Suscriptor digital

El Gobierno invita a la OEA en el caso AMIA

El Presidente dispuso convocar al organismo y marcó diferencias con su antecesor.
(0)
3 de agosto de 2000  

El Gobierno invitó anoche a un delegado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a presenciar el juicio oral por el atentado contra la AMIA, en el que murieron 86 personas y hubo más de un centenar de heridos, con lo que colocó a la justicia argentina bajo la lupa internacional. El observador tendrá además acceso a todo el proceso judicial previo.

La invitación, la primera de este tipo que se cursa en forma oficial, fue incluida en el descargo que la Cancillería hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, luego de la denuncia de Memoria Activa.

La decisión de convocar al organismo internacional fue impulsada por el propio Fernando de la Rúa, en un gesto que lo diferencia claramente de su antecesor, Carlos Menem, que resistió la injerencia de la comisión.

Los dirigentes de Memoria Activa recurrieron a la comisión en septiembre último para alegar que todavía no se impartió justicia por el sangriento ataque y pedir que sea la CIDH la encargada de 0las investigaciones.

El Gobierno, que respondió con la invitación, sostuvo ayer que resulta prematuro aún que un organismo internacional se haga cargo de investigar un delito ocurrido aquí. Una de las condiciones legales para habilitar a la CIDH como nueva instancia es que "se hayan agotado los procedimientos judiciales internos". Es decir, que se haya puesto punto final a la investigación en el país de origen. Y ello, en el caso de la AMIA, no ocurrió.

"No corresponde continuar con las tramitaciones de la denuncia en el ámbito internacional, toda vez que en el orden interno no se han agotado las instancias de investigación y el juicio oral y público", esgrimió el Gobierno, en su descargo, al que tuvo acceso La Nación .

Inmediatamente, cursó la invitación: "Es intención del gobierno nacional que la Comisión pueda disponer de la más amplia información vinculada al desarrollo del proceso judicial, asistiendo al mismo a través de un observador especialmente designado".

En el caso de que la CIDH conteste favorablemente a la iniciativa presidencial, un emisario de esa comisión podrá llegar a partir de hoy a la Argentina para seguir de cerca la causa abierta tras el ataque a la AMIA, el 18 de julio de 1994.

A la vez, dicho enviado tendrá derecho a asistir, otra vez como observador, al juicio oral dispuesto por el juez federal a cargo del caso, Juan José Galeano. En el banquillo, estarán sentados sólo dos imputados: Carlos Alberto Telleldín, ex comerciante de autos robados, y Juan José Ribelli, ex comisario de la policía bonaerense.

Precisamente, los peticionantes de Memoria Activa se opusieron, también en su demanda, al juicio oral, por considerar que a las investigaciones le restan un largo trecho hacia adelante y que los acusados no son todos los culpables.

Pero el Gobierno estimó ahora que "la realización de un juicio oral no significa la paralización del juicio de instrucción, el que sigue su marcha con el objeto de lograr el total esclarecimiento del hecho y la identificación y detención" de todos los autores e ideólogos del ataque.

La apuesta oficial

"Se convocó a un obervador de derechos humanos porque este gobierno realmente tiene la intención de profundizar las investigaciones y concretar los juzgamientos y confía en la voluntad oficial de hacerlo", dijo a La Nación el representante especial para derechos humanos en el ámbito internacional de la Cancillería, Leandro Despouy. Fue él quien redactó la respuesta, que fue remitida anoche a Washington.

En la Casa Rosada el cálculo es simple. También lo es la especulación. El oficialismo está dispuesto a hacer un lugar para el observador a cambio de que la OEA se abstenga, al final, de involucrarse en el caso.

En otras palabras, se confía en que si la CIDHdestina finalmente un experto para la observación, al cabo de ellas dé por cerrada la instancia de la comisión interamericana.

"De aceptarse esta propuesta, se requiere a esa ilustre comisión que postergue todo pronunciamiento sobre este caso hasta que haya concluido el juicio oral y público, oportunidad en la que estará en condiciones de evaluar adecuadamente el esfuerzo real que está efectuando el Estado argentino para investigar", pidió Despouy en una misiva enviada a las autoridades de la CIDH.

Más allá de la diferenciación respecto del gobierno de Menem, que rechazó de plano la presentación de Memoria Activa y negó con mayor énfasis los términos y violaciones delatados por los demandantes, la administración aliancista no cambió el fondo de la cuestión.

Por un lado, abrió la puerta a la OEA, pero por el otro puso obstáculos a que las investigaciones se realizaran en Washington, aunque no hay problema, dijo, para que se las observe aquí.

Otra diferencia estuvo marcada en el tono con que De la Rúa aludió a los demandantes. Ellos habían sido criticados con dureza por Menem.

Para Despouy, la actitud aliancista "constituye hoy una posición constructiva, porque el Gobierno reconoce que hay que hacer un esfuerzo mayor en materia de esclarecimiento y juzgamiento, pero por fin no hay ánimo de confrontar, sino de conciliar".

En rigor, la primera respuesta a la CIDH por la causa iniciada por Memoria Activa fue confeccionada hace poco más de ocho meses por funcionarios menemistas, quienes consideraron que las investigaciones del juez Galeano constituían "un ejemplo de actuación judicial".

Calificaron, además, como "disvaliosa" la petición, que contó con el aval de una decena de organismos de defensa de los derechos humanos.

También, sostuvieron que no fueron todos los familiares de las 86 víctimas fatales los que demandaron, sino sólo los pertenecientes a Memoria Activa, por lo que minimizó la iniciativa.

Esta vez, el gobierno aliancista, que tenía plazo para hacer su descargo hasta mañana, dijo "entender que es ajeno al espíritu y la letra de los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como injusto y equivocado, incurrir en evaluaciones cuantitativas respecto de las características de los peticionarios". Lo hizo en la página 5 de las 18 remitidas, vía fax, a la CIDH.

En apuros

Además de fustigar a los demandantes, el ex presidente puso en apuros a los miembros de la CIDH.

"Con la contestación de Menem pasó algo inédito: se nos remitió un breve escrito asegurando que ya se había investigado todo y, como prueba, envió más de 500 kilos de documentación, por lo que fue un incordio retirar esos papeles de la aduana y conseguir un lugar para almacenarlos", recordó ante La Nación Jorge Taiana, relator de la CIDH para la Argentina.

La Argentina es el país más acusado por violaciones de derechos humanos ante la CIDH. Hoy hay abiertas 58 causas. "Sólo el año último se presentaron 123 denuncias, muchas más que en el resto del hemisferio", comparó el comisionado para asuntos de América latina de la CIDH, Robert Goldman.

Todo ello, pese a que sus fallos, en la práctica, sólo tienen el alcance de una recomendación, pero jamás el rigor de una decisión definitiva. De todas formas, De la Rúa ya invitó a la OEA a sumarse en la partida.

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?