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Hora de rendir cuentas

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1 de febrero de 2019  

En un reciente número de Ideas, el suplemento cultural dominical de LA NACION, dos notas, una al lado de la otra y en igual espacio, reflejaron las posiciones diferenciadas que se dirimen en el campo de la tecnología digital respecto de la difusión de informaciones y comentarios.

En la sutil contrastación de los títulos se percibía la distancia que media entre las dos tesituras. "El presente y el futuro de las noticias es la colaboración", se presentaba la nota que firmó Madhav Chinnappa, director para el Desarrollo del Ecosistema de Noticias de Google. En cambio, el artículo de Nicolás Novoa, jurista argentino especializado en derechos de propiedad intelectual, enunciaba como advertencia: "Un cambio en el uso online de los contenidos de terceros".

A lo largo de 20 años, los medios tradicionales de prensa publicaron, como meras y curiosas novedades acreedoras de registro en sus páginas, las manifestaciones, no poco perseverantes, de los intermediarios de internet sobre los derechos que los asistían en la nueva era de las comunicaciones. No había una doctrina de los medios tradicionales para filtrar, con los beneficios de la duda y la compensación de puntos de vista, lo que entonces se decía desde empresas que adquirirían proporciones gigantescas. Tampoco hubo interés por desarrollar una doctrina a fin de que pudiera haber un debate serio sobre los alcances de la revolución en marcha y los derechos legítimos que esta potencialmente afectaba.

El progreso de esa revolución ha sido inmenso y, como todo progreso, ha estado cargado de paradojas infortunadas. El saldo negativo de su jacobinismo tecnológico comenzó a quedar a la vista hace bastantes años, pero solo ahora comienza a hablarse con gravedad de que ha llegado la hora de la rendición de cuentas.

Los cambios procedentes de la técnica y de la tecnología suelen paralizar al principio por su radicalidad inesperada. Gobernantes, legisladores, jueces, en fin, las instituciones políticas llamadas a arbitrar en favor del equilibrio social y económico, tardan en reaccionar. Se demoran en exceso, incluso, los actores que serán lastimados en sus intereses legítimos, como acaba de reconocerlo en su artículo Novoa.

Novoa ha recordado que esto mismo sucedió al abrirse en el siglo XV, con Gutenberg, otra era de proyección extraordinaria para el conocimiento. Pronto se advirtió que circulaban copias no autorizadas por los impresores (las editoriales modernas). Después de idas y venidas, la cuestión se resolvió con la primera norma sobre derechos de autor, el estatuto de 1710 de la reina Ana.

Chinnappa escribió que los grandes buscadores como Google otro tanto alardean en Facebook, Instagram y YouTube, entre otros- comparten con los medios valores fundamentales: la libertad de expresión, el acceso a la información, la posibilidad de que las sociedades estén mejor informadas. Y, en ese sentido, habrá de convenirse en que les asiste razón en cuanto a que hay un campo amplísimo para la colaboración con los medios genuinamente periodísticos. Pero el problema no es ese, sino el respeto por las reglas básicas del desenvolvimiento de cualquier actividad lícita.

En la actividad que la prensa tradicional desarrolla sin interrupciones desde el siglo XVI eso se llama, en primer lugar, prescindir del reclamo de irresponsabilidad por los contenidos que se distribuyen y, en segundo lugar, apoderarse gratuitamente, bajo la invocación de la libertad de expresión, de lo que otros producen con talento, esfuerzo y dinero. Sobre todo, cuando se trata de contenidos de alta calidad, como son los del periodismo concebido con el profesionalismo más riguroso. Eso da por supuesto, por lo demás, el cumplimiento de estándares antimonopólicos y de normas impositivas sistematizadas sobre la base del principio constitucional de igualdad ante la ley.

Si no fuera así, como hoy se denuncia ya en voz alta, se agrava más todavía la política licenciosa de eludir el pago de derechos por la utilización del trabajo de terceros con los beneficios asociados. Novoa anotó, como novedad importante en la dirección correcta, la directiva adoptada en septiembre por el Parlamento Europeo de que se compense económicamente a los editores y otros titulares de derechos por la utilización de sus contenidos en línea.

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