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Lucha contra las barras bravas: el Gobierno quiere pacificar las canchas en 2019

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli
Alejandro Casar González
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15 de enero de 2019  • 23:13

El Gobierno está decidido a que en los próximos meses la lucha contra las barras bravas sea uno de los ejes de su gestión. Por eso, ayer incluyó a los 284 integrantes de la hinchada de River cuyos carnets aparecen en la investigación por reventa de entradas que explotó un día antes de la fallida final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental en el listado de hinchas con prohibición de concurrencia administrativa. Y desde la Casa Rosada adelantaron que hoy saldrán en el Boletín Oficial otros 180 nombres "de otra barra muy importante del fútbol argentino". Según pudo reconstruir LA NACION, esa hinchada es la de Colón de Santa Fe.

La ofensiva se completará en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso: esperan aprobar de una vez por todas el proyecto de ley que tipifica la figura criminal del barra brava y endurece las penas para determinados tipos de delitos. "El presidente Macri quiere que la ley salga cuanto antes. Está hablando él mismo con los diputados para que todos voten a favor", contó una fuente del gobierno.

Nadie en el macrismo quiere que se repita lo que ocurrió en 2016, cuando una iniciativa similar perdió estado parlamentario. En el Poder Ejecutivo todavía tienen viva la imagen del micro de Boca cascoteado por los hinchas de River, incidente que provocó la suspensión y postergación de la final de la Copa Libertadores. Sienten que es el momento para "darle una herramienta definitiva" a la Justicia para terminar con las barras.

"Este es un logro histórico. Nunca se había hecho. Pero también es el principio de otras barras. Esta es solo la primera. Vamos a seguir con esta misma lógica, porque más allá de necesitar una ley que tipifica a una barra como un grupo criminal, las barras bravas han enfermado al fútbol y necesitamos de una vez por todas sacarlas. Nosotros vamos a ser quienes las saquemos", dice Guillermo Madero, director nacional de Seguridad en Espectáculos Deportivos. El funcionario detalla que, con estos 284 hinchas, el listado de personas con prohibición de concurrencia administrativa -es decir, dictada por el ministerio de Seguridad mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial- alcanza "a más de 4000 personas. En el último mes -precisa Madero- hemos incorporado a mil personas". Si a esa cifra se le suman los incluidos en el listado de derecho de admisión de los propios clubes, la cantidad de impedidos asciende a más de 5 mil personas. "Las restricciones, en general, tienen un plazo. Por lo tanto es una lista muy dinámica", apunta el funcionario.

Más allá de que, por primera vez, aparecen los nombres de 284 integrantes de una hinchada con prohibición de concurrencia administrativa, la resolución publicada ayer tiene otro dato histórico: es por tiempo indeterminado. Hasta ahora -así ocurrió con la barra de Boca, por ejemplo- cada vez que el Gobierno incluía a un grupo de hinchas en el listado lo hacía por un lapso preciso. En el caso de River, en rigor, influye que la causa judicial que investiga el fiscal porteño Norberto Brotto esté en plena etapa de investigación. Más allá de lo que se prolonguen las pesquisas, la resolución publicada ayer le asegura al Gobierno que los involucrados en el proceso no podrán ingresar al Estadio Monumental ni a ningún otro estadio argentino. La prohibición, además, rige para algunos países del exterior con los cuales el gobierno argentino tiene un convenio de cooperación: Paraguay, Chile, Uruguay, Rusia, Brasil y España. Si River disputara algún partido en esos países, los 284 hinchas incluidos ayer en el listado no podrían ingresar a los estadios.

En 2019, y más allá de lo que ocurra con la ley, el gobierno también quiere que los hinchas de los equipos de la Superliga estén empadronados. En ese sentido, fuentes oficiales aseguraron que una vez firmados los contratos, el proceso estaría listo "en dos meses". Eso permite pensar que para la temporada 2019/2020 de la máxima categoría podrían comenzar las pruebas piloto en los estadios argentinos. Y, tal vez, que todos los asistentes estén identificados dentro de un año, a comienzos de 2020. Todavía no se sabe si para empadronarse habrá que pagar o será gratis.

El 24 de noviembre de 2018 todavía está vivo. Los incidentes en las afueras del Monumental impidieron que un River-Boca se jugara con normalidad. Renunció un ministro de la Ciudad (Martín Ocampo) y la Argentina fue portada de los principales medios del mundo. El gobierno no quiere que la historia se repita.

Maximiliano Levy, titular de Almirante Brown, no podrá ingresar en las canchas

"Vamos a prohibir la concurrencia a espectáculos deportivos de Maximiliano Levy, electo presidente de Almirante Brown, y vamos a pedirle a la AFA que evalué la situación de Almirante Brown. La lucha contra las barrabravas es una lucha de todos", escribió en su perfil de Twitter Juan Manuel Lugones, secretario ejecutivo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, el organismo bonaerense que lucha contra los barras. Levy es un exbarrabrava de Boca que estuvo 88 días preso en 2013 por un supuesto encubrimiento a Maximiliano Mazzaro, que, en aquel entonces, estaba prófugo de la Justicia. "La Aprevide no tiene complicidades con las mafias en el futbol, ni con barrabravas, ni con exbarrabravas que intentan blanquearse en las comisiones de los clubes", continuó Lugones. El funcionario no objetó la llegada de Levy al poder en Almirante Brown, histórico club de Isidro Casanova que milita en primera B, pero dejó en claro que su decisión es no dejarlo ingresar en los estadios.

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