Nuevos tiempos para la Corte bonaerense

El tribunal más antiguo del país, por impulso del gobierno provincial, volverá a tener siete miembros
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5 de mayo de 2002  

Como un ser viviente, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires comienza, una vez más, a cambiar la piel.

El tribunal judicial más antiguo del país, cuyo linaje hace palidecer otras testas coronadas, no sólo cubrió con el jurista Francisco Roncoroni la vacante dejada por Guillermo David San Martín, sino que también comienza un recambio que -medido con un reloj histórico- es bastante regular.

Por impulso del gobierno de la provincia, el alto cuerpo, que ahora cuenta con nueve sitiales, volverá -ley mediante- a tener siete miembros. Mientras tanto, se descama: a la jubilación del doctor San Martín se le han agregado otros éxodos, casi simultáneos.

Se van los jueces Elías Homero Laborde, Ernesto Ghione (dos históricos en la Justicia bonaerense) y Alberto Pisano, tal vez demasiado joven para la jubilación que usó como explicación.

Existe la idea fundada de que el ministro Juan Manuel Salas seguirá el mismo sendero en poco tiempo más. Logrado el nombramiento de Roncoroni, un apolítico, el Poder Ejecutivo fue por más y propuso la designación del administrativista Daniel Soria, hombre de la matriz del peronismo.

Si el impulso sobre Soria prospera, la Corte de siete ministros llegaría a una mayoría de jueces llegados directamente de cargos políticos -siempre desde el justicialismo-, con Juan Carlos Hitters, Eduardo De Lázzari, Eduardo Petigiani y el mencionado doctor Soria.

Números ideales

Se dice que la Corte Suprema de Justicia de LA NACION nunca estuvo mejor que cuando contaba con cinco miembros.

La Suprema Corte ha tenido cinco, siete y nueve ministros a lo largo de su historia.

¿Hay un número óptimo para este cuerpo colegiado?

Los expertos dicen que no: un tribunal de cinco decide con mayor velocidad que otros, pero su palabra -que es judicialmente santa- puede obtenerse con sólo tres votos.

Con nueve, cada expediente tardará más, pero se supone que los fallos serán el resultado de un debate amplio.

Lo óptimo -se explica- no está en un número mágico, sino en las personas; en sus historias y en los tiempos políticos en que los recambios se producen.

A través del tiempo

Esta Corte ha participado en toda la historia argentina y es también su reflejo. Las modificaciones y los nombres -siempre transitorios- no alteran su esencia.

La primera aparición de este cuerpo es de 1661, cuando la ya declinante Casa de Austria fundó la (primera) Real Audiencia de Buenos Aires, escisión de la de Charcas.

Había una razón elemental: los fraudes que se cometían aquí contra la Real Hacienda. El viejo contrabando, base y esencia de la forma de vida en estas regiones.

Comenzaba el dominio marítimo de Holanda y de Inglaterra: "Hay que precaver el concurso de tanto navío extranjero", había dicho en 1659 la Junta de Guerra.

Esa Audiencia tuvo presidente, oidores, fiscales y escribanos. Comenzó en 1663 y cesó en 1672, saboteada por el comercio "exportador".

Tras eso tan breve, la verdadera Audiencia de Buenos Aires llegó un siglo después. Funcionó desde 1783, hasta entrada la Revolución de Mayo: 1812.

Fue un tribunal que reflejaba la idea colonial en la dinastía borbónica, que quería dar muestras de su dominio, como la fundación del virreinato, en 1776.

Esa audiencia tuvo un carácter pretorial definido: el virrey era el presidente.

Fue el más alto cuerpo de Justicia, "Supremo Tribunal Indiano, donde finiquitaban los pleitos de América".

Su primer titular fue el marqués de Loreto, y el último, Cisneros.

Tierra propia

Tras la Revolución de Mayo, la Audiencia siguió inercialmente, hasta el 23 de enero de 1812, cuando el Primer Triunvirato intentó aprovechar el esquema judicial heredado de la corona.

Dictó el reglamento de instituciones y administración de justicia en el Río de la Plata, "... un breve y notable código de procedimientos de cincuenta y seis artículos", según Ricardo Levene.

Nació así la Cámara de Apelaciones, que iba a funcionar hasta 1859, aunque sus verdaderas normas de actuación sólo surgieron de la Asamblea de 1813.

El primer presidente fue Juan Luis de Aguirre y la integraron, entre otros y a través del tiempo, José Díaz Vélez, Gregorio Tagle, Dalmacio Vélez Sarsfield, Benito Carrasco y Juan José Alsina.

Después de la tormenta

Caído Rosas en Caseros, Buenos Aires encaró el camino de la segregación. Dictó en 1854 su Constitución y estableció el Superior Tribunal de Justicia, que iba a durar hasta 1875.

No fue fácil el comienzo: la disputa en la Cámara de Senadores entre Valentín Alsina y Marcelo Gamboa -sesión del 22 de septiembre de 1857- tomó el tribunal como eje, pero fue más allá: las opiniones eran calladas apelaciones sobre la unidad nacional.

Juan José Cernadas y Francisco de las Carreras se alternaron por años en la presidencia del cuerpo.

La Constitución bonaerense de 1854 quedó en desuso, por los vaivenes de la historia. En la Carta de 1873, Buenos Aires se reconoció "parte integrante de la República Argentina".

El Superior Tribunal se convirtió en la Suprema Corte de Justicia, cuerpo que carecía de casa propia (estaba en danza la cuestión Capital), pero tenía número: cinco miembros y un secretario letrado.

Una norma perdida (la ley 949, de Presupuesto Judicial para 1875) reveló que la Corte tenía "cinco jueces, un secretario, un ujier, dos escribientes, un ordenanza y un portero".

El alto cuerpo cubría la amplitud de cuatro departamentos judiciales: Capital (La Plata), Centro (Mercedes), del Sud (Dolores) y del Norte (San Nicolás de los Arroyos); todo el Estado provincial, como hoy.

Hasta el 15 de abril de 1884, la Corte bonaerense funcionó en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires.

Ese día se traladó a la flamante capital provincial, La Plata, y ocupó las instalaciones del Banco Hipotecario, que hoy son las de la Universidad Nacional.

Su radicación definitiva en el Palacio de los Tribunales (manzana de 13, 14, 47 y 48), fue el 13 de marzo de 1886.

Por reforma de la Carta provincial en 1889, se creó la figura del procurador general, que forma parte de la Corte y es la cabeza del Ministerio Público.

La ley 1431, de 1936, extendió a siete el número de jueces del alto cuerpo.

El artículo 22 de la ley 5827 -del 22 de junio de 1955- clarificó la cosa: la Suprema Corte -dijo- se integra con siete miembros y un procurador general.

Finalmente, en 1966, la ley 7079, fijó en nueve el número de ministros, cantidad que vuelve a estar en debate.

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