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El chavismo pone en marcha el "plan terror" para callar la protesta contra el gobierno

Desde la proclamación de Juan Guaidó murieron 35 personas; otras 850 fueron encarceladas
Desde la proclamación de Juan Guaidó murieron 35 personas; otras 850 fueron encarceladas Fuente: AFP - Crédito: Federico PARRA
Daniel Lozano
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29 de enero de 2019  

CARACAS.- La revolución puso en marcha un plan para aterrorizar a los ciudadanos que protestan y terminar así con la rebelión en las calles, reedición perfeccionada de la estrategia gubernamental empleada en 2017. Las primeras estadísticas en una sola semana dan mucho miedo: 35 asesinados a balazos, cuando solo un joven había fallecido en el mismo tiempo hace dos años, y 850 detenidos.

El 23 de enero, día que se juramentó Juan Guaidó como presidente encargado del país, se produjeron 700 detenciones, récord en la historia de Venezuela. La cifra de presos políticos al día de hoy se disparó a 976, según el Foro Penal. Otro récord histórico.

"Tenemos la cifra corroborada, con nombre y apellido, sitio y presunto responsable, de 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones en todo el país", confirmó Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG Provea.

Pese a las evidencias recolectadas por defensores de los derechos humanos, organizaciones civiles y activistas políticos, además de los documentos audiovisuales que circulan por las redes sociales ante el apagón informativo en televisiones y radios, el chavismo niega cualquier acusación. "Quieren crear falsos positivos para echar la culpa al gobierno. Nosotros no asesinamos a nadie", aseguró ayer Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

"Esto es una masacre, día a día mueren venezolanos. Siguen llegando reportes, pero muchos no se han podido reportar, porque desde el interior del país pasan horas sin luz y sin internet", denunció la abogada Ana Leonor Acosta. Voluntad Popular, el partido del preso político Leopoldo López y del propio Guaidó, eleva la cifra de muertes violentas hasta 43.

Familiares de las víctimas denunciaron que las autoridades los presionan y amenazan para falsear los documentos que señalan las causas de las muertes. "Están traficando con el dolor", sentenció Uzcátegui.

Pese al poco tiempo transcurrido, ya se presentan torturas, maltratos, abusos sexuales, detenciones arbitrarias y de menores. Las acusaciones son de obstrucción de la vía pública, resistencia a la autoridad, instigación pública, daño a la propiedad pública o privada "y en los casos más graves, terrorismo", delito que se paga hasta con 30 años de cárcel.

Lo más grave, apuntaron los defensores de los derechos humanos, es la utilización de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional para reprimir, perseguir e incluso asesinar a manifestantes, especialmente en los barrios más pobres del país.

"Se está buscando a las personas en las noches, una irrupción violenta en sus casas, entran y se las llevan", señaló Gonzalo Himiob, en referencia a la actuación de este cuerpo policial, calificado de "grupo de exterminio" por las propias ONG.

"Es un grupo comando con un gran prontuario en violaciones de los derechos humanos. Este grupo se está usando para sembrar terror", añadió Marino Alvarado, de Provea, sobre el FAES.

La diputada Delsa Solórzano, una de las redactoras de la ley de amnistía que discute el Parlamento para perdonar a los militares y civiles que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional, pidió a los miembros de las FAES dejar de asesinar venezolanos y ponerse del lado de la Constitución. A su lado, la diputada Adriana Pichardo invitó a la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a que visite Venezuela y sea "testigo de los crímenes de lesa humanidad".

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, el opositor preso en su casa, llevó el proyecto de ley de amnistía hasta el Sebin (servicio de inteligencia) en Caracas, donde está detenido el diputado Juan Requesens. "Es inhumano cómo tratan a los presos políticos", expresó.

En las listas de detenidos aparecen dirigentes regionales como Laura Gallo, madre de Gabriel Gallo, coordinador de VP en Yaracuy, un estado todavía chavista que sorprendió al lanzarse a la calle. De ahí la dureza de la respuesta: varios detenidos, desnudos, fueron golpeados con bates de béisbol por agentes dentro de las prisiones.

Ni siquiera las iglesias se salvaron de la acometida oficialista. Quince personas resultaron lesionadas o heridas en el ataque contra la Iglesia de Guadalupe, en San Francisco, estado petrolero de Zulia. La catedral de Maturín sí pudo proteger a varios cientos de opositores perseguidos por colectivos paramilitares.

En esa misma ciudad, Aurora Suárez, de 24 años, está presa. En su casa la espera su bebé de un año.

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