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Impulsar la reforma judicial

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28 de octubre de 2000  

EL gobierno nacional no debe abandonar el objetivo de impulsar la reforma judicial, que hace varios meses anunció el Ministerio de Justicia.

A mediados de año, Ricardo Gil Lavedra, en ese momento titular de la cartera mencionada, hizo pública la intención de introducir importantes reformas en el sistema de administración de justicia, mediante la transformación del funcionamiento de los juzgados, sujetos todavía "en más de un aspecto" a procedimientos de trabajo técnicamente obsoletos. Dijo que se impulsaría la introducción de tecnología y de otras herramientas que redundarían en beneficio de los justiciables.

Las reformas proyectadas, si bien tímidas, fueron vistas como un primer paso para mejorar el desempeño de nuestros tribunales y de nuestros jueces. Con ese entendimiento, el entonces ministro de Justicia presentó su programa a la Corte Suprema, a la espera de que el alto tribunal acompañase el proceso.

Nadie duda acerca de la necesidad imperiosa de mejorar la administración de justicia y contar con una Justicia plenamente confiable. La eficiencia en el sistema judicial no es un problema de recursos; constituye, en rigor, un problema de administración. El reclamo en favor de un cambio se escucha, con la fuerza de un clamor, proviene no sólo de los particulares que recurren a los estrados judiciales para resolver sus conflictos, sino también de los empresarios y actores del mundo económico, como se puso de manifiesto hace un mes durante el coloquio organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial en la Argentina (IDEA), en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En ese foro, el presidente de la República se comprometió a respetar la independencia de la Justicia y a promover el programa integral de reforma judicial. La seguridad jurídica es un factor esencial para la competitividad de un país.

Los expositores muy concretamente reclamaron que se avanzara hacia una reforma que disminuyera el riesgo jurídico y que se asegurara la existencia de instituciones estables. Asimismo, que se establecieran reglas y leyes justas y se garantizaran la independencia y la confiabilidad del Poder Judicial.

Pidieron también que se trabajara para la mejorar la calificación del país, que ocupa el puesto 55 entre 70 naciones, analizadas en punto a eficiencia judicial. Y formularon otros reclamos: el dictado de una ley de emergencia judicial y la adopción de medidas concretas de efecto rápido, que se enumeraron; reforma de los horarios y el régimen laboral; que el propio Poder Judicial se involucre en la reforma, que la sienta propia y participe activamente en su promoción y elaboración; que la Corte limite su labor a las causas trascendentes, que el ministro Antonio Boggiano calcula en 146 sobre 6241 causas en trámite; y, finalmente, una convocatoria a mejorar el gerenciamiento y la administración. Se trata, en suma, de que la reforma judicial deje de ser anunciada y proclamada y pase a ser ejecutada.

La denuncia por presuntas coimas contra tres camaristas del fuero comercial "sobre lo cual informó extensamente La Nación en su edición de ayer" ha producido un fuerte impacto emocional en la opinión pública, que la ha recibido como uin signo más de la declinación del sistema judicial y de la necesidad de producir cambios en su estructura interna.

Cuando hac e algún tiempo surgieron señales de que se empezaba a caminar, por fin, hacia la instrumentación de la reclamada reforma judicial, la delicada crisis política que se desató en el país produjo el cambio de gabinete que arrastró la renuncia del ministro Gil Lavedra, sin que se clarificara suficientemente el motivo de ese relevo.

Designado como nuevo ministro de Justicia el doctor Jorge de la Rúa, un jurista de primer nivel, renace en la ciudadanía la esperanza de que lel postergado plan de reforma sea, por fin, impulsada. La decisión que se tome respecto de la continuidad ol el reemplazo de los funcionarios que más han trabajado en favor de ese plan constituirá seguramente una señal sobre el real interés del Gobienro por llevar adelante los cambios que la sociedad está reclamando.

Es imprescindible que las autoridades adviertan la importancia de introducir una profunda y sistemática transformación del sistema de justicia, que posibilite la adecuación de nuestros tribunales a las actuales necesidades y que dote al país de la confiabilidad institucional necesaria para la consolidación del orden republicano.

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