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El agua, una política de Estado

Cristian Mira
Cristian Mira LA NACION
Villa Minetti, una de las regiones del norte de Santa Fe con campos bajo el agua
Villa Minetti, una de las regiones del norte de Santa Fe con campos bajo el agua Crédito: Marcelo Manera
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19 de enero de 2019  • 03:00

La historia se repite. Con cada desastre climatológico la primera reacción es buscar a los culpables. Que la soja, que los desmontes, que la falta de obras, que la desidia del Estado o el cambio climático. Ahora son las lluvias que castigan al Chaco, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos. Hay también otros lugares con problemas, como parte de La Pampa o el sur de Córdoba. Lo único que no se repite y no aparece es la decisión de tomar a la cuestión del agua, por su exceso o por su escasez, como una política de largo plazo, con una visión integral.

El año pasado fue la sequía que hizo perder casi 30 millones de toneladas de granos entre soja y maíz y que también afectó a la ganadería porque muchos productores debieron vender sus animales antes de lo que preveían. También hubo excesos hídricos en abril y marzo en la zona núcleo, que dañaron la soja que estaba a punto de cosecharse. En 2017 fue castigada la cuenca del Salado. Y un año antes, la cuenca lechera de Santa Fe y Córdoba. La lista podría completarse y ser innumerable.

Algunos explican que esta situación obedece al avance del cambio climático que provoca fenómenos extremos. Otros señalan que son los regímenes habituales del clima, con la alternancia de períodos secos y húmedos. Como sea, lo cierto es que las lluvias, heladas, granizos y sequías provocan enormes daños económicos y afectan a las comunidades rurales. Y en un país como la Argentina, donde cerca del 60% del ingreso de sus divisas son generadas por la exportación de bienes agroindustriales, la cuestión del clima debería ser crucial y tomada como política de Estado.

En el mundo hay ejemplos para tomar muy en cuenta. Holanda, con parte de su territorio por debajo del nivel del mar, es el principal. Lo más importante no es tanto su pericia técnica en la construcción de canales o diques sino la gestión del agua, que tiene nivel ministerial y con la activa participación de las autoridades del agua. Como lo explicó Félix Sammartino en estas páginas en un artículo del 27 de agosto de 2016 la clave está en la gobernanza del agua https://www.lanacion.com.ar/1931709-yo-poldeo-tu-poldeas-el-poldea.

Ese es un criterio que está muy lejos de las habituales quejas de funcionarios de una provincia a otra sobre la falta de obras o el descontrol en la construcción de canales privados.

Si fuera por las cuestiones técnicas un punto de partida podría ser el que planteaba el naturalista Florentino Ameghino a fines del siglo XIX: quitar el agua de las zonas bajas expuestas a los excesos de lluvias y retenerlas o aprovecharlas para los cuando lleguen los períodos secos.

Pero el enfoque debería ser integral. No solo analizar la cuestión de la infraestructura, sino también el uso del suelo (rotación de cultivos), los sistemas de seguros y las posibilidades productivas de cada región, entre otros aspectos. Y también lo social, porque no suele considerarse que cada desastre climático provoca emigración de los lugares donde ocurre.

A propósito de las actuales inundaciones alcanza con recordar que el Noreste del país es la región con índices de pobreza más elevados. En el primer semestre del año pasado llegaba al 30,2% de las personas en las principales ciudades, según datos del Indec. (Tras el aumento del costo de vida del segundo semestre ese indicador probablemente sea mayor). Y buena parte de esos habitantes, se sabe, provienen del interior de las provincias.

¿Será muy difícil lograr la gobernanza del agua en un país que vive de la coyuntura y con reglas de juego que cambian constantemente? Hay factores políticos que no contribuyen para alcanzarla. Las obras necesarias para corregir las cuencas hídricas son costosas y se realizan en lugares donde la población es escasa y, en consecuencia, su rédito electoral es mínimo. Pero los recurrentes desastres climáticos deberían provocar una reacción diferente y fuera de toda disputa partidaria.

También las decisiones de política económica tienen su peso. Si por más de una década el Estado recaudó en concepto de derechos de exportación al agro unos 90.000 millones de dólares y ni siquiera una parte de ese monto volvió en forma de obras de infraestructura quiere decir que algo se hizo mal. Muy mal.

Es cierto que para una lluvia de más de 400 milímetros en quince días como cayeron en Las Breñas, Chaco, según consignó un informe del INTA, es probable que no alcancen las obras de canalización, pero sin gobernanza del agua estos lamentos y desastres serán recurrentes.

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