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Vuelven a discutir los contratos ferroviarios

Se firmó un acuerdo con los concesionarios para suspender 120 días su aplicación; se revisarán inversiones y tarifas.
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16 de febrero de 2000  

El Gobierno logró ayer ganar tiempo en la negociación que mantiene con las empresas concesionarias de los servicios de trenes suburbanos y cerrar toda posibilidad de que las tarifas de ese servicio sean incrementadas al menos hasta el 15 de junio próximo.

Lo hizo al suscribir un convenio con las tres empresas operadoras del sector (Trenes de Buenos Aires -TBA-, Metropolitano y Ferrovías) por el cual obtuvo un plazo de 120 días "para revisar los contratos firmados y los planes de inversión".

La prórroga se realizará en procura de lograr un nuevo acuerdo "que contemple los intereses de los usuarios, las instituciones y autoridades de las comunas por donde pasa el servicio", según afirmó en una conferencia de prensa el ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo.

La renegociación de los contratos ferroviarios que impulsó la gestión del ex presidente Carlos Menem fue duramente resistida por asociaciones de consumidores y partidos en ese momento en la oposición (entre ellos la Alianza) porque entendían que los cambios en los documentos otorgaban amplias ventajas a las empresas.

En líneas generales, las addendas (modificaciones a los contratos originales) aprobadas, que ayer fueron suspendidas, establecen un aumento tarifario promedio del 80%, que se aplicaría de manera escalonada durante cinco años.

Además, otorgan una extensión de 20 años a los contratos a cambio de inversiones en obras que alcanzarían los 4000 millones de pesos entre los tres operadores.

La única empresa que logró salir airosa del proceso de renegociación fue Metrovías, del grupo Roggio, que logró estirar sus contratos para seguir explotando las cinco líneas de subte y el ramal Urquiza del ferrocarril sin que esos contratos hayan sido cuestionados por el gobierno de la Alianza.

Abrir el paraguas

El acuerdo abre un nuevo tiempo de negociación entre las partes, le permite al Gobierno diluir la posibilidad de un ajuste inmediato en las tarifas, tal como habilitan los contratos que se renegociaron durante la gestión del ex presidente Carlos Menem.

Precisamente, esta última posibilidad preocupaba seriamente al Gobierno, temeroso de que el fuerte incremento pactado en las tarifas cayera sobre los bolsillos de los usuarios al mismo tiempo que sus ingresos son golpeados por el ajuste que implica la última reforma tributaria que impulsó la administración de Fernando de la Rúa.

Los empresarios parecieron entender esta necesidad, por lo que no se resistieron al entendimiento en señal de la voluntad "que tenemos de colaborar, respetando los tiempos que necesite la nueva administración para examinar lo actuado hasta ahora", dijo a La Nación Claudio Cirigliano, titular de TBA, la empresa que opera las líneas Mitre y Sarmiento.

Un argumento similar esgrimió Carlos González, presidente de Metropolitano, la compañía que corre las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. "No tenemos problemas en dar tiempo para que esto se haga bien. Por el contrario, nuestro mayor interés es que las nuevas autoridades conozcan a fondo cuál es nuestra propuesta para mejorar el servicio y financiarlo", explicó.

Audiencias públicas

El ministro de Infraestructura se comprometió por su parte a dar participación en el proceso a los usuarios, a quienes, dijo, se los consultará a través de la realización de audiencias públicas. El 25 de enero último, Gallo firmó un acuerdo con Transparencia Internacional, con el objetivo de poner en práctica un programa "transparente" de contrataciones.

Fue entonces cuando el funcionario calificó como "truchas" las audiencias que por las renegociaciones ferroviarias había promovido el año último el ex secretario de Transporte Armando Canosa.

El acuerdo con los tres prestadores no terminó de convencer a la Unión de Usuarios y Consumidores, que durante más de un año logró frenar en la Justicia el contrato de TBA.

Según dijo Horacio Bersten, la firma del convenio "abre la posibilidad de continuar con la renegociación, cuando en realidad lo que se debería hacer es dejar que las empresas cumplan con los contratos originales (vencen en el año 2004) para llamar a una nueva licitación".

Para Bersten, eso sería una actitud "mucho más limpia, más transparente. Recién vamos para el sexto año de concesión, no hay apuro para renegociar".

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