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Las tierras de Retiro

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30 de octubre de 2000  

EL Estado nacional aspira, según anunció en forma pública el ministro de Economía, José Luis Machinea, a obtener pingües ganancias por la venta de los terrenos ferroviarios de Retiro. No obstante, la realización de esa iniciativa de neto cariz financiero podría no ser tan sencilla como, en apariencia, lo deja trasuntar el anuncio oficial.

¿Se conciliaría dicha operación con el contexto del denominado Proyecto Retiro, que, de acuerdo con las previsiones de las autoridades porteñas, tiene por mira la urbanización de esa amplia zona de la ciudad?

Es previsible que los compradores del vasto predio en que aún subsiste la parrilla ferroviaria se embarquen en tan cuantioso gasto animados por el legítimo interés de sacar buen provecho de su inversión. Pero ocurre que si bien los terrenos son propiedad del Estado nacional, los organismos competentes del gobierno local están investidos de la atribución de fijar las normas mediante las cuales se determinará qué se podrá hacer en ese lugar y cómo habrá que hacerlo.

Por lo pronto, el Proyecto Retiro ya ha generado opiniones controvertidas. Organizaciones no gubernamentales defensoras de la calidad ambiental y entidades vecinalistas interpretan que esas tierras deberían ser utilizadas pura y exclusivamente para construir espacios verdes de uso público y de tal manera empezar a compensar el déficit que en ese sentido padece la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, desde otros sectores, especializados en los temas del transporte, fueron formuladas documentadas reflexiones respecto de si no resultaría más provechoso y práctico conservar en su ubicación actual las instalaciones ferroviarias -estaciones terminales incluidas- que, de acuerdo con los planes primitivos, podrían quedar desactivadas o ser trasladadas hacia la zona portuaria.

Además, el gobierno de la ciudad habría decidido redefinir el Proyecto Retiro. En ese caso, las urbanizaciones previstas ocuparían menor superficie de las parcelas ferroviarias y, por otra parte, los terrenos donde actualmente se encuentra ubicada la llamada Villa 31 tendrían por destino la construcción de bloques de viviendas destinados a la radicación de los actuales ocupantes de ese asentamiento de emergencia. Si así fuese, no habría que dejar de reparar en que esa loable y solidaria finalidad acaso sería incompatible con los planes elaborados para que las tierras ferroviarias y portuarias -hoy en día deficientemente aprovechadas- contribuyesen al mejoramiento y desarrollo globales de la metrópoli. Ante esa circunstancia, y sin por ello desentenderse de la calidad de vida de quienes son merecedores de que se les conceda la oportunidad de acceder a un techo digno, tal radicación tal vez podría ser concretada en un sitio más apropiado y viable.

Nada hay de objetable, por supuesto, en el propósito de obtener recursos presupuestarios genuinos para poder compensar otras imprescindibles erogaciones, anticipado por el ministro de Economía de la Nación. Sin embargo, sería positivo que en este caso en particular y antes de seguir adelante con la probable venta de los terrenos de Retiro, el gobierno nacional conciliase esa intención con las iniciativas alentadas por las autoridades locales. Y, también, que ambas jurisdicciones les prestasen atención -por lo menos- a las razonables aspiraciones de los habitantes de Buenos Aires.

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