Suscriptor digital

¿Es aplicable en el país la doctrina de "sospechosos preventivos"?

Juan Gabriel Tokatlián
Juan Gabriel Tokatlián PARA LA NACION
(0)
14 de febrero de 2019  

Lynn Stephen, eminente profesora de Antropología de la Universidad de Oregón y actual presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, ofreció, en abril de 2015, una conferencia magistral en la ciudad de Pittsburgh en la que acuñó el concepto de preemptive suspects; sospechosos preventivos, sería la traducción al español. Su idea fue retomar la idea de prevención que encierra la noción militar de acción preventiva ( preemptive action) y que se refiere a un acto armado anticipado -más allá de la evidencia e inminencia fáctica-frente a fuerzas que se cree que tienen la intención de atacar a un país o a sus ciudadanos. El concepto que define Stephen es tributario de ese tipo de lógica: actuar de manera vehemente y con anticipación ante un hipotético mal.

Para ella, Estados Unidos ha creado un conjunto de políticas y prácticas en el ámbito migratorio en el que mexicanos y centroamericanos constituyen un riesgo por lo que son tratados como criminales. Son "sospechosos preventivos"; "gente identificada, detenida, maltratada y hasta asesinada debido a que son categorizados como peligrosos y/o desechables". Deben ser perseguidos e incluso eliminados "como algo necesario en nombre de la seguridad". Niños y mujeres provenientes de Centroamérica y México son hoy los principales "sospechosos preventivos".

Me sirvo de los aportes de Lynn Stephen para preguntarme: ¿qué tanta disposición oficial y/o aceptación ciudadana habría en la Argentina para el establecimiento de una doctrina semejante?

Analizar los datos de inseguridad en el país y la forma como se aborda este tema en el Gobierno puede ayudar a responder esa pregunta. Según datos del Ministerio de Seguridad, la tasa de homicidios dolosos fue de 6% en 2016 y bajó a 5,2% en 2017, lo que hace de la Argentina el país con una de las cuatro tasas más bajas del continente: conviene recordar que la de Brasil en 2017 fue de 30,8%.

La Cumbre del G-20 de 2018 en la Argentina fue la más tranquila y pacífica de los últimos cónclaves de ese grupo, habiendo sido la anterior, en Hamburgo, muy violenta. Allí hubo 186 detenidos, 225 arrestos temporales y 475 policías heridos. Las diversas manifestaciones en Buenos Aires transcurrieron en orden y sin incidentes. Asimismo, de acuerdo con el Índice de Criminalización que elabora la Universidad Di Tella, que se lleva adelante en cuarenta centros urbanos y cuyo objetivo es cuantificar los hogares cuyos miembros sufrieron al menos un delito en los últimos doce meses, de 33,7% en abril de 2018 se bajó a 26,3% en noviembre. De noviembre de 2017 a noviembre de 2018 no existió un deterioro en materia de inseguridad: hubo, de hecho, un leve descenso pues se pasó de 27% a 26,3%.

En cuanto a la medición de los jóvenes y el delito, un informe de 2017 del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires sobre investigaciones relacionadas con homicidios dolosos, del total de los sindicados al momento del relevamiento del estudio, el 89,5% eran personas mayores de edad. De acuerdo con el Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, los delitos cometidos por jóvenes vienen disminuyendo desde 2009. En cuanto a la nacionalidad de quienes delinquen en la Argentina, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Penas del Ministerio de Justicia, el 94% de los detenidos son argentinos.

En relación con los pueblos originarios, el informe del Ministerio de Seguridad y los gobiernos provinciales de Río Negro, Neuquén y Chubut de 2017 sobre la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) destacó que ese movimiento tiene un vínculo "fundamental" con la Coordinadora Arauco Malleca (CAM), originada en Chile. La CAM opera, según dicho documento, "como la organización madre de la RAM". A su turno, "la Justicia chilena ha imputado a la CAM por actos de terrorismo". A pesar de que se buscó vincular a los mapuches en la Argentina con actores terroristas, en marzo de 2018 el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que "confundir a los mapuches con terrorismo es un tremendo error".

En tiempos recientes también resurgió el tema de hipotéticas células dormidas de terroristas musulmanes en la Triple Frontera. Pero en este caso tampoco hay evidencias de que del lado argentino haya grupos vinculados al terrorismo chiita. Además, paradójicamente, a través de la comunicación A 6619 del 26 de diciembre de 2018 el Banco Central estableció que las casas de cambio ya no deben informar sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas que se presumen potencialmente vinculadas al lavado de activos utilizados, por ejemplo, en el financiamiento del terrorismo.

En sintonía con este diagnóstico, a todas luces equívoco o sobredimensionado, en los últimos dos años, y muy especialmente en el último trimestre, con vistas a las elecciones de este año, el Gobierno ha intentado ubicar el tema de la inseguridad en el centro de la agenda pública. No hay duda de que muchos ciudadanos tienen una percepción negativa sobre el estado de seguridad en el país y la gestión de Cambiemos ha hecho su aporte a esta percepción construyendo amenazas por doquier: manifestantes, jóvenes, extranjeros, mapuches, musulmanes.

Además, el Gobierno dispuso el uso de pistolas Taser a pesar de que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas indicó en su momento que "está preocupado porque el uso de esas armas provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura, y en algunos casos, puede incluso causar la muerte". Y tuvieron gran eco mediático las palabras de la ministra de Seguridad, en las que alienta el uso privado de armas, a pesar de que datos de 2001-02 muestran la estrecha relación entre registro y uso de armas y crecimiento de los homicidios.

En breve, la propensión oficial a crear amenazas parecería indicar que la Argentina sí sería un espacio fértil para la doctrina de sospechosos preventivos.

Profesor Plenario de la Universidad Di Tella

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?