El Estado podría ser condenado a pagar

Por Rafael La Porta Drago Para LA NACION
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28 de septiembre de 2003  

La renegociación de la deuda pública que encara el Gobierno tiene características muy distintas de las que tuvo en la época del Plan Brady. Mientras que en ese entonces la deuda estaba concentrada en algunos centenares de bancos, hoy no sólo es infinitamente mayor en términos de monto, sino que está representada en bonos, en manos de miles de tenedores, entre los que se encuentran desde grandes inversores institucionales hasta pequeños ahorristas. Esto hace la negociación más compleja, pero a su vez potencia las posibilidades del Gobierno, ya que los acreedores son una verdadera multitud y sus intereses no están suficientemente alineados como para que puedan operar en forma organizada.

Es cierto que de no llegar a un acuerdo con los acreedores la Argentina enfrentará una catarata de juicios.

La mayoría de las emisiones de deuda extranjera tiene pactada la jurisdicción de tribunales extranjeros (generalmente los de la ciudad de Nueva York) y es de prever entonces que la suerte del país no habrá de diferir de la de cualquier otro deudor en mora: será condenado al pago.

Pero de obtener una sentencia contra un Estado a lograr cobrarla hay una distancia sideral. En primer termino, recordemos que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas excluye de toda posibilidad de embargo a los bienes diplomáticos. A ello se agrega que todos los países tienen establecida como norma general la "inmunidad de ejecución" de los Estados extranjeros.

En los Estados Unidos la cuestión está regida por la llamada Sovereign Inmunities Act. Tras afirmar el principio de inmunidad de ejecución de los bienes de los Estados extranjeros ubicados en los Estados Unidos, la Sovereign Inmunities Act establece sólo dos excepciones, las que para lo que aquí nos interesa no son aplicables.

La primera excepción sería el caso en que el Estado extranjero haya renunciado a invocar esa inmunidad (lo que por lo general no ha hecho nuestro país), y la segunda, el caso en que el embargo recaiga sobre bienes afectados a una actividad comercial y que sea esta actividad la que haya dado origen al litigio (lo que -como fácilmente se comprende- no se da en el caso de una deuda de origen financiero). La ley norteamericana agrega expresamente que no son embargables los bienes militares, las reservas internacionales y los desembolsos de los organismos multilaterales de crédito.

Mayorías

Otro tema por tener en cuenta es el de las mayorías necesarias para alcanzar la renegociación de una deuda representada por bonos. Los contratos de emisión de bonos sujetos a la ley norteamericana requieren la unanimidad de los acreedores para imponer una quita o conceder una espera, lo que parecería hacer imposible cualquier forma de renegociación.

Sin embargo, en la práctica ello no es así, ya que con una mayoría de 66% del capital se pueden modificar ciertas cláusulas que si bien no hacen al importe y plazo de pago, redundan en un perjuicio a la calidad de los títulos de la deuda vieja, con lo cual se logra inducir a los acreedores renuentes a aceptar la reestructuración.

En este orden de ideas es posible eliminar, por ejemplo, la cláusula de aceleración de plazos (con lo cual los acreedores que no acepten el canje se verán obligados a exigir su pago recién a medida que se produzca cada uno de los vencimientos), o eliminar la cláusula que obliga al emisor a cotizar los títulos en la Bolsa, etc.

Naturalmente, estos mecanismos suponen que el deudor ha logrado una mayoría de acreedores dispuesta a aceptar la reestructuración y que éstos voten la modificación de las condiciones de emisión como paso previo al canje de sus títulos.

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