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El proceso judicial y la electrónica

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10 de julio de 2002  

En septiembre de 2001, los representantes de casi todos los poderes judiciales del país, de la Procuración General de la Nación, de la Defensoría General de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional firmaron el Convenio de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, respondiendo a una iniciativa del Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación.

El acuerdo establece que las comunicaciones que deban enviarse entre sí los distintos tribunales del país y los integrantes del ministerio público (fiscales, defensores, asesores de menores) se harán por vía electrónica, sin uso de papeles.

Seis provincias –Santiago del Estero, Río Negro, Tucumán, Neuquén, Mendoza y San Juan– están realizando los ajustes técnicos y la capacitación necesaria para ejecutar lo acordado, con el apoyo de la Junta Federal de Cortes y del Ministerio de Justicia de la Nación. El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) ha tenido una participación decisiva en la elaboración y concreción de este convenio.

Sin embargo, aún falta que lo apruebe el Poder Judicial de la Nación a través de una resolución del Consejo de la Magistratura, que no debería demorarse. Las ventajas que tendrá su puesta en marcha son tantas y tan claras que sería difícil comprender que los tribunales nacionales no participaran de su fase de instrumentación.

Las comunicaciones que se realizan habitualmente entre dependencias judiciales ubicadas en diferentes jurisdicciones para producir pruebas, pedir informes, trabar medidas cautelares o realizar cualquier otro trámite siguen en la actualidad un camino que podría describirse adecuadamente con un ejemplo. Si un juez de Córdoba debe pedir a su par de la ciudad de Buenos Aires que tome declaración a un testigo domiciliado en la urbe porteña, dicta con ese fin una resolución. El abogado cordobés de la parte interesada en la declaración del testigo concurre a la mesa de entradas del juzgado para copiar la resolución, lo que no podrá hacer si el expediente no está disponible en mesa de entradas por cualquier motivo. Una vez copiada la resolución, marcha a su estudio para redactar e imprimir un proyecto de oficio, que vuelve a llevar al juzgado para que los empleados verifiquen si está confeccionado tal como se ordenó. Luego de esa verificación, los empleados lo pasan a la firma del juez o del secretario.

Obtenida esa firma, trámite que generalmente insume algunos días, el abogado debe concurrir nuevamente al tribunal para retirarlo y, en algunos casos, debe también gestionar ante una cámara de apelaciones un sello de autenticación. Después, envía el oficio a un abogado porteño que lo lleva a la oficina judicial indicada. Sólo en ese momento la resolución del juez cordobés surte el simple efecto para el que fue dictada: comunicar algo.

Una vez implementado el convenio, para lo que no se requieren inversiones significativas ni demasiado tiempo, una comunicación como la que hemos propuesto en nuestro ejemplo se haría por medio de un simple mensaje de correo electrónico firmado digitalmente, enviado de juzgado a juzgado.

La firma digital, regulada en la ley 25.506, garantiza que el mensaje proviene de quien aparece como remitente y que no ha sido alterado. La intervención de la Subsecretaría de la Gestión Pública es decisiva, pues este organismo aporta la infraestructura necesaria para la generación de los certificados digitales. Hoy esta dependencia se encuentra en el límite de su capacidad operativa, los cambios de funcionarios nombrados políticamente y los vericuetos burocráticos impiden aumentar la capacidad de conexión del organismo para prestar este servicio.

En definitiva, siguiendo con el ejemplo anterior, el juez porteño podrá enterarse de lo que le pide su colega cordobés en el mismo momento en que la resolución quede firme, con mayores garantías de seguridad que las actuales. Y la respuesta, en caso de ser necesaria, irá por el mismo medio. Se eliminarán todos los pasos intermedios que dilatan el resultado que se busca y que aumentan el costo de la gestión, con beneficio tanto para el Poder Judicial como para los litigantes, que son los destinatarios últimos del servicio.

Ahora bien, la introducción de tecnologías de la información en la administración de justicia no puede limitarse a casos como el que hemos descripto. El siguiente paso, que podría darse igualmente sin necesidad de grandes cambios estructurales ni de inversiones cuantiosas, es el de notificar por vía electrónica no sólo los trámites u oficios sino también las resoluciones que dictan los jueces.

Las notificaciones insumen la mayor parte de los papeles que integran un expediente; lo que equivale a decir la mayor parte del tiempo que demora el proceso. En rigor, se trata –otra vez– sólo de trasladar información. Pero en este caso hay que adecuar los códigos procesales

El gran objetivo hacia el cual debe avanzarse es la completa digitalización del arcaico expediente judicial, que es sólo una recopilación de información que puede administrarse sin necesidad del papel. Los tribunales eliminarán buena parte de la actividad meramente burocrática, la información estadística y jurisdiccional se generará de modo automatizado y transparente, y los pleitos serán más breves y costarán menos.

El avance que se propicia dejará dos importantes lecciones. En primer término, se logrará que distintas instituciones estatales, de nivel nacional y provincial, junto con el apoyo de organizaciones no gubernamentales preocupadas por los mismos temas, trabajen de manera coordinada. En segundo término, se demostrará que muchas veces las soluciones no exigen una gran inversión en infraestructura sino voluntad y capacidad para gestionar mejor lo que ya se tiene.

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