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Investigan supuesta extorsión a beneficiarios del Plan Trabajar

Los testimonios involucran al edil Luis D´Elía, del partido de La Matanza
Pablo Morosi
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27 de enero de 2001  

LA PLATA.- El Ministerio de Trabajo denunció ante la Justicia que integrantes de una asociación cooperativa de La Matanza obligaban a beneficiarios del Plan Trabajar a entregar parte de la asistencia que recibían a cambio de garantizarles la continuidad de esa ayuda estatal.

Las imputaciones, que derivaron en dos causas penales por el delito de "extorsión" iniciadas por la cartera de Patricia Bullrich, se sustancian en la Unidad Funcional de Investigaciones Nº 5 de La Matanza, a cargo del fiscal Gustavo Banco. Involucran a miembros de la cooperativa Unión, Solidaridad y Organización (USO), y a la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTVH) que integra la mesa de conducción de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), ambas presididas por el concejal frepasista Luis D´Elia.

La primera denuncia fue presentada el 16 del actual por Gastón Isla, un joven de 18 años que percibe 160 pesos al mes como beneficiario del Plan Trabajar, quien contó que Cristóbal Reinek le exigió que entregara 60 pesos bajo la amenaza de que, de rehusarse, perdería el beneficio.

La escena descripta por Isla y otros testigos se desarrolló en la puerta del Banco Nación de San Justo, luego de que el denunciante cobrara sus ingresos correspondientes a diciembre de 2000.

Un detenido

El fiscal Banco consideró que existían pruebas suficientes para incriminar a Reinek y ordenó su detención. Reinek, que permanece detenido en la comisaría 1a. de San Justo, es un dirigente de extracción radical que coordina la entrega de 17 beneficiarios del Plan Trabajar en el barrio "22 de enero".

En el otro expediente, Néstor Berdún, beneficiario del Plan PEL, por el que percibe $ 160 por mes, relató ante el fiscal la forma en que le era exigida una cuota mensual de entre 4 y 5 pesos "para alimentos, ayuda médica y movilizaciones".

En su declaración, a la que tuvo acceso La Nación , Berdún señaló a los dirigentes de la FTVH de La Matanza Adriana Espinoza, Aníbal Barrientos y José Gramajo. Al entregar la "colaboración" le extendían como constancia un bono a nombre de la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat de la Argentina, liderada D´Elia, mencionado por varios testigos.

Frente a las irregularidades denunciadas, el Ministerio de Trabajo se presentó anteayer como querellante en las causas.

El gerente de Empleo y Capacitación Laboral del área Conurbano de la cartera, Guido Lorenzino Matta, uno de los funcionarios que participó de la presentación, dijo a La Nación que "más allá de las explicaciones y de lo que la Justicia decida, a nosotros nos parece moralmente reprochable el hecho de cobrarle una cuota de lo que fuera a una persona que atraviesa una severa crisis laboral y recibe ayuda del Estado". "Tampoco creemos -continuó el funcionario- que una contribución voluntaria deba ser exigida en la cola del banco".

El fiscal Banco explicó a La Nación : "Tenemos que determinar si los bonos en cuestión son legales o no. En principio, dimos curso a la investigación porque nos pareció que la exigencia de un porcentaje de dinero a una persona que cobra $160 no parecía razonable".

El magistrado, que podría llamar a declarar a Espinoza, dijo que si bien le pareció que ambas causas estaban relacionadas, ahora tiene dudas. Ayer 20 beneficiarios de planes de empleo concurrieron a la fiscalía junto a dirigentes de la FTVH para declarar que "el carácter voluntario de la contribución fue acordada por todos en una asamblea".

Influencia

"Se trata de una maniobra política porque nuestra organización molesta a poderosos", dijo Pablo Moralejas, vocero del concejal frepasista Luis D´Elía, de descanso en Córdoba.

"Cobramos un bono voluntario y eso no tiene nada de malo. Con ese dinero solventamos las ollas populares, compramos remedios y financiamos las movilizaciones", argumentó Moralejas. El dirigente de la FTVH distinguió la causa de Reinek de las otras, ya que, si bien reconoció que el ahora detenido trabajaba para la organización, estimó que "no se puede controlar a todo el mundo". En tal sentido advirtió: "Todo el que robe, como lo hizo aparentemente Reinek ,tiene que pudrirse en la cárcel".

Fuentes del Ministerio de Trabajo informaron que en La Matanza fueron asignados 8400 programas de empleo (PEL, Trabajar y Crear Trabajo), de los cuales el 80% corresponde al Consejo de Emergencia, presidido por el intendente del distrito, Alberto Balestrini, y del que participa la organización liderada por D´Elia.

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