantías previsto por el derecho internacional en materia de derechos humanos para garantizar también los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.

La jurisprudencia de nuestra Corte Suprema en materia de cooperación internacional se ha referido puntualmente a los juicios en ausencia ligados a casos en los que se debatía la extradición de una persona y se admitió su condena, a condición de que se brindaran las garantías para que el requerido en ausencia pudiera ser, posteriormente, sometido a juicio haciéndose presente, con la autorización del país que en su momento le hubiera otorgado asilo.

Hay ejemplos de rechazos de pedidos de extradición por parte de nuestra Corte Suprema, poniendo límites al considerar que puede faltar, por parte del Estado requirente, el compromiso concreto de someter a juicio a los acusados. En países como Francia e Italia la norma existe, habiéndose ya utilizado respectivamente para juzgar tanto a Alfredo Astiz como a Erich Priebke. Resoluciones de la ONU de 2006 y 2007 plantean un modelo que se ajusta a una lógica jurídica plena amparada por el derecho de las víctimas en todos los tratados internacionales.

Si el debate prosperara en la Argentina y se aprobara el juicio en ausencia, habremos contribuido a allanar un camino que permita eventualmente condenar a los acusados iraníes del más grave atentado terrorista de nuestra historia, aun cuando ellos permanezcan en su país de origen. Para ello será vital conseguir la mayoría necesaria de votos que respalden esa iniciativa en el Congreso.

El oficialismo promueve una más efectiva y rápida reacción del Estado frente al delito, motivo por el cual la sanción de un proyecto en ese sentido permitirá imponerlo también como mecanismo jurídico respecto de otros delitos transnacionales que no exijan la colaboración de la Justicia de otros países o con acusados que se niegan a declarar aquí y no logran ser extraditados. Su aprobación repercutirá beneficiosamente permitiendo, por tanto, extender su instrumentación a delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, la venta ilegal de armas y la trata de personas. Considerar estos aspectos resulta clave a la hora de suscitar los apoyos parlamentarios que sean requeridos para la aprobación de esta figura.

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