Suscriptor digital

El Congreso insiste en el absurdo

(0)
24 de agosto de 2003  

Todas las advertencias formuladas en los últimos días por los más calificados juristas, por las más respetadas entidades del derecho, por la Academia Nacional de Derecho, por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y, en fin, por cuanta persona o institución se supone medianamente responsable en nuestro país en materia jurídica han resultado vanas. El Congreso de la Nación acaba de pronunciarse en favor de lo que todas estas opiniones -e incluso esta columna editorial- le habían advertido que racional, legal y constitucionalmente no podía hacerse en la República Argentina.

Ha sido inútil el esfuerzo. El Congreso, contra la lógica más elemental, acaba de ejercer una facultad que la Constitución no le otorga. Ha declarado la nulidad de una ley, posibilidad que le está reservada exclusivamente al Poder Judicial de la Nación. El Poder Legislativo es el órgano de creación de la ley y el Poder Judicial es el encargado de su aplicación al caso concreto, lo que significa que es también el que tiene la facultad de abocarse al conocimiento de las causas llevadas ante sus estrados; entre ellas, la que eventualmente proponga o postule la declaración de nulidad de una norma legal.

Lo que es imposible -y, sin embargo, acaba de suceder- es que el Congreso declare la nulidad de una ley. Cuando con sorpresa leemos que un senador nacional expresa que "la sanción es controvertida jurídicamente, pero es de enorme importancia moral y ética, porque estamos votando más allá de la valoración jurídica de estas leyes", nos cuesta creer que eso realmente se haya dicho en el recinto de las leyes. Y cuando oímos decir a otro senador que "se trata de un pronunciamiento político destinado pura y exclusivamente al Poder Judicial", nos parece francamente increíble lo que estamos oyendo. ¿Cómo se puede votar una ley más allá de su valoración jurídica? ¿Cómo es posible sostener que el Poder Legislativo dicta una ley para enviarle un mensaje político al Poder Judicial?

Un mensaje de esa naturaleza es francamente disolvente, anárquico. Y lo es porque el Estado es justamente la Nación jurídicamente organizada sobre un cuerpo de leyes, cuyo vértice es la Constitución nacional, que sienta pautas, reglas y principios para asegurar el funcionamiento independiente de los poderes y las garantías de los derechos de los ciudadanos.

Si el Congreso de la Nación puede declarar que una ley es nula, esto es que dicha ley nunca existió, la garantía del artículo 18 de la Constitución nacional, según la cual nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, lisa y llanamente ha desaparecido. En efecto, la conducta que bajo el imperio de determinada ley no era delito, una vez declarada nula esa ley por vía legislativa puede en cualquier momento pasar a serlo, pues puede entrar a regir otra ley anterior que penalizaba esa conducta.

La "nulidad" que acaba de decretar el Congreso no es más que un eufemismo para eludir la derogación de las dos leyes cuestionadas, que constitucionalmente sólo puede hacerse para el futuro, nunca retroactivamente, pues si así fuere nadie en el país estaría jurídicamente seguro de nada. Lo propio cabría decir de la tesis, igualmente absurda, de la "inoponibilidad", figura totalmente ajena al caso que nos ocupa y que felizmente fue desechada.

No se trata aquí de defender o no el contenido de las leyes "anuladas". Se trata de defender el principio del respeto a la distribución de facultades entre los poderes del Estado o de "división de poderes", tal como lo concibió Montesquieu, y de respetar las garantías constitucionales de los individuos.

El Congreso de la Nación aparece en esta circunstancia respaldando al Poder Ejecutivo y, como decía una nota publicada en nuestro colega Los Andes, de Mendoza, "el Poder Ejecutivo le ordenó al Poder Legislativo que le ordene al Poder Judicial lo que debe hacer". Este pequeño trabalenguas institucional pone de manifiesto el daño que se ha inferido a la independencia de los poderes, pilar de nuestro sistema republicano. Cualquiera que sea el proyecto político o ideológico que el Poder Ejecutivo deseaba impulsar, derecho que nadie puede negarle, es obvio que no podía hacerlo violando la estructura jurídico-institucional del Estado de Derecho.

De aquí en más, quien creyó actuar conforme a una ley vigente o se sintió amparado por ella, dejará de estar seguro, pues otra ley puede anular la primera en cualquier momento. Y dado que toda nulidad "sana la raíz" -es decir, elimina la ley en su origen-, el que se creía amparado quedará en el más completo desamparo.

Se ha consumado un gravísimo atentado contra la seguridad jurídica. Este Congreso de la Nación -y en particular el Senado en su actual composición, del que todos esperábamos tanto, después de la pésima experiencia que nos deparó su anterior integración- ha decidido, de un plumazo, abolir el Estado de Derecho. Por supuesto, dejamos a salvo la digna y valiosa actitud de los legisladores que votaron en contra de este "absurdo jurídico".

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?