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Es lamentable que el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso se encuentre suspendido; aplazar los debates es demorar el hallazgo de soluciones
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7 de febrero de 2019  

Febrero podría llegar a ser un mes bisagra para intentar dar respuesta a muchas cuestiones de trascendencia político-electoral, pero todo indica que eso no va a ocurrir.

Es lamentable que el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso haya quedado suspendido como consecuencia del temor del gobierno a sufrir algún traspié parlamentario y de la desidia de una oposición renuente a debatir en tiempo y forma.

Faltan pocos meses para que empiece a funcionar el engranaje electoral con vistas a los próximos comicios y el país sigue sin contar con una ley de financiamiento político que prohíba el abuso de la utilización de fondos públicos y los aportes de dinero en efectivo, blanquee la procedencia y utilización de las remesas que reciben los partidos, regule la publicidad oficial de forma que no pueda usarse de manera partidaria y establezca un mecanismo ágil y eficaz para el control de los gastos de campaña.

Falsos aportantes, gastos incomprobables, donaciones encubiertas y apoyos económicos abiertamente incompatibles han sido moneda corriente de cada campaña electoral desde hace muchísimos años. La amplia mayoría de los partidos y agrupaciones políticas no ha podido demostrar de una manera clara y transparente, y con la debida rendición de cuentas, cómo se financia. Recordemos que muchos empresarios denunciados en los cuadernos de las coimas adujeron que los dineros aportados eran en concepto de "gastos de campaña".

Son muchas las organizaciones que reclaman terminar con el manejo espurio de dicho financiamiento. Un ejemplo de ello lo constituye la solicitada que un grupo de ONG publicó en los medios con el título "La transparencia del financiamiento político y electoral es un compromiso colectivo", en la que, entre otros conceptos, se expresa con acierto que "el financiamiento de las campañas electorales influye en la calidad de la democracia". Suscriben esa solicitada la Red Acción Política (RAP), el Cippec y Poder Ciudadano, a la que adhirieron otras importantes entidades. De allí la necesidad de legislar sobre este tema que no es el único que debería ser habilitado en extraordinarias.

También urge que el Poder Ejecutivo, siguiendo su propia línea de pensamiento y los anuncios que ha venido realizando, convoque sin más demora al Congreso para tratar la ley sobre barrabravas. Según anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el mes pasado, el Gobierno tenía previsto para este mes que los legisladores debatieran una norma con el fin de prevenir y combatir la violencia y las mafias en el fútbol. Un proyecto en ese sentido tomó impulso tras el escándalo de la final de la Copa Libertadores, pero el debate se empantanó en torno al artículo que establece penas de prisión para la tenencia de entradas no oficiales a los partidos. El Gobierno defiende ese castigo, pero la oposición lo considera excesivo. En el mientras tanto, no solo la corrupción sino también la violencia se siguen enseñoreando en las canchas, con el trágico saldo de víctimas de todo tipo.

Otro de los temas urgentes por tratar es el del DNU suscripto por el Presidente sobre la extinción de dominio. Si bien ese instrumento se encuentra a la espera de que se cumplan los plazos para que sea analizado por la comisión bicameral, que deberá dictaminar sobre su aceptación o rechazo, el Congreso podría y debería sancionar una ley en la materia. De ese modo, se despejarían las críticas respecto de si es constitucional o no que la cuestión se haya zanjado mediante un DNU y, de una vez por todas, se daría una respuesta a la sociedad, que espera con ansiedad que los legisladores decidan sobre la forma en que se habrán de recuperar los bienes que la corrupción ha robado al Estado, es decir, a todos los ciudadanos.

En el temario de extraordinarias también debería figurar la transferencia del narcomenudeo a tribunales locales para que, desfederalizando ese delito, sea más efectivo el combate contra el narcotráfico.

La baja de la edad de imputabilidad, como hemos señalado recientemente desde estas columnas, es una discusión que debe darse, pero no de manera aislada, sino en el contexto de una política de Estado a largo plazo, que incluya, entre otras cuestiones, la creación de entidades que posibiliten a los adolescentes que delinquen educación, formación moral y laboral, y aprender a respetar los derechos de los demás.

También resta aprobar casi un centenar de pliegos de jueces que ya se encuentran en el Senado y otros 30 más que el Poder Ejecutivo se apresta a enviar para cubrir vacantes en diversos fueros.

Se espera, además, que en esa agenda que se viene dilatando inexplicablemente se incluya la extensión del registro de toma de ADN a abusadores, violadores y otros protagonistas de delitos violentos.

Faltan muy pocos días para que el Presidente se dirija al Congreso en orden a habilitar un nuevo período de sesiones ordinarias. Ello ocurrirá, como todos los años, el 1° de marzo.

Pretender aplazar sin fecha el debate de estos y otros tantos temas tan sensibles como vitales será un fracaso, tanto del Gobierno como de la oposición política.

Las diferencias deben ser planteadas en las comisiones legislativas y en los recintos parlamentarios, de donde pueden y deben salir los consensos más firmes posibles para dar respuesta a los temas más acuciantes que siguen sin solución en nuestro país.

¿De qué serviría volver a llevarlos a la campaña electoral si, cuando pudieron haberse definido en el Congreso, no se demostraron ni la voluntad política ni la madurez suficiente para hacerlo?

Como bien ha dicho para el caso específico del financiamiento de las campañas electorales el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi: "Desde 2009, no tenemos un dato certero sobre quién financia la política en la Argentina. Más información es más transparencia".

Adherimos fervientemente a esa consideración y la extendemos a otros tantos temas que requieren soluciones urgentes.

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