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Moneta evitó pagar US$ 70 millones

Los denunciantes dicen que el Banco Central le condonó multas por otorgar créditos irregulares a empresas vinculadas
Mariano Obarrio
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11 de febrero de 2001  

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), que conduce el mendocino Pedro Pou, le perdonó multas al Banco República, del financista menemista Raúl Moneta, por cifras superiores a los 70 millones de dólares, originadas en asistencias crediticias supuestamente irregulares a empresas vinculadas y a las del Citibank.

Así lo asegura el informe que los diputados Elisa Carrió (UCR) y Gustavo Gutiérrez (demócrata) le suministraron al Senado de los Estados Unidos para una investigación sobre lavado de dinero ilegal.

"Esos cargos fueron irregularmente condonados por directivos del BCRA", dice el texto.

"Venimos a poner en vuestro conocimiento las operaciones realizadas por el Citibank en la Argentina, en asocio con el banquero Moneta y con la complicidad del BCRA", comenzó ese reporte.

Los créditos irregulares pueden tener relación con el vaciamiento y la liquidación del Banco República y de su absorbido Banco Mendoza, en abril de 1999. No sólo se condonaron cargos, sino que el Central otorgó al ahora liquidado República redescuentos por 100 millones de pesos para salvar a sus ahorristas, según recordó Pou ante La Nación .

Los créditos irregulares a empresas y sociedades vinculadas, según se desprende del escrito de Carrió y de Gutiérrez, representarían la última etapa del blanqueo de divisas: el reingreso de los capitales en forma de inversiones formales y con respetable apariencia.

El subcomité permanente de investigación del Senado norteamericano, presidido por el senador demócrata Carl Levin, reveló el lunes último que desde la Argentina se blanquean activos en el sistema financiero de los Estados Unidos.

"El Citibank actuó durante diez años como corresponsal del Banco República, de Moneta, y de su banca off shore afiliada, el Federal Bank, de Bahamas", consignó el informe preliminar del Senado. Y calificó al Federal Bank como banco de muy alto riesgo de lavado.

"La evidencia indica -añade- que estos bancos manejan millones de dólares en fondos sospechosos relacionados con actividades como tráfico de drogas, fraude financiero y otros hechos delictivos."

El informe también se refirió en estos términos al M. A. Bank, banca off shore de Mercado Abierto, de Aldo Ducler, que blanqueaba en sus corresponsales Citibank y Unión de Bancos Suizos dinero proveniente del tráfico de drogas, del Cartel de Juárez (México).

El 1º y 2 del mes próximo, el subcomité del Senado de los EE.UU. difundirá los detalles de esas maniobras financieras.

El informe de Carrió y Gutiérrez fue introducido en el Senado norteamericano en mayo de 2000.

La presentación se originó en dos expedientes de la Superintendencia de Entidades Financieras (SEF) del BCRA, con los números 100234, de 1997, y 100115, de 1999. Los inspectores advertían sobre "operaciones sospechosas" del grupo Moneta, pero no alcanzaban a probar que éste controlara el Federal Bank.

El dato es clave para demostrar la operatoria ilícita de lavado. Pero el subcomité norteamericano pudo corroborarlo al secuestrar documentación del Citibank Nueva York.

Calificación insuficiente

Según Pou, en abril de 1999 el Central recibió una nota del Citibank Argentina, firmada por su presidente, Carlos Fedrigotti, que indicaba que no tenía información para determinar la identidad de los accionistas del Federal Bank.

El preinforme del Senado asegura que "el Citibank envió esta respuesta al BCRA pese a que sí tenía información". Esos documentos fueron secuestrados y obran en el subcomité norteamericano. En agosto de 2000, según Pou, Fedrigotti remitió su rectificación al BCRA.

Pou estudia ahora demandar a Fedrigotti por el informe erróneo y los diputados Carrió y Gutiérrez acusan a ambos de encubrir las operaciones del República, asentadas en el BCRA desde 1996.

