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Prisión preventiva para Carlos Grosso

El ex intendente menemista fue responsabilizado por asociación ilícita; sigue en libertad, pero el fiscal pedirá su detención
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16 de marzo de 2002  

Cuando en 1992 dejó la intendencia porteña en medio de una catarata de denuncias por corrupción, Carlos Grosso (PJ) aseguró: "Yo el costo político me lo banco; pero el judicial, no". Durante más de un lustro, su vaticinio se cumplió. Pero en 1998 un juez lo procesó por primera vez y, ayer, la Cámara del Crimen dictó su prisión preventiva por considerarlo coautor de asociación ilícita, el mismo delito que mantuvo seis meses encerrado al ex presidente Carlos Menem.

Pese al fallo, como la causa por irregularidades en la licitación del complejo Golf-Velódromo de Palermo se tramita con el viejo Código Procesal Penal de la Nación, Grosso está en libertad porque la Sala VII de la Cámara no dispuso que la prisión preventiva fuera con privación de la libertad. Los camaristas Abel Bonorino Peró y José Manuel Piombo responsabilizaron al ex intendente por asociación ilícita, un delito que prevé una pena excarcelable de tres a diez años para los miembros de la organización y eleva el monto mínimo a cinco años para los organizadores o jefes de la banda.

Cuando pasado mañana reabran los tribunales, el fiscal Pablo Lanusse pedirá la detención del ex funcionario porque considera que la medida debe ordenarse, a menos que la defensa de Grosso pida la eximición de prisión y ella sea concedida inmediatamente por el juez de instrucción Eliseo Otero, dijeron fuentes con acceso al expediente.

Por cuarta vez

Los camaristas Bonorino Peró y Piombo revocaron ayer por cuarta vez el sobreseimiento definitivo de Grosso y de otros nueve ex funcionarios municipales y empresarios que presuntamente se beneficiaron con la licitación. Entre ellos figura el actual legislador porteño Eduardo Félix Valdez (PJ), que deberá ampliar su declaración.

Los magistrados trabaron un embargo sobre los bienes del ex intendente de 10 millones de pesos y ordenaron al juez Otero que tome cuatro nuevas indagatorias y defina la situación procesal del ex concejal y hoy legislador porteño Jorge Argüello (PJ), del ex edil Francisco Siracusano (Ucedé) y de Héctor E. Antonio, hijo del empresario peronista Jorge Antonio.

En una extensa resolución, a la que tuvo acceso LA NACION, los camaristas recogieron los argumentos del fiscal Lanusse y del ex querellante de la Defensoría del Pueblo porteña, Eduardo Guarna, y criticaron el desempeño del juez Otero.

Los magistrados recordaron el procesamiento de Grosso que dictó en 1998 el juez de instrucción Ricardo Farías por defraudación a la administración pública y violación de los deberes por haber entregado dos hectáreas al Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), y destacaron que la conducta del ex intendente y de otros acusados en esta causa también se repitió en otros expedientes, como el de la llamada Escuela Shopping y el del Campo Hípico Municipal.

Fundamentos

"El aporte probatorio arroja un cúmulo de presunciones graves, precisas y concordantes que permiten fundadamente sostener la conformación desde la gestión municipal de Grosso de una unidad corporativa donde con la concurrencia de otros funcionarios del más alto nivel de ese Estado se ideaban cursos de conducta tendientes a despatrimonializar al erario, violando las normas que regían los procesos administrativos para la concesión de bienes y su exportación, sin trepidar en cometer otros (hechos) ilícitos", concluyeron los camaristas.

El jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, que en 1991 presentó la denuncia por irregularidades en la licitación del complejo Golf- Velódromo dijo a LA NACION que "el de la Cámara es un fallo que se contrapone con tanta impunidad reinante y, aunque en forma tardía, confirma la percepción de la sociedad respecto de Grosso".

En el mismo sentido, el fiscal de Cámara Norberto Quantín opinó: "Entre muchas decepciones y tantas piedras en el camino de la investigación, reconforta observar que, aunque tarde, la Justicia llega".

Grosso no respondió ayer la llamada de LA NACION. Un allegado, que pidió el anonimato, calificó el fallo como "un cacerolazo jurídico" y señaló que el ex funcionario analiza recurrir a la Corte Suprema.

Carlos Grosso

Pasos trascendentes de su actuación pública

  • En campaña: en el invierno de 1987, Grosso, junto con otros dirigentes, se afianza en el peronismo porteño y se prepara (con Jorge Argüello, Carlos Ruckauf, Inés Botella y Dante Gullo) para las elecciones legislativas previstas para fines de ese año, en el que el radicalismo sufre un traspié importante frente al justicialismo.
  • En lo más alto: el 8 de julio de 1989 el presidente Carlos Menem lo nombra intendente de la Capital y emprende una serie de proyectos, algunos muy costosos, para renovar y cambiar a la ciudad de Buenos Aires. A fines de 1991 inicia una campaña destinada a limpiar de pintadas políticas las fachadas y preservar así el patrimonio edilicio porteño.
  • En el banquillo: al promediar 1993, Grosso comienza a ser citado por distintos juzgados de instrucción, en los que debe explicar su sospechada actuación en algunas licitaciones de obras públicas en la ciudad como, entre otras, la llamada Escuela Shopping, en la zona de Once, y la construcción de un complejo en las instalaciones del velódromo y el golf.
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