Macri no pagó otra cuota del canon del Correo

Debe 257 millones de pesos; en el Gobierno amenazan con la rescisión
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11 de septiembre de 2001  

Ayer venció una nueva cuota del canon del Correo Argentino, con lo que la deuda del concesionario trepó a 257 millones, ya que no paga desde el año último.

"El Gobierno sigue reclamando el pago; y si el concesionario no paga se caerá la concesión cumplidos los plazos procesales", dijo una fuente del Ministerio de Infraestructura.

"No vamos a pagar hasta que no resuelvan nuestros reclamos", replicó un vocero de la empresa.

Pasados 15 días hábiles del vencimiento del canon, el Estado debe notificar a los socios del concesionario -la Corporación Financiera Internacional, un organismo del Banco Mundial que otorga préstamos al sector privado, y el Banco Galicia-, que tendrán, a su vez, 60 días para pagar lo adeudado y hacerse cargo de la operación, si así lo desearan.

El concesionario reclama cerca de 100 millones de pesos por servicios prestados a distintas reparticiones oficiales. También interpuso una serie de reclamos administrativos y judiciales por presuntos incumplimientos del contrato de concesión por parte del Gobierno, tales como asimetrías laborales, y falta del cumplimiento de las exclusividades en la emisión filatélica, por ejemplo. En la empresa dicen que el total de los reclamos suma unos 700 millones de pesos.

Rescindir o renegociar

La semana última trascendió que el procurador general del Tesoro dio marcha atrás al megadecreto mediante el cual el Gobierno le reconocía al concesionario sólo parte de sus reclamos, 34 millones por servicios prestados en 1999, con lo que volvió a fojas cero una situación que parecía a punto de resolverse. La semana última, Jorge Aguado, vicepresidente de Sociedades Macri (Socma), y el presidente del Correo Argentino, Horacio Losovitz, se reunieron con el ministro Carlos Bastos para pedirle que la deuda sea cancelada en efectivo, y no en bonos, tema que todavía el Gobierno no definió.

En ese contexto, las opciones son rescindir el contrato o renegociar con Macri las condiciones de la concesión.

Ambas posibilidades son igualmente complicadas, ya que, en caso de rescindir el contrato, el Estado -además de enfrentarse a un posible juicio- debería volver a tomar el control de la empresa y ponerla en orden para una nueva licitación.

Al Gobierno le preocupa también las elecciones de octubre: aunque está en discusión qué empresa realizará el procesamiento de los datos, la única con capacidad para realizar la distribución de las urnas en todo el país es la red del Correo Argentino. Mientras tanto, el Ministerio de Infraestructura volvió a poner el foco en la redacción del marco regulatorio del sector postal como una manera de ordenar la situación del mercado. En el nuevo reglamento están trabajando la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y también la Secretaría de Defensa de la Competencia, a cargo de Carlos Winograd.

En rigor, el marco regulatorio del sector está dando vueltas desde marzo, luego de un intento fallido del Ministerio de Infraestructura, que en ese momento estaba en las manos de Nicolás Gallo.

El primer marco establecía que los operadores postales debían tener determinada cantidad de vehículos y de empleados, ya que se disponían distintas categorías de correos, para dar servicios locales, regionales o nacionales.

Las nuevas reglas

Las nuevas reglas que se están terminando de definir establecen una licencia general de operador postal, que puede prestar servicios en todo el país. Entre las exigencias, determina que las empresas deberán certificar sus operaciones bajo normas ISO, y pagarán un canon anual acorde con su facturación, que podría rondar el 1 por ciento. Hoy, los correos pagan sólo un permiso anual de 5000 pesos.

También se establece la corresponsabilidad de las empresas que contraten correos clandestinos, como una manera de controlar la evasión en el sector, una de las principales demandas del Correo Argentino.

Desde el viernes, los trabajadores del Correo están cumpliendo paros en turnos rotativos, ya que la empresa no completó el pago de los sueldos de este mes. "No sabemos qué va a pasar con la empresa", dijo Ramón Baldassini, el veterano dirigente de la Foecyt, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telégrafos.

Los gremios le pidieron una audiencia al presidente Fernando de la Rúa, pero todavía no obtuvieron respuesta.

Mondino pide audiencia

Según un informe del Ministerio del Interior, durante 2000 fueron cometidos 537 delitos contra el ejercicio de la actividad postal: es decir, un promedio de 1,47 delito por día, a los que debe adicionarse la apertura clandestina de piezas postales con expoliación de su contenido que se produce en las empresas.

Con esos datos en la mano, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, recomendó al Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación que convoque a una audiencia pública para tratar el nuevo marco regulatorio de la actividad postal, a los efectos de lograr un servicio "puntual, confiable y eficiente para la población". Mondino señaló que "los reclamos que tanto usuarios individuales como organizaciones sectoriales han realizado motivaron el inicio de investigaciones sobre diferentes aspectos de la problemática del Correo, y permitieron diagnosticar numerosas y graves fallas en el sistema postal argentino".

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) realizó una ronda de consultas para la definición del nuevo contexto regulatorio, que establece, entre otras cosas, que las empresas postales deberán certificar bajo normas de calidad ISO 9000.

Ahora, con las observaciones que hicieron las empresas y las asociaciones de consumidores, el Ministerio de Infraestructura se apresta a redactar el reglamento definitivo.

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