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Debaten sobre la jubilación para los abogados porteños

Más de un centenar de profesionales opinó sobre su futuro
Mariana Robin
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17 de mayo de 2003  

Más de un centenar de abogados participaron anteanoche en el Centro Argentino de Ingenieros de un debate sobre el proyecto de ley para crear una caja de previsión para los abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El 20 de marzo último, la diputada Claudia Serio (UCR) presentó ante la Legislatura de la Ciudad el proyecto de ley que tendrá carácter obligatorio y que sustituye a todo otro sistema de carácter nacional, provincial o municipal.

Convocados por la ONG Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), distintos exponentes del ámbito de la Justicia brindaron sus aportes sobre el controvertido tema.

El acceso a la Justicia

El eje de la discusión fue que el proyecto obstaculiza el acceso a la Justicia.

Quienes, como el Dr. Horacio María Lynch, representando a Fores, y Alfredo Martínez de Hoz (h.), director del Colegio de Abogados de la Ciudad, no están de acuerdo sostuvieron que aumenta los costos de litigar e implica la participación de un tercero, al tener que disponer de estructuras burocráticas para su funcionamiento.

"El costo mayor de una posible puesta en marcha de esta caja previsional es entorpecer la acción de la Justicia", sostuvo Lynch.

Otra de las objeciones fue presentada por el Dr. Martínez de Hoz (h.), que habló de un matiz corporativista y consideró que al beneficiar a un sector muy reducido de la población se provocaría una reacción negativa en la sociedad.

"Nadie quiere financiar la jubilación de los abogados, que además no somos representantes de las profesiones más queridas en este país", dijo Martínez de Hoz.

Otro de los puntos encontrados sobre la instrumentación de esta jubilación es para algunos de los disertantes que tenga un carácter compulsivo.

También se mencionó que se trataría de una variante inconstitucional, ya que violaría lo previsto por la Constitución nacional sobre la conservación de las cajas existentes.

Por otro lado, una presunta falta al secreto profesional fue una arista difícil de dirimir entre quienes se mostraron en favor del proyecto. Esta otra posible piedra en el camino se refiere a que los empleados de las cajas, en su función de fiscalizadores, tendrán acceso al listado de clientes de cada abogado, lo que podría ocasionarles problemas.

"Hay que tener en cuenta, sobre todo, a los abogados penalistas, quienes atienden a delincuentes y tienen el derecho a mantener la reserva sobre este tipo de información", apuntó Martínez de Hoz (h.).

Una firme posición en favor fue sostenida por Pedro Kesselman, vicepresidente primero del Colegio Público de Abogados de la Ciudad, que consideró que la creación de un sistema previsional "constituye un aporte a la seguridad social" porque protege a los profesionales. "Por otro lado, el control de su funcionamiento será transparente, ya que la asamblea que regulará la caja previsional estará integrada por funcionarios elegidos por los propios abogados", señaló.

Por su parte, Stela Maris Borrego, vicepresidenta segunda del Colegio Público de Abogados de la Ciudad y miembro de la comisión que elaboró el proyecto, explicó que "no es objetivo encarecer la Justicia, sino mejorar la calidad de vida de los abogados".

"La comisión que redactó el proyecto está integrada por profesionales que se dedican desde hace treinta años a temas previsionales", remarcó Borrego.

Según dijo, "están contempladas todas las consecuencias que puede generar cada artículo, pero estamos abiertos a que se lo corrija, perfeccione y enriquezca".

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