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La banca de Elena Cruz

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11 de junio de 2003  

Varios integrantes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires han planteado una cuestionable impugnación a la asunción de la actriz Elena Cruz como diputada porteña, en reemplazo de Alberto Fernández, que dejó su banca para pasar a ocupar la Jefatura de Gabinete de la Nación.

En los comicios del año 2000, Elena Cruz integró la lista de legisladores que acompañó al binomio Cavallo-Beliz y quedó como suplente frente a una vacante que se produjese. Pero distintos diputados han esgrimido que debería ser inhabilitada para acceder al cargo legislativo por considerarla carente de "idoneidad moral", en tanto realizó una pública defensa del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla.

Al margen de que se compartan o no las declaraciones públicas de la actriz que aspira a convertirse en diputada de la ciudad, las impugnaciones presentadas no parecen procedentes, ya que el acto de opinar no puede ser transformado en delito. La Constitución nacional garantiza la libertad de expresión, por lo cual pretender excluir de una banca legislativa a alguien por sus meras opiniones equivale a una absurda discriminación política y a -lo que resulta más grave- institucionalizar el delito de opinión.

Tampoco resulta conveniente pretender flexibilizar la figura de la apología del delito para castigar opiniones de carácter político vertidas públicamente.

En todo caso, deberá ser la Justicia la que resuelva si existió delito alguno -un fallo judicial en primera instancia ya sobreseyó a Elena Cruz frente a una acusación por apología del crimen-, ya que la Legislatura carece de facultades para impedir el acceso a una banca a una ciudadana elegida de acuerdo con las condiciones formales establecidas por la Constitución local.

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