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Pena mínima para Mario Caserta por el "Yomagate"

Le impusieron 5 años de prisión
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10 de septiembre de 2003  

Tras doce años y medio de trámite judicial, la causa en la que se investigó y sobreseyó por lavado de dinero del narcotráfico a la ex secretaria de Audiencias de Carlos Menem Amira Yoma tuvo sentencia: el juez federal Jorge Ballestero condenó al secretario de Recursos Hídricos durante ese gobierno, Mario Caserta, a cinco años de prisión, la pena mínima prevista.

De todos modos, el ex funcionario no deberá volver a la cárcel porque el tiempo que estuvo preso se le computó equivalente a cuatro años y cuatro meses.

En el proceso que sentó las bases para reformar la estructura de la Justicia Federal, duplicar juzgados, remover jueces molestos y colocar otros más permeables a los deseos del gobierno de entonces, otros cinco acusados, Carlos Scopelliti, Amed Collazo Valdez, Carlos Alberto Torres, Miguel Angel Arnone y Carlos Minotti fueron sentenciados a la pena de tres años de prisión en suspenso. Todos los condenados deberán pagar una multa por un total de 200.000 pesos.

En el mismo fallo, de 314 carillas, el juez concedió la extradición a Uruguay de Amed Collazo Valdez, a quien también se lo investiga por lavado.

En la causa que se conoció como "Yomagate" se investigaron las actividades de una banda que traficaba cocaína a los Estados Unidos y Europa. Específicamente aquí se analizó una ramificación de esa organización que traía el dinero proveniente de la venta de drogas en valijas desde Miami hasta Nueva York y de allí a Buenos Aires. Parte de la suma ingresada en el país fue invertida aquí y "blanqueada" con la compra de inmuebles, la constitución de empresas y la adquisición de joyas, y otra parte era enviada a Uruguay, donde se la depositaba en las cuentas de otros involucrados.

En este proceso está aún prófugo el ex esposo de Amira Yoma Ibrahim Al Ibrahim, que se encuentra refugiado en Siria. El hombre era asesor de la Aduana de Ezeiza y, según las constancias de la causa, se valía de ese cargo público para evadir los controles y asegurarse de que las valijas con los billetes no fuesen revisadas al entrar en el país.

La banda la integraban José Lezcano Patiño, o Ramón Puentes, condenado en Estados Unidos, que era quien movía la droga desde allí en los años 80. Sus lugartenientes eran Mario Anello e Indalecio Iglesias. Una carga de 595 kilos de cocaína decomisados en Cabo Verde, pertenecientes a la organización, permitió la detención de Iglesias, que reveló cómo era toda la estructura. Su relato permitió descubrir que la organización tenía una ramificación aquí.

Allí, Anello, prófugo en la causa, se contactó con Caserta, quien le consiguió una nueva identidad mediante un trámite realizado en el Chaco con intervención de un abogado cuñado de Juan Carlos Rousselot. El juez concluyó que Caserta fue quien estableció en el nivel local la organización de blanqueo de capitales. Aquí se probó que llegaron a Ezeiza en cinco viajes, entre agosto y noviembre de 1990, sendos cargamentos de dólares en vuelos directos de Aerolíneas Argentinas que provenían de Nueva York y Miami.

Pero entendió que, debido a que no cometió otros delitos, a que trabaja desde los 14 años y que actualmente se dedica a tareas rurales, debe imponérsele el mínimo de la pena por lavado y asociación ilícita. Consideró, además, que no es organizador de la banda, según la calificación pedida por el fiscal Carlos Stornelli, sino partícipe.

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