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El PAMI fue intervenido por seis meses

El Gobierno desplazó al directorio de jubilados y estableció un plan de acción para controlar el gasto y mejorar los servicios
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9 de julio de 2003  

Finalmente, el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto que autorizó la intervención en el PAMI por 180 días con objeto de regularizar el funcionamiento administrativo-contable del instituto y establecer nuevos modelos de prestaciones. Así, estima el Gobierno, podrá controlar las cuentas de la obra social y mejorar la atención de los 3.400.000 beneficiarios.

La intención -explicó a LA NACION Juan González Gaviola, designado interventor- reside en que la mayor parte del presupuesto anual de 2.600.000.000 de pesos se invierta en el pago de asistencia médica para los jubilados, con una mínima porción destinada a gastos administrativos.

Más exactamente, la ley que regula la obra social establece que no puede destinar más del ocho por ciento de los fondos a gastos administrativos. "El porcentaje comprobable alcanza hoy al 13 por ciento, y calculo que en realidad ronda el 20 por ciento", confirmó ayer González Gaviola.

El dinero abonado a las gerenciadoras, sostuvo el funcionario, constituye otro agujero negro en el que se pierden partidas de dinero, en vez de redundar en beneficios para los afiliados. En el mediano plazo, el interventor y el subinterventor -José Ramón Granero- pretenden terminar con las empresas intermediarias, pero para eso deben, primero, modificar los modelos de contratos y de prestaciones.

¿Cómo hará la intervención para lograr el saneamiento del PAMI? Según se adelantó, seguirá un plan de reordenamiento estipulado en el mismo decreto que la dispuso, el 348. El texto establece ocho líneas de acción y sus plazos correspondientes:

  • Normalización administrativa y continuidad prestacional: 30 días.
  • Adopción de un manual de compras y contrataciones: 30 días.
  • Adopción de un manual de metodología y procedimientos: 60 días.
  • Adopción de un sistema integrado y participativo de control de cumplimiento de las prestaciones: 90 días.
  • Adopción de un sistema de información estadística administrativa y sanitaria con indicadores de productividad y niveles de eficiencia estandarizados: 90 días.
  • Regularización contable y presentación de balances hasta la actualidad: 120 días.
  • Publicación mensual de datos en la red informática: desde su disponibilidad o, como máximo, a los 120 días.
  • Propuesta normativa para la reestructuración estratégica del instituto: 150 días.
  • Irregularidades

    "Acá hay trabajadores sin funciones y gente de más porque no existen manuales de funciones, lo que impide sancionar y relevar el personal que no sirve", recordó González Gaviola. Durante su gestión como director, descubrió empleados sin funciones pero con sueldos altos, junto con un plantel de 1150 delegados gremiales que no trabajan para los beneficiarios, pero que cobran salario, según anticipó LA NACION en su edición del miércoles último. "Debemos establecer cuánto personal hace falta y con qué cualidades", dijo.

    El PAMI, agregó, tampoco cuenta con reglamentos de compra y esa situación ha permitido irregularidades en distintos ámbitos. Ni siquiera tiene la obra social de los jubilados un manual de procedimientos. "Eso contribuyó a que ingrese un expediente y no siga un camino predeterminado, con controles, sino que dependa de la discrecionalidad de uno u otro gerente", expresó González Gaviola.

    Luego, consideró que esta intervención muestra el fracaso de la normalización. "El sistema de representación de los jubilados por elección indirecta, que puso siete representantes en el directorio, fracasó. Porque, en vez de defender los intereses de los afiliados, aprobaron contratos irregulares", aseguró. El directorio fue suplido por la intervención. Antes de que ésta termine, afirmó González Gaviola, habrá que modificar nuevamente la ley 25.615 para armar un nuevo sistema de designación de directores.

    Con el propósito de que esta intervención no logre los magros resultados de sus anteriores, el Poder Ejecutivo establece en el decreto la creación de un consejo participativo de auditoría, control y planeamiento estratégico. Lo integrarán la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Defensoría del Pueblo de la Nación, el ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad, un representante de las universidades nacionales y un miembro de la Academia Nacional de Medicina.

    "La Auditoría y la Sigen nos aportarán la lógica de preservación de los mecanismos administrativos, contables y patrimoniales. Y las defensorías impulsarán la lógica del beneficiario para lograr buenos servicios. El desafío es precisamente brindar atención de calidad sin una parálisis administrativa", concluyó.

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