En noviembre de 2000, el BCRA pidió una investigación preliminar a Moneta por operaciones sospechosas ante la Justicia. Los denunciantes dicen que la demora buscó encubrir al financista y permitió que la operatoria continuara: giros de 100 millones de dólares por mes durante ocho años, aseguran.

Según el informe de Carrió y Gutiérrez ante Washington, desde 1996 los inspectores del BCRA observaban las operaciones del República con el Federal Bank. El expediente 100234/97 dice que la inspección de 1996 finalizó asignándole al República una calificación "Camel 4" (insuficiente), lo cual determinaba que no podía efectuar préstamos a sus vinculados y que se le incrementaban las exigencias de capitales mínimos.

El abogado Carlos Basílico estaba consignado allí como representante en la Argentina del Federal Bank. También representaba a otras varias sociedades off shore radicadas en Bahamas "que operaban sumas desproporcionadas en transferencias que se hacían desde y hacia el Federal Bank a una cuenta del Banco República abierta en el Citibank de Nueva York", dicen.

Un paraíso de créditos

Esas firmas licenciadas en ese paraíso fiscal son Ludgate Investments Ltd.; Southwark Asset Management Ltd., Lolland Socks Ltd., Scott & Chandler Ltd., The Winterbotham Trust Company Ltd.; Cairo Holdings Ltd., Budleigh Ltd. Uruguay SA. Por éstas, aseguran los denunciantes, circularía el dinero sucio de sobornos, tráfico de drogas y armas, y otras formas de corrupción.

También República Holdings Ltd., (ex UFCO), de Moneta, estaba representada por Basílico. Constituida en las islas Vírgenes, era accionista del 34% del CEI Citicorp Holdings. En la actualidad, mantiene el 33%; el 45% corresponde al grupo norteamericano Hicks, Muse, Tate & Furst, y el 22% a Citicorp International.

El CEI Citicorp Holdings, poderoso conglomerado de medios de comunicación, también designó a Basílico como director, a la vez que representa a Moneta.

En 1998, dicen, los inspectores requirieron informes de las sociedades en Bahamas, pero esos pedidos no fueron atendidos por el Central, según los denunciantes.

La línea del BCRA añadió que "se observaron transferencias y depósitos de empresas constituidas en Bahamas. Respecto de la frase conozca su cliente (para prevenir el lavado) se entiende que los elementos recabados por el Banco República no resultaban suficientes para su correcta identificación".

Los diputados reportaron que esas sociedades hicieron los principales retiros de depósitos poco antes de la caída del República y del Mendoza, en 1999. Entonces se abrió la causa penal a cargo del juez Luis Leiva, que dictó la prisión preventiva a Moneta, quien se hizo prófugo.

Carrió y Gutiérrez añadieron que los fondos del Mendoza se desviaban al República y desde allí hacia el CEI, a las empresas del Citibank y de Moneta "en condiciones desfavorables, posibilitando inversiones en medios de comunicación por más de 3000 millones y que Moneta aumentara su participación en el CEI del 10% inicial a casi el 40% en 1998".

Desde 1996, los inspectores del BCRA "observaron que el República financiaba por montos significativos, en condiciones más favorables que al resto y sin garantías a personas y empresas vinculadas".

Esos préstamos, dicen, superaban los límites de asistencia crediticia impuestos por la comunicación A-2109 del BCRA, de hasta el 15% de la responsabilidad patrimonial computable de los prestatarios.

También, los diputados aseguran que el República operaba con el Citi en forma cruzada, "financiando a sus empresas vinculadas y recibiendo préstamos del Citi las empresas de Moneta, para eludir mutuamente los límites de préstamos a los vinculados". Las normas del Central (A-2373) permiten prestar sólo hasta el 2,5% de la responsabilidad patrimonial del banco a cada empresa y hasta el 20% al conjunto de las empresas vinculadas. Según los denunciantes, todas las multas se perdonaron.

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