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Una reforma impostergable

Adrián Ventura
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27 de noviembre de 2002  

Todas las escuelas provinciales dedicadas a la capacitación de magistrados y funcionarios y las universidades que tienen maestrías en esa materia firmarán un convenio para instrumentar la red federal de capacitación judicial.

Este es uno de los resultados inmediatos de la reunión que mantuvieron en San Nicolás, durante tres días, 55 líderes de distintos sectores del ámbito del Derecho, muchos de ellas jueces de tribunales nacionales y provinciales, directores de colegios profesionales y abogados, pero también empresarios, que se reunieron para repensar el futuro de la Justicia.

Fue éste el cuarto encuentro anual, realizado en las comodidades del hotel Colonial. Hacia fines del año último, distintos sectores políticos y ciudadanos hablaban de la reforma política y de uno de sus capítulos, la reforma de la Justicia. En ese contexto, la Asociación Conciencia y la Fundación Konrad Adenauer impulsaron, con aquel objetivo, un Encuentro para el Consenso, al que se sumaron otras entidades, como el Foro de Estudios para la Administración de Justicia y, también, el programa de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia.

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Cuando a comienzos de año, a instancias de la Iglesia se reunió la Mesa del Diálogo Argentino, el capítulo Reforma de la Justicia era uno de los más desarrollados y, luego de que los partidos virtualmente le dieron la espalda y los líderes eclesiásticos, desilusionados, se alejaron, la Mesa de Justicia fue la única que siguió trabajando periódicamente, en reuniones mensuales que se efectúan en la cartera del área y en los talleres de San Nicolás -que continuaron a instancias del Grupo Impulsor, conducido por Teodoro Kreckler-, con el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la conducción de dos facilitadores expertos en técnicas de estrategias de conversación colaborativa, Adam Kahane (ya realizó estos trabajos para la Shell y, también, en Sudáfrica y Guatemala, donde condujo distintos procesos cívicos) y Jorge Talavera.

Durante el taller anterior se habían desarrollado cursos de acción muy concretos, con proyectos sobre casas de Justicia, justicia de paz, escuela judicial, juzgado modelo y esquemas de control de calidad para medir la productividad de los juzgados de todo el país.

Por supuesto, no estuvieron ausentes, durante charlas informales en los pasillos, la preocupación por la decisión del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, de suspender al Consejo de la Magistratura de esa provincia, ni las actitudes de otros de los candidatos presidenciales frente los tribunales de sus propias provincias.

Pero la labor de este taller no tuvo relación alguna con esos avatares y se concentró en pensar qué caminos deben tomar las reformas judiciales frente a distintos escenarios posibles para la Justicia (desde una situación de caos hasta un poder dominado por las influencias del extranjero) y la Argentina, en 2020.

Es sin duda encomiable que sectores cívicos no cesen de repensar estrategias para mejorar uno de los sectores institucionales más postergados, y cómo acercarlo a la gente. Falta, tan sólo, que los políticos se pongan a tono.

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