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El sano criterio legislativo

En un contexto de fuerte gasto y de presión tributaria asfixiante, los legisladores deberían obrar de otra manera a la hora de gestionar los recursos públicos
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11 de enero de 2019  

Es obvia la relevancia en la vida republicana de la actividad legislativa, propia de uno de los tres poderes del Estado. Todas las decisiones que reglamentan el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución nacional deben tomarse a través de leyes. En nuestro país, el Congreso tiene asignadas, además, otras funciones igualmente trascendentes, como aprobar el presupuesto de gastos de la administración pública nacional, prestar acuerdo para ciertos nombramientos -jueces, embajadores, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas- y hacer el seguimiento de diversos asuntos de manera permanente. La agenda de cualquier legislador debería ser, por lo tanto, intensa y con poco tiempo para cuestiones menores y superfluas.

El período de sesiones ordinarias se extiende entre marzo y noviembre de cada año. La realidad muestra que las cámaras sesionan pocas veces. Cuesta alcanzar el quorum, pues no son pocos los legisladores que se ausentan con frecuencia. Por lo general, integran más de una comisión de trabajo, por lo que una o más ausencias consecutivas postergan, cuando no traban definitivamente, el desenvolvimiento de esos cuerpos y el del plenario.

El Congreso cerró 2018 con la sanción del menor número de leyes desde el regreso de la democracia en 1983. Fueron apenas 36 normas, o sea, un promedio de cuatro leyes por mes. Algunas se lograron fundamentalmente como consecuencia de una notoria presión social. Tal fue el caso de las denominadas ley Justina, que produjo cambios razonables en la norma sobre donación de órganos, y ley Brisa, de ayuda a los hijos de víctimas de la violencia de género.

La cifra anterior más baja de sanción anual de leyes se registró en 1987, con 57 normas, apenas un año después del récord de 183 aprobadas en 1986. Ciertas cuestiones confluyen para provocar alzas y bajas en tales números. Durante los años electorales -valga aclarar que 2018 no lo fue-, diputados y senadores se abocan más a las campañas políticas que al trabajo legislativo. Eso ocurre, en realidad, en todos los cuerpos deliberativos en el mundo. Menos explicable es la irresolución de nuestro Congreso en relación con algunas otras cuestiones, como su demora en derogar la gran cantidad de leyes que han caído por desuetudo, es decir, por no haberlas aplicado durante un lapso prolongado.

En el caso particular de este gobierno ha influido, en cuanto al comportamiento general del Congreso, la situación minoritaria -excepcional en nuestra historia política- con la que cuentan Pro y sus aliados de Cambiemos. No es lo mismo tener mayoría de legisladores en ambas cámaras que ser minoría y someterse a un estado de negociación constante con la oposición. De todos modos, la búsqueda de consensos, tan propia de la tolerancia democrática, ha prevalecido, por fortuna, en muchas ocasiones desde el 10 de diciembre de 2015, según se percibió en los debates que llevaron a la sanción de la ley de presupuesto nacional para este año.

En otros asuntos, las minorías, en particular las de las bancas kirchneristas, se convirtieron en un obstáculo escandaloso. Ha sido patética la obstrucción para evitar la sanción de una ley que imponga el decomiso de bienes producto de negociados públicos y del tráfico de estupefacientes. Estas dos lacras son todavía tratadas con manifiesta vacilación por sectores perfectamente identificables de la política argentina.

A veces, diputados y senadores se dedican a tratar leyes poco útiles, cuando no perjudiciales, en tanto disponen la creación de organismos o de registros de cualquier cosa que solo agrandan aún más la elefantiásica burocracia estatal.

Lo que acaso asombra más todavía es la persistente costumbre de muchos legisladores de dedicar recursos públicos a proyectos de ley que poco o nada tienen que ver con la función del Congreso. Sobran los testimonios, tanto en el ámbito nacional como en las legislaturas locales, de leyes que declaman derechos que no se traducen en nada que cambie sustancialmente la vida de los ciudadanos.

Prototipos de tales excesos son proyectos de ley presentados el año anterior en el Congreso, como la declaración de la ciudad de Avellaneda como "capital nacional del fútbol" o la institución del maní argentino como alimento nacional. Declarar por ley a 2019 como Año del Centenario del Nacimiento de Eva Perón, según se propuso en una iniciativa, es como dictar la ley de gravedad, algo que se cumplirá inexorablemente.

Otros proyectos compiten en ese podio del dispendio de tiempo, de dinero y del sinsentido. Se pide celebrar/festejar/instituir en provincias y localidades el día o la fiesta de la sandía, la yerba, el cordero, el asado, la galleta y la boga. También, del róbalo, el chicharrón, la pelota de fútbol, la playa de río o la creación de un registro nacional de las ciudades capitales. O imponer a Misiones la condición de "provincia de la cultura hacedora".

En años anteriores ya se habían aprobado proyectos como el Día Nacional del Cuarteto; el del Reciclaje, del Reciclador y la Recicladora; la Fiesta Nacional del Cabrito; las de la Nuez, del Disfraz, de la Chaya, del Vulcanismo y del Salame Quintero, solo por mencionar algunos ejemplos.

En un contexto de gasto público exorbitante y de presión tributaria que asfixia a la población, los legisladores deberían actuar de otra manera a la hora de gestionar eficientemente los recursos de los contribuyentes. Han de priorizar aquellas cuestiones que conciernan al bienestar general sin distraerse en asuntos que pueden descartarse o bien esperar. En otras palabras, sin sano criterio es difícil mantener el rumbo más conveniente, no solo respecto de las instituciones del Estado, sino también en la vida personal de los individuos.

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