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Transparencia en la Corte Suprema

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14 de diciembre de 2003  

La intención del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petracchi, de hacer más transparente el funcionamiento del cuerpo cuya presidencia asumirá en pocos días más, es altamente encomiable y debería ser respaldada por todos sus colegas. Pero también es imprescindible que los diputados y senadores tomen plena conciencia de que deben acompañar este proceso con algunas demoradas reformas legislativas. Hay en el máximo cuerpo judicial varias iniciativas en ese sentido, que merecen ser atendidas.

Fueron Petracchi y Augusto Belluscio quienes, a fines de la década de los ochenta, propusieron que los abogados de una de las partes no pudieran entrevistarse con los jueces sino en presencia de los letrados de la parte contraria. Sin embargo, tal práctica, que parece esencial para la imparcialidad del juez, cayó en el olvido durante la última década.

Más recientemente, el doctor Petracchi impulsó una acordada para hacer pública la circulación de los expedientes por los distintos despachos de los magistrados. No se trata de conocer, en forma anticipada, el voto de cada uno de los ministros antes de que se dicte el fallo, pero sí de que pueda apreciarse cuáles expedientes están demorados en cada oficina.

Asimismo, merece ser rescatado el proyecto del ministro Antonio Boggiano, que reclama que la Corte establezca, con cierta anticipación, la agenda de los principales temas que debatirá en los acuerdos. Cabe señalar que también es práctica habitual de muchos tribunales constitucionales, como la Suprema Corte de los Estados Unidos, establecer el mecanismo de las audiencias públicas para que los jueces escuchen las argumentaciones de las partes litigantes antes de adoptar alguna decisión. Quizás aún estemos lejos de ese momento, pero ya se deberían dar algunos pasos en esa dirección, por lo menos para los casos más trascendentes. La transparencia parece una condición consustancial con el funcionamiento de los tribunales de justicia, y mucho más todavía lo es cuando se trata del máximo tribunal de la República.

Por otra parte, desde hace casi cuarenta años viene aumentando en forma incesante el número de causas que llegan a estudio de la Corte, principalmente por la vía de la arbitrariedad de sentencias, cuestiones que no son propias de la competencia del tribunal supremo. Para solucionar este aspecto, hay quienes fundadamente proponen acotar esta vía estableciendo un tribunal intermedio. Otros, en tanto, también con sólidos argumentos, consideran que la verdadera solución reside en que la Corte continúe entendiendo en las arbitrariedades, pero simultáneamente atacando sus causas, ocupándose de mejorar el sistema judicial, sancionando a los tribunales y estableciendo correcciones, camino más arduo pero que tendrá mejores frutos.

Cualquiera que fuere la solución por la que se opte, el menor volumen de trabajo permitirá mejorar el control sobre la labor de los jueces de la Corte y la ciudadanía podrá exigir que se eleven los estándares de calidad, hoy resentidos por el peso de las cuantiosas tareas que el tribunal enfrenta.

Lamentablemente, la opacidad de la Corte, sus meandros procesales, la sobrecarga de trabajo, la fundada sospecha de que se instaló un camino habilitado para muy pocos profesionales y litigantes y el difícil acceso de las partes a los magistrados han transformado el funcionamiento del cuerpo en una verdadera carrera de obstáculos. La suma de todos esos factores socava la confianza pública en la justicia de las soluciones a las que arriba la Corte.

Hay, en ese sentido, mucho camino para recorrer. Por eso, la decisión del doctor Petracchi de poner como eje de su primer tramo de gestión mayores dosis de transparencia debe ser fuertemente apoyada. Es imprescindible que la ciudadanía vuelva a creer en la justicia y eficacia de la actuación del supremo tribunal, al que le cabe decir la última palabra a la hora de establecer el equilibrio de los poderes.

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