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Condenó el Grupo Río la ruptura democrática

Luis Moreiro
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13 de abril de 2002  

SAN JOSE.- Catorce jefes de Estado latinoamericanos, reunidos ayer en la XVI Cumbre del Grupo de Río, condenaron la interrupción del orden constitucional en Venezuela e instaron a la normalización de la institucionalidad democrática en ese país, pero se abstuvieron de legitimar, o no, al gobierno de Pedro Carmona, tras la caída del presidente Hugo Chávez.

En un escrito de seis puntos, dado a conocer en forma conjunta por los presidentes de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez; de Perú, Alejandro Toledo, y de Chile, Eduardo Lagos, los participantes de la Cumbre, que se desarrolló hasta ayer en esta ciudad, lamentaron los hechos de violencia y la pérdida de vidas humanas en Caracas. La declaración sostiene, además, que acompaña "al pueblo venezolano en su deseo de reconstruir una democracia plena, con garantías ciudadanas y respeto de las libertades fundamentales".

El cuidado y detenidamente estudiado texto de la declaración condena "la interrupción del orden constitucional" que, según afirma, fue generado "por un proceso de polarización reciente".

Los mandatarios también solicitaron al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, "que se disponga a tomar contacto con la realidad política de Venezuela a través de los medios que considere más adecuados". En el mismo tono, indicaron que solicitaron a Gaviria la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, conforme el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, para realizar "una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que considere convenientes".

En rigor, los mandatarios aquí presentes evitaron hacer cualquier declaración concluyente sobre la crisis venezolana. Adujeron carecer de la información necesaria -"noticias fragmentadas", fue el término más utilizado- como para tener un completo cuadro de situación. "Sólo sabemos lo que nos dicen nuestros embajadores en Venezuela y en la OEA", se excusó Toledo cuando un ejército de periodistas intentaba, vanamente, extraer alguna declaración concluyente.

Poca claridad

Los mandatarios, con la excepción del argentino Eduardo Duhalde, tampoco quisieron definir como golpe de Estado la caída del régimen de Chávez. "Ha llegado a nuestros oídos que el fiscal general de Venezuela dijo no haber recibido el texto de la supuesta renuncia de Chávez", reconoció Toledo durante el mismo contacto con la prensa. "Lógicamente, si ni los venezolanos tienen clara la situación, mal podemos nosotros hacer desde aquí una evaluación compleja", concluyó.

El mismo camino eligió su par chileno, Eduardo Lagos. "Lamentamos profundamente los hechos de violencia y la pérdida de vidas humanas. Instamos también a la normalización de la institucionalidad democrática, pero al no tener el cuadro completo de situación le pedimos a la OEA que sea la encargada de hacer una evaluación del asunto", dijo Lagos. Aclaró que, tal como se ven las cosas hasta el momento, "sería apresurado hacer declaraciones concluyentes".

Lagos también reconoció que durante la caótica noche del jueves funcionarios del saliente gobierno venezolano habían mantenido contactos informales con la embajada chilena en Caracas a fin de pedir asilo político. "Fueron nada más que consultas extraoficiales y que, en ningún caso, se reiteraron en forma oficial", comentó. No dijo quiénes eran los que habían sondeado a su gobierno con ese fin.

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