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El rol fundamental del ciudadano

Para que haya cambios en la administración, el vecino debe impulsarlos
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6 de julio de 2001  

Si hay algo que quedó claro en el debate sobre el funcionamiento de la Justicia, que se realizó anteayer en la Bolsa de Cereales con destacadas personalidades de este ámbito, es el rol que tiene el ciudadano común para presionar sobre las autoridades para que impulsen cambios estructurales en la administración judicial.

Especialistas como Horacio Lynch, ex presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores); Luis María Bunge Campos, fiscal nacional en lo criminal; Juan María Farina, doctor en ciencias jurídicas; Julián Arturo de Diego, abogado especializado en temas laborales, y Juan Pardo, gerente del departamento jurídico de Esso, hicieron una autocrítica sobre la Justicia durante el encuentro organizado por la Fundación Diario La Nación , Pricewaterhouse Coopers y Margarita Porcel.

Durante el debate se habló de los cortos horarios de atención de los juzgados y las extensivas y "absurdas" ferias judiciales (45 días por año), que no hacen más que demorar los juicios y la obsoleta estructura de los juzgados.

Ignacio González García, socio de Pricewaterhouse Coopers, abrió el fuego con un comentario. Mostró cómo cayó la confianza en la Justicia, (en 1984, el 58% de los ciudadanos confiaba en ella; hoy, sólo el 18%). Enseguida preguntó al panel: "¿Quién debería convocar la reforma, las máximas autoridades del país? ¿No habría que autoconvocarse?".

Lynch señaló que el desinterés popular por la administración de Justicia de los años 70 cambió hoy por un descontento popular. Y si bien afirmó que la "situación es preocupante", mencionó dos cambios positivos: la creación del Consejo de la Magistratura y la puesta en marcha del enjuiciamiento penal oral.

Para Bunge Campos, las reformas mencionadas por Lynch no fueron suficiente. "Si la Justicia fuera una empresa, estaría quebrada por la insatisfacción de los clientes", dijo. "El rol del ciudadano es golpear las puertas de los legisladores para plantearles que cumplan el mandato constitucional", concluyó.

Tanto De Diego como Juan Pardo subrayaron la necesidad de revertir la demora de los juicios.

De Diego, laboralista, dijo que, si bien la industria del juicio desapareció, la demora en los fallos es notoria.

El debate fue clausurado por el presidente del directorio de S. A. La Nación , Julio Saguier, que destacó el interés de la concurrencia por el debate en cuestión.

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