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Los archivos de la maldita policía

Los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense, recientemente desclasificados, prueban cómo la fuerza investigó durantedécadas a miles de argentinos y cómo esas prácticas se extendieron a sindicatos, colegios, agrupaciones políticas y medios de comunicación hasta 1998, pese a la plena vigencia de la democracia
Pablo Morosi
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12 de octubre de 2003  

LA PLATA

Corría el año 1957, en plena Guerra Fría, cuando los agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) iniciaron sus tareas de espionaje. Pero hubo que esperar hasta 1998 para que esa dependencia bonaerense cesara en sus funciones. Habían transcurrido 15 años de democracia y, sin embargo, la Dippba había continuado durante ese período poniendo bajo su lupa distintas actividades u organizaciones, muchas veces por requerimiento del propio Poder Ejecutivo provincial.

La apertura de los archivos de la Dippba, que desde hace diez días se encuentra a disposición del público en la sede de la Comisión Provincial de la Memoria de La Plata, permite adentrarse en un tenebroso registro de más de 250.000 fichas, 3.500.000 de fojas de información, 160 grabaciones y 750 videos. Los datos recopilados entre 1957 y 1998 alcanzan a personas, organizaciones sociales, políticas y culturales, y a acontecimientos que marcaron la historia del país.

"Fue como un pulpo de mil ojos que, durante medio siglo, estiró sus tentáculos hacia toda la sociedad", asegura Patricia Funes, profesora de historia y una de las encargadas de la desclasifición del primer archivo de una fuerza de seguridad de estas características dado a publicidad en nuestro país.

En un temprano 1964, por ejemplo, los agentes de la Dippba, según consta en la carpeta 8 del legajo 254, comenzaron a hacer seguimientos y a fichar a los alumnos de escuelas primarias y secundarias que, para sus clases de geografía, acudían en busca de información a embajadas de países que estaban bajo la órbita de la URSS. El argumento: estaban "expuestos a material marxista e ideologizante".

La Dippba tuvo como antecedentes la Oficina de Movimiento Político y la Dirección de Orden Público, que funcionaron en el ámbito de la Policía bonaerense en los años 30. Pero, en diciembre de 1955, el decreto N° 3606 de la intervención federal a la provincia, a cargo de Emilio Bonecarrere, dispuso la reestructuración del organismo y, dos años más tarde, se creó el Servicio de Informaciones y su archivo, dependiente de la Dirección de Inteligencia.

Desde entonces, tanto las autoridades de la Policía bonaerense como los gobernadores -democráticos y de facto- que pasaron por la provincia supieron de su existencia sin que ninguno interrumpiera, durante más de cuatro décadas, su labor.

Los partes de inteligencia se elaboraban con copia para el Jefe de Policía y, en muchos casos, se adjuntaba otra para el Poder Ejecutivo provincial. No era infrecuente que los informes surgieran de pedidos realizados por este último sobre huelgas, marchas y conflictos gremiales o estudiantiles.

Cuando León Arslanián inició su abortada reforma policial, en 1998, decidió suprimir la Dippba; dos años más tarde, el edificio donde funcionaba fue cedido para constituirse en sede de la Comisión Provincial por la Memoria.

De entre los miles de papeles hallados en la Dippba, se puede rescatar uno que ejemplifica las pautas de trabajo utilizadas por la dependencia: "El postulado parte de la base de saber quién es quién; es decir, tener registrado a los buenos para saber quiénes son cuando dejan de serlo".

"Este archivo refleja la mentalidad con la que la policía entendió el orden y el uso del poder sobre las personas durante décadas", afirma la perito Graciela Ojeda, encargada de trabajar, a requerimiento judicial, en el segmento del archivo correspondiente a la última dictadura militar, entre 1976 y 1983. Dicho período se encuentra secuestrado por la Cámara Federal platense, que lo ha usado para recolectar pruebas en el Juicio por la Verdad que se sigue en esa ciudad. Hasta el momento, esos datos sirvieron para rastrear el destino de por lo menos 124 víctimas de aquel período.

