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Las lecciones del caso Saldaño

Juan Carlos Vega
Juan Carlos Vega PARA LA NACION
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30 de enero de 2019  

El 7 de diciembre de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Víctor Saldaño contra Estados Unidos", intima a Mike Pompeo, secretario de Estado de los EE.UU., a cumplir con el mandato de la comisión y liberar al argentino Saldaño, condenado a muerte en Texas en 1996, sentencia declarada nula por la Corte Suprema de los EE.UU. En 2005, volvió a ser condenado a muerte. Lleva 24 años en el corredor de la muerte.

La decisión de la CIDH de 2016 declara la nulidad de las dos condenas a muerte por estar ambas fundadas en discriminación racial. Todo conforme con la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, que tiene valor jurídico vinculante para los EE.UU. El Estado más poderoso del planeta es condenado por racismo en su sistema judicial. El caso Saldaño ha probado que el sistema judicial norteamericano no es igual para todos. No es lo mismo cuando se juzga a un negro, a un latino o a un chino que cuando juzga a un blanco-WASP.

En segundo lugar, ha demostrado que el "corredor de la muerte" no es una cárcel común, sino un sitio técnico de tortura que en cinco años aniquila cualquier aparato psicológico. De los 2600 seres humanos en el "corredor de la muerte", el 35% son de minorías raciales.

En la audiencia del 5 de diciembre de 2018 en Washington DC rechazamos toda posibilidad de pedir clemencia y dijimos que solo queríamos que EE.UU. cumpliera con el orden jurídico internacional y liberara a Saldaño. De allí viene la decisión de la comisión de intimar al propio secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.

El final está abierto. En los próximos meses veremos si EE.UU. acata o no los mandatos de la comisión y si respeta o no el orden jurídico internacional.

Pero el caso arroja varias lecciones para la Argentina. Veamos:

1) La absoluta inutilidad de la pena de muerte en términos de seguridad ciudadana. Estados Unidos tiene 50 estados y en 30 de ellos existe la pena de muerte. Los índices de criminalidad son exactamente iguales. Y lo que es más grave, la pena de muerte no ha logrado bajar la criminalidad. Hoy, EE.UU. tiene juntamente con China la mayor población carcelaria per cápita del mundo. 2) No se puede confundir seguridad ciudadana con mano dura policial, y menos aún con impunidad policial. 3) Nuestros políticos deben saber que la desconfianza social en la Justicia está en el centro de todos nuestros males y que sin confianza social en la Justicia los índices de criminalidad irán en aumento. De nada sirven reformas parciales de los códigos, o aumentos masivos de pena a los barrabravas o bajar la edad de imputabilidad. Un cambio en serio a favor del ciudadano debe partir de la recuperación de la confianza social en la Justicia.

El Informe del Colegio de Abogados de Córdoba de 2017 muestra el huevo de la serpiente. El 82% de los argentinos declaran tener "escasa, baja o nula" confianza en la Justicia. Y la causa principal de esa desconfianza del argentino en la Justicia es la impunidad de los delitos del poder político y económico.

El significado del "caso Saldaño" va más allá de la tragedia del argentino. En los EE.UU. abrió una puerta para que las minorías reivindiquen ante la Justicia igualdad ante la ley. En la Argentina la lucha de 20 años a favor de la vida de Víctor Saldaño la hemos llevado en soledad. Solo la Cancillería nos ha dado un apoyo humanitario. Ninguna ONG de derechos humanos ni ningún organismo oficial de derechos humanos nos apoyaron nunca. Ni durante el kirchnerismo ni durante el gobierno actual. Y esto es porque nunca aceptamos politizar ni banalizar los derechos humanos. Solo el papa Francisco nos apoyó.

Expresidente de la Comisión de Legislación Penal de la HCDN y abogado de Saldaño ante la CIDH

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