Un escándalo que sacudió a Chile

Hubo un robo de más de US$ 105 millones en una corporación estatal y cayó un grupo financiero
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30 de marzo de 2003  

El gobierno chileno se ha visto sacudido en las últimas semanas por un escándalo de proporciones que ha afectado seriamente el sistema financiero trasandino provocando la caída de uno de los conglomerados financieros más importantes del país (Inverlink), desatando una minicorrida sobre la industria de Fondos Comunes de Inversión y obligando al propio presidente Ricardo Lagos a asumir un elevado costo en términos personales y políticos.

Los protagonistas principales de esta historia son: el presidente del Banco Central, Carlos Massad, y su secretaria Pamela Andrada; el presidente y el gerente general del Grupo Financiero Inverlink, Eduardo Monasterio, y Enzo Bertinelli, respectivamente, y el vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (Corfo), Gonzalo Rivas (yerno del presidente de la república). Sin embargo, los damnificados de este escándalo son otros: los inversores que confiaron sus ahorros a Inverlink, los trabajadores del grupo y el propio Estado, es decir, todos los chilenos que fueron víctimas de una estafa millonaria. Entre los inversores afectados se encontraban municipios como los de Viña del Mar y Coronel, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Mutual del Ejercito y la Aviación.

La historia comienza el pasado 30 de enero de 2003 cuando el Banco Central detecta una filtración en información privilegiada desde la computadora del presidente de la institución, Carlos Massad. Dicha información era enviada por su propia secretaria, una atractiva morena de ojos verdes llamada Pamela Andrada al gerente general del Grupo Financiero Inverlink, Enzo Bertinelli.

La publicidad de la maniobra conduce a investigaciones en distintos ámbitos, judiciales y administrativos. Mientras que el Consejo de Defensa del Estado se constituye como querellante en esta causa, el Banco Central efectúa la denuncia por el robo de información y las superintendencias de Pensiones y la de Valores y Seguros comienzan una investigación de las operaciones involucradas.

El siete del actual estalla un segundo escándalo, al descubrirse que el jefe de la Tesorería de la Corfo (una especie de Banco de Inversión y Comercio Exterior argentino), Javier Moya, le había robado a la compañía estatal certificados de depósito a plazo por un valor aproximado de 105 millones de dólares, entregándoselos para su venta a la agencia bursátil del mismo Grupo Inverlink. Esos certificados fueron vendidos en el mercado a inversores que los compraron de buena fe.

La gravedad del robo a Corfo provoca la renuncia del vicepresidente, Gonzalo Rivas, yerno del presidente de la república.

El primer mandatario, mal asesorado, y tratando de reducir el impacto político del robo a la compañía estatal, declara públicamente el 10 del actual que, al haberse identificado a los estafadores y a los certificados, los mismos deben ser restituidos a Corfo, desconociendo implícitamente el derecho a cobrarlos a sus nuevos poseedores.

Estas declaraciones provocan una corrida contra la industria de fondos comunes de inversión (principales tenedores de estos certificados), obligando al ministro de Economía a desdecir al presidente y reconocer los derechos de los inversores que habían actuado de buena fe. El 13 del actual el Ministerio de Economía informa que Corfo pagará los títulos involucrados, mientras aguarda las determinaciones de la Justicia respecto de las responsabilidades de cada uno de los participantes.

Simultáneamente, nuevas denuncias de inversores estafados ponen en evidencia la existencia de una agencia bursátil "informal" y paralela a Inverlink administrada por accionistas del mismo grupo.

Como saldo de todos estos sucesos, el Gobierno de Ricardo Lagos suspendió las celebraciones previstas por su tercer año en el poder, el mercado de capitales y el sistema bancario sufrieron un golpe bajo su línea de flotación (la confianza del público), muchos inversionistas que creyeron confiar sus ahorros a un grupo sólido hoy se encuentran sin nada, mientras que los 2500 trabajadores de Inverlink afrontan un futuro incierto.

Si bien, distintos directivos de Inverlink y Corfo han confesado y enfrentarán el dictamen de la justicia, millones de dólares robados no han sido hallados aún y se supone descansan en cómodas cuentas en el exterior a nombre de algunos de los directivos denunciados.

Ejemplo para la Argentina

Sin embargo, y mas allá de la anécdota, existen serias implicancias en términos de políticas públicas que pueden ser incorporadas al caso argentino.

Inverlink constituía un típico conglomerado financiero diversificado con participación en las áreas de fondos comunes de inversión, administradoras de pensiones, manejo de activos, operaciones de leasing, empresas de salud, de seguros de vida y patrimoniales, etcétera.

Las investigaciones llevadas a cabo en distintos ámbitos han demostrado que las estafas se han consumado a través de una intrincada red de empresas vinculadas pertenecientes al propio grupo. El caso Inverlink ha evidenciado los riesgos de contagio inherentes a estos conglomerados, a través del impacto que han sufrido todas las compañías del grupo, así como la resonancia que ha generado en distintos sectores del sistema financiero.

El superintendente de Valores y Seguros de Chile, Alvaro Clarke, ha señalado como consecuencia de este caso, que una asignatura pendiente en la legislación chilena es la discusión de la ley de conglomerados financieros.

Las implicancias de estos grupos en términos sistémicos y de protección al consumidor de servicios financieros son motivo de preocupación por parte de reguladores y de hacedores de política de todo el planeta desde hace años. En este sentido, el Parlamento Europeo recientemente aprobó una directiva que obliga a todos los países de la Comunidad a mejorar el control de las operaciones intragrupo en un plazo perentorio.

En la Argentina, este debate brilla por su ausencia, mientras los conglomerados financieros administran más del 80% del ahorro de los argentinos que se canaliza al sistema, incluyendo bancos, AFJP, compañías de seguros y fondos comunes de inversión.

El sentido común dice que la necesaria reformulación del sistema financiero argentino deberá tener como un ingrediente central una discusión de fondo sobre el diseño institucional de los participantes y los reguladores de servicios financieros.

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