El voluminoso acervo documental se estructura a partir de partes de inteligencia derivados de tareas de espionaje que incluían seguimientos, infiltraciones en asambleas gremiales y estudiantiles, reuniones sociales -de carácter público y privado-, encuentros partidarios, conferencias y charlas.

El registro clasifica a las personas por "factores" según su filiación política, sindical, religiosa, comunal o estudiantil y acuñó los conceptos de "delincuente social", "delincuente político" y "delincuente subversivo".

El alcance del registro no tenía límites: una volanteada alentando el regreso del por entonces exiliado ex presidente Juan Domingo Perón, en marzo de 1956, realizada en las cercanías de la fábrica Standar-Electric de San Isidro; la infiltración en una asamblea gremial de Astilleros Río Santiago en Ensenada, en diciembre de 1967; la actuación de un dúo de payadores uruguayos en Azul, en enero de 1967; y el seguimiento de las actividades del Teatro Actores Marplatenses (TAM), a principios de 1970, son algunas de las entradas.

Pero, contra lo que podría haberse previsto, el archivo se siguió engrosando después de 1983, cuando el país recuperó la institucionalidad: se realizaron informes sobre las voladuras de la embajada de Israel y de la AMIA -informes que fueron girados como prueba al juez Juan José Galeano-, sobre el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas en la madrugada del 25 de enero de 1997, sobre los levantamientos carapintada y sobre el ataque al cuartel de La Tablada en 1989.

También existen dossiers sobre personas o referentes sociales. Entre los investigados figura Rosa Schonfeld de Bru, madre del estudiante de periodismo Miguel Bru, secuestrado y asesinado por miembros de la comisaría novena de La Plata en agosto de 1993. La mujer pudo encontrar en su legajo, que lleva el número 325 y fue abierto en septiembre del mismo año con la carátula "Desaparición", copias de artículos, desgrabaciones de programas periodísticos televisivos, volantes de marchas y el registro de infiltraciones en asambleas de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social platense.

En esta última etapa, los trabajos propios disminuyeron en cantidad y fueron reemplazados por un mayor número de recortes periodísticos; además, el carácter valorativo dejó lugar a descripciones más ascépticas.

En las 154 fojas del legajo abierto tras el crimen de Cabezas, caratulado como "Atentado", hay una investigación a la revista Noticias y se analiza en detalle el recordado artículo "Maldita Policía", sobre la corrupción de la fuerza bonaerense, publicado en agosto de 1996. Allí se sostiene que "toda vinculación entre el hecho y efectivos policiales sería errónea o, en todo caso, malintencionada".

Las hipótesis que se tejieron en torno a la muerte del reportero gráfico contemplaron tres móviles posibles: pasional, laboral (por investigaciones realizadas para la revista) y accidental (sugiere que Cabezas habría resultado víctima por equivocación, considerando que el objetivo podía ser un integrante de Noticias de mayor nivel).

Todos los años, desde 1984 en adelante, los agentes de la Dippba realizaron seguimientos en las marchas para conmemorar la denominada "Noche de los Lápices", que tienen lugar cada 16 de septiembre en homenaje a un grupo de estudiantes secundarios secuestrados en La Plata durante la última dictadura militar.

Por otra parte, en junio de 1991, la Dippba incorporó al registro un presunto informe del Departamento Estadounidense Antidroga (DEA) que revela actividades de "narcoterrorismo" en las que estarían "involucrados ministros del Gobierno nacional". También dice que esas actividadades habrían "financiado las campañas electorales" en las provincias de Tucumán y Jujuy.

Carpetas temáticas

En el archivo pueden hallarse numerosas carpetas que contienen información sobre tendencias político-ideológicas. Hay expedientes que, bajo el rótulo "Estrictamente confidencial y secreto", abordan cuestiones como "El movimiento estudiantil: la Federación Universitaria Argentina", "Retorno de Perón", "Montoneros" o "La infiltración marxista y subversiva en la administración pública provincial en 1974".

