Procesaron a cuatro directivos de LAPA

También a miembros de la Fuerza Aérea
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23 de diciembre de 2000  

La tragedia de LAPA, por más de un motivo, es única. Fue el peor accidente de la aviación comercial de la Argentina y generó una decisión judicial sin precedente: cuatro directivos de la compañía y tres altos jefes de la Fuerza Aérea fueron procesados ayer porque un juez cree que contribuyeron a la muerte de 67 personas.

En una resolución de 1200 fojas, el juez federal Gustavo Literas desnudó la "ineficiencia" de la Fuerza Aérea para garantizar la seguridad de los vuelos y destacó gruesas fallas estructurales del Aeroparque.

El 31 de agosto de 1999, el vuelo 3142 que se dirigía a Córdoba no pudo despegar, atravesó la avenida Rafael Obligado y ardió frente al complejo Punta Carrasco. Murieron 63 de las 95 personas que iban a bordo -entre ellos el piloto, el copiloto y una azafata- y cuatro transeúntes y conductores que esa noche pasaban por el lugar.

La Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil concluyó que la tragedia fue producto de un "error humano", porque "la tripulación olvidó extender los flaps (alerones) para iniciar el despegue y desestimó la alarma sonora que avisaba sobre la falta de configuración para esa maniobra".

Sin embargo, el informe final entregado al juez en mayo último admitió que hubo errores de la compañía y de la propia Fuerza Aérea, que favorecieron la tragedia.

El magistrado responsabilizó ayer al presidente de la empresa, Gustavo "Andy" Deutsch, al director general Ronaldo Boyd y a los gerentes Fabián Chionetti y Nora Arzeno por el delito de estrago culposo, que prevé una pena excarcelable de uno a cuatro años de prisión.

Literas también consideró que la Fuerza Aérea, encargada del control de toda la aviación en el país, contribuyó a que se produjera el accidente.

Por eso, procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público al ex jefe del Comando de Regiones Aérea brigadier mayor Enrique Dutra, al ex jefe de la División de Habilitaciones comodoro (R) Damián Peterson y al ex titular del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial comodoro (R) Diego Lentino.

El juez resolvió mantener la libertad provisional de los procesados, pero embargó sus bienes hasta cubrir la suma de 40.850.000 pesos.

"Existen prima facie, a esta altura, suficientes elementos para sostener que los imputados cumplieron de manera negligente aquellos deberes y obligaciones a su cargo, como consecuencia de lo cual determinaron la creación de una situación de peligro que derivó en la producción del siniestro investigado, a partir del ingreso en la firma del comandante Gustavo Weigel, permitiendo el desarrollo de toda su trayectoria en la empresa, hasta el momento de la configuración de la tripulación que se hizo cargo del vuelo 3142 del 31 de agosto de 1999, ", concluyó Literas.

El magistrado dictó la falta de mérito de otros 16 imputados en la causa y sobreseyó a otras ocho personas a las que había indagado durante el transcurso del año.

En el fallo, Literas no se limitó a analizar el accidente de Aeroparque: desmenuza el funcionamiento y las deficiencias del sistema de aeronavegabilidad argentino.

A la hora de analizar las responsabilidades de los acusados, el juez citó un informe de auditoría que realizó en los últimos meses la Organización de Aviación Civil Internacional y señaló que comparte sus conclusiones.

Ese documento criticó la "capacidad de vigilancia de la seguridad operacional y el cumplimiento de las normas y métodos recomendados" por parte del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea (CRA).

"La CRA no ha establecido una política clara de selección de los inspectores ni planes para la instrucción inicial y periódica de su personal que contemplen los mínimos necesarios para el desarrollo de sus funciones en las áreas de otorgamiento de licencias y supervisión de las operaciones", destacó el juez.

Literas también cuestionó el funcionamiento de la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas (DHA) y la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA), que tienen función de vigilancia y contralor.

"La DHA es una organización compleja y sobredimensionada, que carece del número suficientes de inspectores -opinó el magistrado-. Mientras se encuentran actualmente vigentes 8884 licencias de pilotos, el organismo cuenta con sólo 87 inspeccciones de operación de aeronaves.

La DNA no está mejor. El Registro Nacional de Aeronaves "tiene un registro de 5166 aeronaves matriculadas, pero la DNA cuenta con un plantel de 50 inspectores".

Obstáculos y peligros

Para el juez, el Jorge Newbery no es seguro por los obstáculos, como la casilla de gas del complejo Punta Carrasco, "que ponen en peligro la seguridad de las maniobras realizadas en las operaciones de despegue y aterrizaje que se realizan en el lugar".

Por eso, resolvió poner en conocimiento del ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos e Infraestructura de la Nación, José Luis Machinea, y del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, las fallas descubiertas durante la investigación.

También comunicará al Ministerio de Trabajo supuestas "irregularidades de la empresa en vacaciones del personal de vuelo, habilitaciones de técnicos y de mecánicos y en el dictado de cursos de emergencia".

Hernán Munilla Lacasa, uno de los abogados de LAPA, opinó en diálogo con La Nación que "el juez prescindió de prueba importante pedida por la defensa e hizo un análisis parcial de elementos arrimados a la causa".

El letrado adelantó que interpondrán "los recursos pertinentes para tratar de corregir en la Cámara Federal la arbitrariedad en la que incurre el juez".

En una solicitada que se publica en esta misma edición, la empresa LAPA ratificó la culpa de los pilotos en la tragedia y recordó que su compañía de seguros ya pagó 12.186.667 pesos en concepto de indemnizaciones.

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