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Críticas a Uribe por el fallido rescate

Los familiares de los rehenes en manos de las FARC exigieron que se ponga fin a las operaciones militares
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7 de mayo de 2003  

BOGOTA.- El gobierno de Alvaro Uribe se convirtió ayer en el blanco de las más duras críticas por el frustrado intento de rescate de un grupo de secuestrados en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que terminó con el asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria; del ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, y de ocho militares.

La sorpresiva operación militar, durante la cual los rebeldes ejecutaron a los rehenes, se llevó a cabo en momentos en que se negociaba un acuerdo humanitario para permitir el intercambio de prisioneros entre la guerrilla y el ejecutivo, y desencadenó una inmediata ola de cuestionamientos, en especial de parte de familiares de los rehenes.

"Nunca acepté una operación. Siempre le dije al gobierno que no quería un rescate", sostuvo Yolanda Pinto, la esposa del gobernador Gaviria. "Todos los secuestrados tienen que volver vivos al lado de sus familias, no muertos como el mío", agregó Pinto, que dijo haberse enterado de los hechos sólo cuando Uribe informó al país del fracasado intento de rescate.

El presidente colombiano, que llegó al gobierno con la promesa de aplicar una política de mano dura contra la guerrilla, asumió "toda la responsabilidad" por lo ocurrido, en un mensaje por radio y televisión.

Los hechos fueron protagonizados por unidades de elite del ejército colombiano que intentaron rescatar a 13 secuestrados de un campamento de las FARC cerca de la norteña población de Urrao, en Antioquia. Gaviria, Echeverri y los ocho militares fueron asesinados con disparos "a quemarropa" por orden de un jefe guerrillero cuando en el campamento se escuchó el sobrevuelo de helicópteros, según el relato de uno de los tres militares que escaparon.

Cinco helicópteros Black Hawk, y un avión AC-47 participaron en la operación, que se preparó durante una semana, según dijeron altos mandos militares colombianos, que ayer defendieron su obligación de rescatar a los rehenes.

Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt -en poder de las FARC desde febrero de 2002-, expresó también su rotundo rechazo a las operaciones de rescate, al señalar que "sabemos que la orden de la guerrilla es matar a los rehenes cuando se intenta una liberación a la fuerza".

"Reitero lo que ya le dije al presidente Uribe. En el caso de Ingrid debe abstenerse de hacer operativos militares. No autorizamos ninguna operación", añadió el esposo de Betancourt, Juan Carlos Lecompte.

"No al rescate militar. Queremos vivos a nuestros seres que están secuestrados", dijo Rocío Aparicio, familiar de un militar en poder de la guerrilla desde hace unos cinco años.

Junto a las críticas, los familiares de secuestrados rogaron al gobierno y a las FARC que depongan las actitudes intransigentes y busquen el pacto humanitario.

"¿Cómo diablos pasa esto, después de tanta lucha, de implorar por un acuerdo humanitario? Le suplico al presidente que modifique su actitud y se siente a dialogar. ¿Qué espera? Por favor, piense y ceda", dijo Lucy Artunduaga, esposa del ex senador Jorge Gechem, cuyo secuestro llevó a la ruptura de un diálogo de paz el 20 de febrero de 2002.

Condena de la UE y del Papa

Para firmar un acuerdo, las FARC exigen la liberación de unos 600 rebeldes en prisión, a cambio de una veintena de políticos que mantienen secuestrados, tres estadounidenses y unos 50 uniformados, pero Uribe reclama, no sólo esa lista de "canjeables", sino la libertad de las 800 personas cautivas de la guerrilla.

Conocidos los trágicos hechos de anteayer, el gobierno francés reiteró su disponibilidad para impulsar un intercambio humanitario de prisioneros. Los voceros franceses no precisaron, de todos modos, si el país estaría dispuesto a dar asilo a los guerrilleros liberados, que tendrían obligación de abandonar Colombia.

También el papa Juan Pablo II manifestó su "hondo pesar" por las muertes de los políticos y militares colombianos, en tanto que la Unión Europea condenó los asesinatos de las FARC y pidió la liberación de todos los secuestrados.

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