En 10 tomos titulados "Operativo retorno", la Dippba compiló información sobre el proceso de movilización política en el justicialismo relacionado con el regreso al país de Juan Domingo Perón, que culminó con su llegada al aeropuerto de Ezeiza el 20 de junio de 1973. Ese trabajo incluye desde las posturas partidarias captadas en cientos de asambleas y reuniones políticas hasta la recopilación de volantes del "Luche y Vuelve" y una categorización de distintos sectores del peronismo que no alcanza sólo al territorio bonaerense, sino que se extiende a varias provincias.

El Partido Comunista Argentino (PCA) fue uno de los más investigados y, de su mano, una supuesta "avanzada marxista". Entre los papeles de la Dippba pueden hallarse fichas de dirigentes y militantes; cuadros que describen "antecedentes y evolución del comunismo"; una categorización de personas como "comunistas" (afiliados, militantes y agitadores), "filocomunistas" (adherentes) o "criptocomunistas" (aquellos que "ocultan su ideología"). Hay también una carpeta sobre "tácticas de infiltración marxista" y un pormenorizado listado de órganos de prensa de orientación comunista con sus correspondientes responsables y colaboradores.

Ya en un informe elaborado a raíz de la conmemoración del día del trabajador, el 1° de mayo de 1956, se indica que la "vestimenta y el peinado" de los militantes comunistas "demuestran a los típicos amorales", "socialmente inadaptados y enfermos" y se asegura que buscan "sojuzgar a la Argentina como primer país rojo de Sud América".

Entre las instituciones investigadas con más ahínco se encuentran los sindicatos y las universidades. De los gremios hay información sobre elecciones internas, paros, asambleas y sobre dirigentes gremiales que aparecen divididos en rótulos como "burócratas" o "combativos".

En cuanto a las casas de altos estudios, pueden encontrarse minuciosos informes sobre las universidades de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y del Sur (Bahía Blanca). En este ámbito se apuntó a autoridades, docentes, agrupaciones estudiantiles, elecciones internas, planes de estudios y hasta bibliografía teñida de "prédica ideologizada".

La cultura en la mira

Con la carátula "Antecedentes ideológicos de artistas nacionales y extranjeros que desarrollan actividades en la República Argentina", puede encontrarse un voluminoso expediente (Legajo 17.470) que reúne "prontuarios" de artistas, autores, obras de teatro, títulos de libros y hasta canciones censuradas entre 1957 y 1975.

En sus 369 folios figuran artistas que protagonizaron películas nacionales como "La Patagonia rebelde" ("subversiva") y "La Tregua" ("disolvente"), entre ellos Luis Brandoni, Pepe Soriano, Héctor Alterio, Federico Luppi, Ana María Picchio, China Zorrilla, Graciela Borges, Lautaro Murúa, Cipe Lincovsky y Sergio Renán.

Otra lista incluye a Alicia Bruzzo, Hamlet Lima Quintana, Roque Narvaja, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, Aída Bortnik, Griselda Gambaro, Norma Aleandro, Leonardo Favio, Antonio Grimau, Andrés Percivale, Emilio Alfaro y el periodista y escritor asesinado en 1977, Rodolfo Walsh, entre muchos otros.

Estos nombres mencionados fueron mostrados por la Comisión Provincial de la Memoria al inaugurarse la muestra inaugurada el jueves último. No obstante, se explicó que la difusión pública de ciertos contenidos estará acotada a ciertas pautas fijadas por un reglamento para evitar lesionar a los nombrados con información que pueda ser tendenciosa o sencillamente falsa.

También hay un listado de artistas "sin antecedentes ideológicos desfavorables" y otro con aquellos artistas que poseían "antecedentes ideológicos favorables", que no puede difundirse.

El dramaturgo Roberto Cossa es uno de los 250.000 fichados por la Dippba. Sin poder salir de su asombro, luego de leer parte de su ficha personal, Cossa deslizó la siguiente reflexión: "Aún sigo sin entender por qué los fascistas consideran a la cultura como algo tan peligroso mientras que los gobiernos democráticos no le dan importancia".

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