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Premio a la excelencia judicial

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14 de octubre de 2002  

DESDE hace demasiado tiempo la confianza de la ciudadanía en sus jueces se halla extremadamente debilitada. A los viejos problemas vinculados con la ineficiencia del Poder Judicial argentino, se debe sumar la fuerte sensación de su falta de independencia respecto del poder político y, en no pocos casos, la percepción de conductas corruptas por parte de algunos magistrados.

Existen indicadores suficientes de que buena parte de la población ha dejado de creer en la Justicia como fuente protectora de los derechos y del castigo de quienes delinquen. También de que, en distintos fueros y jurisdicciones, nuestro sistema judicial se encuentra virtualmente impedido de resolver en tiempo y forma el abultado número de expedientes que posee dadas las actuales limitaciones en materia de infraestructura técnica y administrativa.

Más de una vez se ha dicho en esta página que si la sociedad desconfía de sus jueces y tiene la certeza de que el sistema de administración de justicia es ineficiente, muy difícilmente podrá crecer espiritual y materialmente. Este dato tiene inevitables consecuencias negativas en la marcha de la economía del país y en la percepción de potenciales inversores nacionales y, sobre todo, extranjeros. Seguridad jurídica y crecimiento económico son dos términos que siempre van de la mano.

Pese a este triste diagnóstico, resulta injusto no reconocer que la Argentina cuenta con un gran número de magistrados honestos y capaces, con excelente formación académica. Aunque muchos lo duden, ellos conforman la mayoría silenciosa dentro del vapuleado sistema judicial de nuestro país.

Rescatar a jueces y funcionarios que diariamente luchan con denuedo y con su conducta ética contra la negativa percepción social sobre el Poder Judicial y contra las dificultades presupuestarias y técnicas contribuirá, sin duda, a mejorar nuestra Justicia.

En tal sentido, merece elogiarse la iniciativa del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), que con el apoyo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y con el auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco Río, ha instituido el Premio a la Excelencia Judicial, que el 24 del actual se entregará a un juzgado de primera instancia nacional en lo civil y a un juzgado de primera instancia nacional criminal y correccional de instrucción.

Los objetivos del otorgamiento de este galardón son destacar la existencia de buenos jueces y de juzgados eficientes como medio para recuperar la confianza ciudadana en la Justicia, además de estimular la excelencia en la gestión e identificar las mejores prácticas para su posterior difusión en el sistema judicial.

Particularmente interesante resulta analizar los indicadores que ha utilizado el jurado para la definición de los premiados. Se evaluó la tasa de demora inicial, que expresa el tiempo que tardaría cada juzgado en resolver los casos en trámite, tomando como referencia, más que la demora real de cada expediente, el grado de congestión del tribunal. También se tomó en consideración la tasa de resolución, que refleja la proporción de expedientes resueltos en un año con respecto a los que ingresan, y la tasa de pendientes, que indica la relación entre la cantidad de expedientes sin resolver y los que ingresan anualmente. Otras variables empleadas en la evaluación, exclusivamente para los juzgados de instrucción, son la tasa de archivo, que da cuenta de la cantidad de causas en las cuales la investigación penal no prospera; la tasa de prescripción, que indica el número de causas en las que la instrucción penal fracasa definitivamente por el paso del tiempo, y la tasa de elevación a juicio, que es un indicador de éxito de la investigación instructoria.

La evaluación del jurado contempló además una encuesta anónima a 75 abogados y fiscales que respondieron preguntas sobre un grupo preseleccionado de juzgados civiles y de instrucción.

Es probable que iniciativas como la encabezada por el Fores contribuyan a generar incentivos entre quienes integran el Poder Judicial, al premiar la contracción al trabajo y la ejemplaridad ética. Un comentario aparte merece la labor de los medios de comunicación, que habitualmente destacan los malos ejemplos que a menudo se ven en la Justicia -como por otra parte debe ser- y muy pocas veces los casos positivos, que no son tan pocos como se podría suponer. El ejercicio responsable del periodismo ayudará indudablemente a que la visión negativa de la opinión pública sobre sus magistrados no sea absoluta.

Evidente resulta que los cambios profundos en nuestro sistema judicial dependerán de reformas estructurales pendientes que permitan dotarlo de eficiencia y, fundamentalmente, del debido respeto por el principio de independencia de poderes. Pero entretanto, todo cuanto pueda hacerse para ir recreando la confianza ciudadana en la Justicia será bienvenido.

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